Los riesgos del 'islam de polígono'

Levantar un centro de culto en un lugar alejado del núcleo urbano puede dar alas a los fanáticos. "Una comunidad a veces puede aceptar un principio de autoexclusión para pasar desapercibida. Pero también puede aceptar con la voluntad de esconderse o de no llamar la atención", advierte el sociólogo experto en mundo islámico Jordi Moreras, que apunta que los polígonos industriales pueden dar cobijo a los radicales. "Las comunidades de inspiración salafí

[vertiente que defiende la pureza del islam] plantean abiertamente irse a los polígonos porque quieren discreción", indica.

Un informe judicial hecho público el lunes avisa del peligro de "segregación" que comporta colocar una mezquita en el extrarradio, en referencia a la intención de levantar una en una zona industrial de Lleida.

En Cataluña, entre 15 y 20 centros de culto de los cerca de 200 existentes están en polígonos, según Moreras.Una investigación de los Mossos d'Esquadra alertó en junio de la expansión del salafismo radical a través de pequeñas mezquitas tarraconenses. De esos cinco lugares de culto que cultivan una vertiente religiosa fanática, cuatro se encuentran en polígonos industriales: Tarragona, Reus, Torredembarra y Roda de Barà. Solo la mezquita de Valls está en el centro de la ciudad.

Moreras, sin embargo, asegura que el extrarradio no es malo por definición para levantar una mezquita, depende de la gestión municipal que se haga. El informe judicial sobre la localización del centro de culto de Lleida es taxativo: un polígono "contraviene la legislación urbanística autonómica" y favorece el "distanciamiento" y el "aislamiento".

El presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, el socialista Manuel Bustos, se mostró ayer sorprendido y contrariado por el contenido del informe judicial. "Nos preocupa que desde tantas instancias se nos diga a los alcaldes cómo desarrollar las ciudades", señaló en referencia a la autonomía municipal. "Con el debido respeto a un informe judicial, nos parece que hace afirmaciones cuestionables. Hay muchos centros deportivos y educativos que están fuera de los cascos urbanos. ¿Por qué eso no atenta contra la cohesión social y un oratorio sí?", se preguntó Bustos. "¿Por qué una mezquita en una zona residencial tiene que ser siempre mejor que en un espacio más grande en otro lugar?". Bustos defendió que "los alcaldes son los que más información tienen de las necesidades y los problemas de los ciudadanos".

El presidente del Consejo Islámico Cultural de Cataluña, Mohammed Halhoul, eludió entrar en el fondo del debate. "La comunidad busca un espacio preparado, en el que haya suficiente aforo. Eso es por ahora lo más importante", indicó ayer.

Para Moreras la clave de optar o no por un polígono está en en que la decisión se haya "tomado de común acuerdo con la comunidad religiosa, el ayuntamiento y el ciudadano". "Luego los ayuntamientos tienen que hacer todo lo posible para colocar a esos colectivos en los espacios de la ciudadanía", apunta.

Pero el consenso no suele darse a la primera. De los 60 conflictos documentados hasta 2008 en España por la ubicación de centros de culto, 40 se han dado en Cataluña. "Es una cifra demoledora", indica Moreras, que ultima un estudio, titulado Una mesquita al barri, que analiza los conflictos registrados desde el año 2000.

Como el de Torroella de Montgrí, donde finalmente la comunidad islámica compró un local en un polígono muy cercano al municipio, o el de Móra d'Ebre, donde se planteó la posibilidad de trasladar la mezquita a la zona industrial debido a las quejas de los vecinos (aunque al final no prosperó), o el del Ayuntamiento de Girona, que puso sobre la mesa la opción de aprobar el uso religioso en el polígono de Mas Xirgu ante la queja de los vecinos por la apertura de una nueva mezquita en el centro. Barcelona, en cambio, tiene el suelo de los polígonos blindado para el uso industrial.

"Los polígonos pueden ser la solución al conflicto y suponen un espacio digno, sin impacto visual, que se aleja y no provoca malestar a los vecinos", asegura Moreras. Pero hay casos que se enquistan, como el de Lleida, que lleva siete años sin encontrar una solución satisfactoria para el conflicto de la actual mezquita de la calle del Nord, cerrada dos veces en los últimos dos meses por sobrepasar el aforo permitido.

El Ayuntamiento cedió un solar en 2007 para albergar la mezquita por 7.956 euros al mes durante 50 años. Ahora el perito designado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asegura que esa parcela es "segregadora".