El fiscal acusa a un inspector municipal de extorsionar a 13 locales

"Págueme tanto dinero, que yo me encargo del expediente y de su tramitación". Ése era el sistema que supuestamente seguía una red de ocho personas para obtener beneficio económico a cambio de tramitar expedientes para la legalización de establecimientos comerciales, 13 en total, la mayoría del distrito del Eixample barcelonés. En esta trama, cuyo caso será juzgado a final de este mes, el fiscal inculpa al funcionario municipal Eduard Cabestany; al ex funcionario Julián López Sánchez; a dos ingenieros, uno de ellos Joaquín Quílez, también imputado en otra causa de supuestos sobornos en connivencia con otro funcionario municipal, que investiga el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona; a un abogado, y a tres personas más. Quílez, además, está en libertad provisional por la trama de los macroburdeles Riviera y Saratoga.

El caso en el que están imputadas ocho personas es, en realidad, una acumulación de casos que se produjeron entre los años 2000 y 2004. Y la piedra angular de todos ellos fue el funcionario municipal Eduard Cabestany, inspector técnico de licencias del distrito del Eixample, según la acusación del ministerio público. Dice el fiscal que Cabestany simultaneó su cargo en el Consistorio con el ejercicio de su profesión particular de ingeniero "careciendo de compatibilidad".

Lo que hacía, de acuerdo con la acusación, era tramitar las licencias de legalización de actividades en sus despachos profesionales, uno en el Eixample y otro en Sants. Ambos fueron registrados por los Mossos d'Esquadra, que intervinieron en el caso después de una preliminar investigación interna del Consistorio, que está personado en el procedimiento como acusación particular. En la citada investigación hubo seguimientos e intervenciones telefónicas.

"El acusado [Cabestany] tramitaba de forma externa al Ayuntamiento las licencias que conocía por su responsabilidad en el distrito (...), llegando a reabrir expedientes que habían sido denegados por deficiencias insalvables, aprovechando el periodo de vacaciones o requieriendo los expedientes a compañeros suyos del Ayuntamiento", expone el fiscal en su acusación. Asimismo sostiene que el ex funcionario municipal Julián López se reunía con empresarios que habían tenido alguna dificultad en la concesión de licencias y, a cambio de una comisión, les ponía en contacto con el funcionario Cabestany. A continuación, el fiscal describe hasta 18 operaciones en las que el sistema se repetía. Primero, la red ofrecía la tramitación de las licencias a través de los despachos particulares de Cabestany. Los dos ingenieros encausados -uno de ellos Quílez- realizaban los proyectos de las obras de cada caso y toda la documentación era rellenada por el resto de los acusados que trabajaban para Cabestany.

Así ocurrió en las licencias de tres salas recreativas, ocho hoteles, un restaurante, una sauna, un centro de animales y una charcutería, entre otros. En alguno de ellos, se llegó a reabrir el expediente de la licencia denegada y se coló de nuevo en pleno agosto o en fechas en las que algún otro funcionario, ajeno a la trama, no lo pudiera descubrir. Al menos, así lo explica el fiscal. A cambio de todo ello, los perjudicados pagaban cantidades de dinero que oscilaban entre 600 y 3.000 euros.

El fiscal cree que se han cometido delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, un delito continuado de falsedad documental y tráfico de influencias, para los que pide entre 8 y 21 meses de prisión e inhabilitación.