La "agenda oculta" de Mas en Salud indigna a oposición y sindicatos

La advertencia del informe interno de la Generalitat para plantear el troceo de la sanidad pública catalana y su apertura al sector privado -"planificar la comunicación, adelantarse a los acontecimientos y controlar el mensaje"- saltó ayer por los aires después de que EL PAÍS detallara las intenciones del Gobierno de Artur Mas (CiU). Los sindicatos, la oposición y el grueso del personal sanitario -que ayer seguía con las protestas contra los recortes- reaccionaron con indignación e inquietud ante unos planes hasta ahora desconocidos por la totalidad del sector sanitario.

"Estamos muy enfadados por la deslealtad y el secretismo de la Generalitat. Incluso se nos había negado que existiera este plan", destacó el responsable de UGT, Juan Cobacho, en una rueda de prensa conjunta con los sindicatos del sector. La oposición, por su parte, se lanzó a increpar a Mas sobre el asunto en la sesión de control al Gobierno realizada en el Parlament. "Lea el documento entero y verá que en ningún momento se quiere privatizar el ICS. ¿Se queda tranquilo?", respondió el presidente. La respuesta abrió aún más interrogantes. "Si el presidente estaba al corriente del documento, ¿de qué estamos hablando?", se sorprendió el portavoz de la comisión de salud del PSC, Josep Maria Sabaté, que añadió: "Se ha destapado que el Gobierno tiene una agenda oculta".El resto de los sindicatos mostraron una perplejidad similar. "Formamos parte del Consejo de Administración del ICS y nunca se nos había mencionado esta posibilidad", prosiguió el responsable de política sanitaria de CC OO, Joan Canals. "No exponen ninguna hoja de ruta que nos permita saber qué pretende hacer la Generalitat con la sanidad pública".

El ICS, por su parte, admitió que emplea el documento revelado por este diario para estudiar cómo reorganizar sus centros, pero negó que pretenda privatizar el ICS ni abrirlo a capital privado. Así ocurrirá con la empresa matriz del holding, pero no con las compañías filiales que formarán los ocho hospitales que gestionaba el organismo y los ambulatorios y otros centros públicos. Cada una de estas filiales tendrá libertad para organizarse, competir y establecer acuerdos con el sector privado a la hora de atender a los usuarios de la sanidad pública, detalla el informe.

La primera vía de entrada del capital privado en la sanidad pública sería la constitución de sociedades mixtas a través de "alianzas" y "consorcios" con otras entidades privadas. También mediante la constitución de "empresas mixtas" con proveedores sanitarios. La segunda opción consistiría en segregar servicios hospitalarios. Es decir, que pasasen a estar controlados por profesionales que se constituirían en una especie de clínica privada cuyo cliente sería el Departamento de Salud, pero además podrían ofrecer servicios a terceros. Finalmente, una tercera vía para incorporar la gestión privada sería abrir ambulatorios a empresas mixtas, de las que los profesionales serían accionistas o copropietarios.

Estos planes sorprendieron también al resto de los grupos políticos. Del mismo modo, el PSC, ERC, ICV, el PP, Ciutadans y Solidaritat no tenían conocimiento del informe que analiza cómo estructurar el Instituto Catalán de la Salud. El consejero Boi Ruiz no solo guardó el documento, sino que también negó sus intenciones a la oposición. Antes de conocerse el texto, los partidos habían preguntado insistentemente al consejero si pretendía trocear el ICS. Boi Ruiz lo desmintió en varias ocasiones, explicaron ayer fuentes de diversos partidos. Preguntado en el pasado pleno, rehuyó responder.

En la sesión parlamentaria de ayer le tocó al presidente de la Generalitat, Artur Mas, esquivar las explicaciones sobre el plan de Salud. Albert Rivera, de Ciutadans, y Jordi Miralles, de ICV-EUiA, afearon al presidente que su Gobierno avance hacia la "privatización de la sanidad". Mas lo rechazó, pero también evitó referirse al futuro del ICS.

"La fragmentación del ICS es una barbaridad desde el punto de vista de la eficiencia y la equidad", cargó la ecosocialista Laia Ortiz, que reclamó al PSC y ERC que retiren su apoyo a la ley ómnibus. "Pone las condiciones legales para fragmentar el ICS y poner las bases de la privatización", dijo. ERC vio en el documento tres puntos que generan "alarma y preocupación", en palabras de la exconsejera Carme Capdevila: la flexibilización del personal, la búsqueda de rendimiento económico del ICS y la entrada de capital privado. También Solidaritat se sumó a las críticas. El diputado Uriel Bertran acusó al Gobierno de "utilizar la política económica para intereses privados". El PP evitó pronunciarse, a la espera de leer el documento, que reclamaron, sin éxito, a Ruiz.

Con información de Maiol Roger y Lluís Visa.