Xavier Trias entierra el modelo de guarderías públicas en Barcelona
CiU privatizará la gestión de los centros municipales de nueva creación
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Se acabó el modelo de guarderías públicas impulsado por los gobiernos municipales de izquierdas desde la transición a la década de 1990. El Ejecutivo de Xavier Trias considera que el gasto en plazas públicas es una "bomba de relojería" para las finanzas del Ayuntamiento, en palabras del edil de Educación, Gerard Ardanuy. El nuevo modelo de CiU se basa en la titularidad pública del centro -construcción y precios-, y en la concertación de la gestión con los operadores interesados.
Barcelona terminó la década de 1990 con 2.400 plazas de guarderías públicas. Solo se cubría el 20% de la demanda. Este curso (2011-2012) la ciudad tendrá 92 centros municipales con 6.783 niños de hasta tres años matriculados. En 10 años se ha pasado a atender el 52,7% de la demanda. Los sucesivos gobiernos de izquierdas hicieron bandera de ofrecer plazas públicas de guardería por entender que forman parte de la educación de un niño, aunque esté fuera de la enseñanza obligatoria, y fue en el último gobierno de Jordi Hereu cuando se impulsó un plan de construcción de 50 guarderías que ha supuesto duplicar la oferta de plazas. Hoy entran en funcionamiento 14 en la ciudad -con 1.230 plazas-; otras 8, con 724 plazas, se abrirán el 3 de octubre; 3 más lo harán a lo largo del curso, y otras 3 estarán listas para el curso que viene. Serán las últimas que se ceñirán al actual modelo público. Las futuras serán de modelo concertado, concretó el edil Ardanuy.
El coste de una plaza de guardería municipal para el curso 2011-2012 es de 7.479 euros al año. El Consistorio financia el 51%, el 23% la Generalitat -no se sabe si rebajará o no su aportación- y la parte restante va a cargo de las familias. El precio público que pagan los padres es de 269 euros al mes. Cuando termine este curso, en las guarderías municipales trabajarán 724 profesores.
A juicio del concejal de Educación, Gerard Ardanuy, esas cifras son insostenibles para las arcas municipales en los tiempos que corren. "Una cosa es construir -el Consistorio destinó 81 millones de euros a ello en el mandato anterior-, que es lo más sencillo, y otra mantener el coste. Hay que buscar un sistema más eficaz y eficiente", puntualizó. Ese sistema es concertar la gestión para no asumir los gastos de personal y de funcionamiento. El alcalde, Xavier Trias, ya sostenía en la oposición que había que concertar.
Ardanuy no aclaró ayer ni cuántos centros piensa construir el Consistorio con el sistema de concertación ni las plazas que tendrán. "Un modelo no se cambia en tres meses", señaló, tras lo cual añadió que no habrá modificaciones en las guarderías que ya están en funcionamiento. CiU tampoco está de acuerdo con la distribución de los centros construidos en el último mandato: "Se han creado desequilibrios entre distritos. Se ha favorecido a Sant Martí y otros tienen menos oferta, como Gràcia y el Eixample". A la pregunta de cuál es la distribución que harán, el edil señaló que todavía no lo han planificado. Sí se construirán, aclaró, las tres guarderías que faltan del plan de Hereu.
Tanto el PSC como ICV-EUiA replicaron inmediatamente al fin del modelo que ha seguido Barcelona. Ambas formaciones creen que supone una agresión a las familias porque se vulnerarán la equidad y la cohesión en la atención infantil. Aunque los anteriores gobiernos de izquierdas han concertado bastantes servicios, en el caso de las guarderías han defendido el modelo público para garantizar la oferta en todos los distritos. "A una empresa le puede interesar una guardería en Sarrià o en el Eixample, pero no es lo mismo si se trata en Nou Barris o Sant Andreu", afirma un técnico municipal, que aporta un dato: "En Nou Barris hay 11 guarderías privadas y en Sarrià, 46".
Fue el exalcalde Jordi Hereu el que se declaró contrario al modelo de CiU por "priorizar los criterios económicos en detrimento de los pedagógicos". "Esta miopía la pagaremos cara", añadió. El sindicato UGT se mostró muy crítico frente a lo que considera el desmantelamiento progresivo de un modelo público y el paso "a no se sabe qué". Para la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la nueva política de guarderías va radicalmente en contra del movimiento reivindicativo: "No se debe poner fin con argumentos economicistas a un modelo que funciona. Es una forma de empezar a desmantelar la escuela pública por el eslabón más débil", considera Jordi Bonet, presidente de la FAVB.
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