Trampas con la lengua

CiU y el PP, aliados políticos en diversas instituciones catalanas, están protagonizando una batalla dialéctica sobre la inmersión lingüística cargada de claroscuros a raíz de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) diera dos meses a la Generalitat para convertir al castellano en lengua vehicular.

Pese a la apasionada defensa del bilingüismo en las aulas que ahora hace el Partido Popular, en 2009 no recurrió ante el Tribunal Constitucional los artículos de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) que se referían a al inmersión. De la misma manera, CiU tampoco ha explicado estos días que el mismo TSJC dictó en julio una sentencia que consagra el modelo actual.

Se trata de una sentencia del pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo, compuesta por 24 magistrados, que, según fuentes judiciales, prevalece sobre el auto que apremia a la Generalitat, dictado por la Sección Quinta. El Gobierno de Artur Mas conoce el contenido de esa sentencia, fechada el 18 de julio, porque la cita en el recurso que presenta contra el auto que ha desatado la tormenta política, fechado el 28 de julio, y que ha movilizado a la sociedad catalana, pero no ha hecho referencia a su contenido. CiU tambien lo ha obviado en su discurso político de los últimos días.

Todos alegan sus razones. "No queremos entrar en una batalla jurídica pública contra el TSJC", explican fuentes de Presidencia de la Generalitat, que precisan que prefieren canalizar sus argumentos en el recurso que interpusieron, fechado el día 7. La difusión de esa sentencia seguramente habría contribuido a contener la movilización ciudadana porque, además, la suscriben 17 de los 24 magistrados del Tribunal Superior. El Gobierno catalán no ha querido airear la contradicción que evidencian ambas resoluciones del TSJC, según fuentes políticas. La sentencia del 18 de julio trascendió justamente la víspera de la Diada de l'Onze de Setembre, cuando el ambiente estaba caldeado desde hacía una semana por el auto en sentido contrario del TSJC.

Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PP de Cataluña, ha instado en múltiples ocasiones a la Generalitat a cumplir los fallos y las leyes. Sin embargo, su partido recurrió a finales del 2009 diveros artículos de la LEC. Entre esas impugnaciones no figura el artículo 11, en el que se afirma que "el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo". También se asegura que "los alumnos no pueden ser separados en centros ni en grupos de clase distintos en razón de su lengua habitual".

El recurso del PP está pendiente de sentencia y los populares sostienen que no impugnaron ese apartado porque ya lo hicieron en el recurso contra el Estatuto ante el Constitucional. Eso derivó en la sentencia de 2010, que es la que ha reabierto el debate jurídico sobre el modelo lingüístico. Los jueces del Tribunal Supremo opinan que el fallo sobre el Estatuto dibuja un nuevo escenario, mientras que la mayoría de los magistrados del TSJC creen que nada ha cambiado si se hace una lectura interpretativa de esa sentencia.