Puig descarta el 'desalojo exprés' del edificio ocupado en Nou Barris

El consejero de Interior, Felip Puig, descartó ayer el desalojo exprés del bloque de 12 pisos de la calle de Almagro, en el distrito de Nou Barris de Barcelona. Puig señaló que los Mossos d'Esquadra actuarán bajo el principio de la "prudencia" y esperarán a la decisión judicial, por lo que rechazó proceder a un desalojo similar como el que ordenó en enero pasado para desalojar el Palacio del Cinema de Barcelona. Puig afirmó entonces que había terminado "la impunidad" con la que, según él, se venían produciendo ocupaciones en Barcelona.

Miembros del colectivo del 15-M ocuparon el edificio, que llevaba cinco años vacío, el pasado sábado tras la manifestación de los indignados. Anoche ya eran 10 las familias que se habían instalado en el inmueble, según los organizadores de la ocupación. Esta cifra, sin embargo, no pudo ser comprobada por los periodistas ya que los promotores de la iniciativa mantuvieron ayer las restricciones a los medios de comunicación e impidieron su entrada en el inmueble.

El edificio es propiedad de la entidad bancaria Cajamar, que ha presentado una denuncia en el Juzgado de Sant Feliu de Llobregat por la ocupación. Entre las personas que se han instalado en él está Ramón, que ha pasado por un desahucio. Casado y con cinco hijos, por ahora está "a la espera de acontecimientos" antes de permitir que su mujer y sus cinco hijos le acompañen en la vivienda ocupada.

Además del Movimiento 15-M y de asociaciones en defensa de la vivienda, como la Asociación 500 x 20 y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), algunos vecinos de la zona han ofrecido su ayuda a las familias que ocupan el edificio. "Estoy aquí por solidaridad, para defender el derecho a la vivienda de estas personas", señaló una mujer de la zona, que prefirió no dar su nombre y que colabora con las familias.

El portavoz de la Plataforma 500 x 20, Salvador Torres, criticó las palabras del alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en contra de la ocupación y señaló que "lo que es ilegal es que una familia no pueda acceder a una vivienda digna". También apuntó la intención de las asociaciones vecinales de crear un centro social para ofrecer asesoramiento jurídico a los afectados por desalojos y una cooperativa agroalimentaria.