El Palau pagaba 50.000 euros a la familia Millet para gastos domésticos

La casa era grande y no reparaba en gastos. El Palau de la Música ha estado pagando durante años entre 40.000 y 50.000 euros mensuales para sufragar todo tipo de gastos domésticos del saqueador confeso Fèlix Millet y de las familias de sus dos hijas. Ese es el dato que ayer reveló en el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona la que fue secretaria de Millet durante 35 años, Elisabet Barberà, y que declaró como testigo en la causa que investiga el juez Juli Solaz.

El dinero con el que se efectuaban esos pagos procedía de las cuentas del Palau, que se nutre de subvenciones públicas y de las aportaciones de los socios, aunque Barberà explicó ayer que desconocía ese extremo. Lo que sí declaró sin dudas, según explicaron fuentes judiciales, es que Millet era la persona que introducía el dinero en metálico en la caja fuerte del Palau y que de allí lo extraía ella cada mes para preparar a su jefe los sobres correspondientes con las cantidades que este le había indicado.

Uno de esos pagos mensuales eran 3.000 euros y tenía como beneficiaria a Marta Vallès, esposa de Millet y propietaria de numerosos bienes, que también está imputada en la causa. Laila y Clara, las dos hijas del saqueador, también percibieron esos sobres mensuales, aunque la testigo no precisó la cantidad que tenían asignada. Con esos sobres también se pagó en dinero negro al jardinero, al servicio doméstico de la casa de Millet y de las hijas y las guarderías de los nietos.Barberà explicó también que esos pagos realizados con sobres eran anotados por ella misma en un libro de contabilidad, aunque se ignora su paradero. "Yo no lo he visto", confesó ayer Pau Molins, abogado defensor de Millet. Es el segundo libro que puede ser prueba inculpatoria del que se conoce su existencia, pero que no está a disposición de la justicia. El primero es el libro de actas en el que el Orfeó aprobó en 1990 una cláusula que permitía a Millet cobrar el 10% del presupuesto si la entidad registraba superávit y que permitió que el saqueador y Jordi Montull, su mano derecha, se embolsaran más de un millón de euros como incentivos en 2008. Cuando los estatutos del Orfeó se escrituraron y se llevaron al Departamento de Justicia de la Generalitat se suprimió esa cláusula.

Barberà, que era secretaria de la Fundación y del Consorcio del Palau, cobraba cerca de 6.000 euros mensuales y fue despedida por los nuevos gestores. La justicia declaró improcedente la medida y ordenó su readmisión o que se la indemnizara con más de 109.000 euros, de la que habría que detraer los 56.000 que ya le pagó el Palau al ser despedida. La sentencia está recurrida.

Ayer por la mañana se esperaba que también declarase en el juzgado Salvador Oller, representante de las empresas de propaganda electoral New Letter y Letter Graphic, dos sociedades que trabajaron para CiU y que facturaron casi un millón de euros al Palau entre 2006 y 2009 por buzoneo de actividades. El testigo no acudió porque no fue posible notificarle la citación en el domicilio que facilitó Pedro Luis Rodríguez cuando declaró el pasado 23 de abril en nombre de esas sociedades y declinó cualquier responsabilidad en esos pagos. El juez se enteró ayer de que no se había encontrado al testigo y hasta que no tenga constancia oficial de la citación fallida no decidirá nada, según explicaron fuentes judiciales.

Quien sí acudió fue Manuel Parra, administrador de Hispart, una empresa de montajes audiovisuales que, junto con su matriz, Stereo Rent, también ha trabajado en campañas electorales para CiU. Como si de una calculada estrategia de defensa se tratara, Parra coincidió con la explicación que ofreció al juez hace un mes Pedro Luis Rodríguez y declaró que su empresa no podía aportar los presupuestos realizados para el Palau porque el sistema informático está configurado de tal manera que cuando se aceptan los trabajos solo quedan las facturas.

Las sospechas de los nuevos gestores, que fueron los que descubrieron esos pagos, es que las empresas cobraron por trabajos no realizados y de difícil justificación. Se trata de siete facturas por más de 600.000 euros giradas entre 2005 y 2009 y que, como en el caso de las empresas de propaganda electoral, se pactaron con Jordi Montull.