El PSC minimiza las irregularidades en las subvenciones de Cultura

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) defendió ayer a capa y espada la gestión de la ex consejera de Cultura Caterina Mieras como responsable del Instituto de Industrias Culturales (ICIC). El motivo fue el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el ICIC de 2005, que denuncia varias irregularidades en la concesión de subvenciones. El diputado del PSC Jordi Terrades restó importancia al hecho de que este organismo nunca recuperara parte del dinero entregado en concepto de ayudas retornables. Se trata de ayudas diseñadas para dar respuesta a las necesidades financieras y operaciones de riesgo de las empresas culturales catalanas, excepto del sector audiovisual.

Terrades reconoció "irregularidades", algunas de ellas "administrativas", por parte del ICIC, pero defendió que la parte de la ayuda "no retornada" pueda "reconvertirse" en subvención.

El dirigente socialista señaló que no es una práctica "muy ortodoxa", pero destacó que no supone "perjuicio para la hacienda de la Generalitat" y sostuvo que este tipo de ayudas al sector cultural, pese al riesgo que comportan, son necesarias para "no limitar los procesos creativos".

La fiscalización del informe en cuestión corresponde al año 2005, cuando Xavier Marcé dirigía el ICIC, bajo los auspicios de Mieras. Las irregularidades son importantes, según el organismo fiscalizador catalán, y la sindicatura ya anunció que remitirá el informe al Tribunal de Cuentas para que tome las medidas correspondientes tras haber detectado graves "anomalías contables". El organismo catalán carece de competencias para tal fin.

El portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol, censuró "el escándalo" de estas subvenciones y lo relacionó con la polémica por la masiva contratación de informes y estudios, algunos de dudosa utilidad, con empresas externas de la Generalitat. Pujol recordó que la Sindicatura de Cuentas concluye en su dictamen que puede haber responsabilidades con relación a una muestra de un centenar de expedientes de subvención de los 2.200 otorgados. El dirigente nacionalista advirtió: "El Tribunal de Cuentas sólo fiscaliza responsabilidades contables y nos preguntamos si es suficiente". Quien no se dio por satisfecho fue el diputado de Ciutadans José Domingo, que aseguró que llevará el caso a la fiscalía.