Opulencia política, austeridad social

Las tijeras de la Generalitat penetran profundamente y con dolor en la sanidad, la enseñanza, los servicios sociales y siembran el pánico entre los empleados públicos. Exigencias del guion, arguyen quienes las propician. A partir de septiembre, tal como ayer avanzó este diario, 1.475 trabajadores contratados -de un total de 16.000- por las empresas de la Generalitat perderán su empleo. Y el resto a trabajar más, porque se trata de una amputación justa, insisten sus valedores, para que la gangrena no se extienda por todo el cuerpo, haya más despidos y el ejercicio de 2011 no pueda cerrarse con el déficit previsto del 2,66%.

Son muchos los políticos que reclaman compresión y adhesión a la ciudadanía para que se resigne al castigo que va a recibir. Con su discurso generan tal sentimiento de culpa que quien disfruta de un puesto de trabajo pasa a ser considerado un privilegiado. En este gran país de tradición católica toca apuntarse ahora al calvinismo extremista, reclama el Gobierno del dolor.

Algunos políticos se empecinan en dar recetas de austeridad sin autoaplicarse las más mínimas medidas de decoro

Claro que para este ejercicio que entraña la pérdida de derechos sociales, incluido el mismísimo puesto de trabajo, los políticos deberían ser los primeros en predicar con el ejemplo. Y las cosas no van por ahí. Algunos se empecinan en dar recetas sin aplicarse a sí mismos las más mínimas medidas de decoro.

Resulta increíble que quienes proponen recurrir al despido y la flexibilización del mercado laboral se tengan en tan alto concepto, que se permiten teorizar sobre las virtudes de la austeridad mientras disfrutan de un saneado salario. Socializan la culpabilidad por la crisis mientras que privatizan los beneficios salariales. Y eso no solo lo hacen algunos políticos. Ahí tenemos los 10 millones de euros de nómina anual que se han fijado los tres directivos de Bankia, entidad que ha recurrido al FROB público.

Pero sin desviar el debate al sector privado, el último ejemplo de ese doble rasero que aplican algunos políticos lo ha dado la Agencia Catalana de Cooperación. El horizonte de alcanzar el 0,7% queda muy lejos porque se ha recortado en un 55% la ayuda exterior, lo que ha originado la ruptura de relaciones con las ONG catalanas. La crisis obliga, dicen, a que primero se atienda a los de casa, un eslogan que hizo fortuna con la xenófoba Plataforma per Catalunya.

Pues bien, la Agencia de Cooperación proyecta una reestructuración que supondrá el despido de entre 30 y 60 trabajadores. Su cúpula, encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores de Convergència, Carles Llorens, y otros dos directivos, se negó el pasado viernes a revelar en sede parlamentaria si se habían subido o no sueldo. "No sé qué cobro", se excusó Llorens. El director de la agencia sí recordaba, en cambio, que los sueldos de la cúpula se han reducido en un 24% y con certera precisión dijo que su cargo, en la anterior legislatura, estaba dividido en dos y con la unificación se ha ahorrado un sueldo, cuyo montante, despuyés de este despliegue de información continuaba ignorando.

Malos ejemplos no los hay solo en CiU. Josep Monràs, alcalde socialista de Mollet de Vallès, pretendía subirse el sueldo en el 32%, aumento que tras ser explicado por este diario quedó reducido al 10%.

El presidente de la Diputación de Barcelona, el convergente Salvador Esteve, aseguró el viernes tras tomar posesión del cargo, que todavía no sabe cuánto cobrará. Los socialistas Celestino Corbacho y luego Antoni Fogué cuando precedieron a Esteve en el cargo tenían asignado un sueldo de 128.000 euros anuales, una cantidad ligeramente superior a la que percibe el presidente del Gobierno central.

Esteve, quizá pensando más en sus antecesores socialistas que en la situación de crisis, agregó: "Nunca se ha hablado mal de los sueldos de la Diputación". Es cierto que el ente provincial siempre ha sido un más que notable oasis, en el que los partidos mantienen una franca camaradería que les permite dotar de salario público a algunos asesores o liberados.

Afortunadamente otros predican con el ejemplo. El alcalde convergente de L'Ametlla de Mar, Andreu Martí, y el de la Candidatura d'Unitat Popular de Navàs, Jaume Casals, han recortado sensiblemente su salario (el 42% y el 30%, respectivamente).

Hay, pues, algunas razones para felicitarse, muchas para indignarse y bastantes para no juzgar a todos los políticos de igual manera. Eso sí, algunos deberían evitar las declaraciones prepotentes y los gestos escasamente edificantes. La ciudadanía sabe y comprueba cada día en carne propia sobre quién recae la crisis. Se trata de que los exégetas de la doctrina de la austeridad cubran al menos las apariencias y no desprecien con sus actitudes a una sociedad a la que se deben en virtud de la democracia.