El Gobierno de CiU desactiva la 'guerra' del cine con las 'majors'

El Gobierno catalán ya no está en guerra con Hollywood, ni la industria norteamericana del cine con Cataluña. Prueba de ello es que el próximo día 15 de julio el mago Harry Potter hablará catalán. Los nuevos inquilinos de la Generalitat han conseguido desbloquear el conflicto que había generado la Ley del Cine de Cataluña y que estaba enquistado desde el enfrentamiento del tripartito con las grandes distribuidoras.

Sobre el papel, todo sigue igual, a la espera del desarrollo de la ley impulsada por el entonces consejero de Esquerra Republicana, Joan Manuel Tresserras y aprobada por el Parlament, que exige que las películas dobladas o subtituladas que se estrenen en Cataluña tengan la mitad de las copias en catalán, con algunas excepciones. La industria norteamericana -la más afectada por la medida- amenazó con estrenar sus filmes más populares en inglés. Como anticipo, boicoteó el Festival de Sitges del año pasado.

El departamento que ahora lidera Ferran Mascarell, trabajando con diplomacia y eliminado suspicacias, ha conseguido desbloquear la situación. Las dos partes están dispuestas a hablar de nuevo. El objetivo ya no se centraría tanto en fijar un número de copias determinado, sino en conseguir que crezca el número de espectadores que prefieren ver películas en catalán. La ley prevé un plazo de siete años para conseguir que la presencia del catalán en las salas se normalice. En la actualidad su presencia es casi testimonial. La visualización de este cambio de actitud en ambas partes no podía ser más efectista: el próximo día 15 se estrenará la última película de Harry Potter con 17 copias en catalán, cinco de ellas digitales.

Tras la aprobación de la Ley del Cine catalán, en junio de 2010, por 117 votos a favor (PSC, ERC, ICV, es decir, el tripartito, más CiU) y 17 en contra (PP y Ciutadans, que posteriormente la recurrieron en el Tribunal Constitucional por considerar que vulneraba la libertad lingüística y empresarial), las majors no dejaron duda sobre su oposición a una legislación que obligaba a las películas dobladas o subtituladas que se estrenaran en Cataluña a tener la mitad de las copias en catalán, excepción hecha de los filmes comunitarios, que solo deberían cumplir esa exigencia a partir de las 16 copias. En caso contrario se establecían multas cuantiosas.

Las majors aseguraron entonces que si las cosas no cambiaban, con el desarrollo de un reglamento que se preveía aprobar en marzo de este año, se estrenarían sus taquillazos directamente en inglés, sin doblajes ni subtítulos."La Ley del Cine supuso la ruptura de las reglas de juego que imperaban hasta entonces y por las que se doblaban al catalán dos o tres películas al año", asegura Luis Hernández de Carlos, presidente de Fedicine, la entidad que agrupa a todas las majors.

"El problema se ha focalizado con las grandes distribuidoras, pero también ha afectado a los exhibidores de cine, a los dobladores, a los espectadores e, incluso, a los políticos que legislaron porque el tema les ha acabado frustrando. La situación era demencial y no tenía sentido alguno", explica Hernández, que defendió hace un año las posturas más críticas a la ley y se convirtió en la cara visible de las protestas de gran parte del sector del cine.

"Con el actual Gobierno la situación ha cambiado, ha habido una aproximación con el compromiso de analizar los pros y los contras y buscar una conexión en el que no acabe habiendo ganadores o perdedores", explicó ayer Hernández.

"Tengo la sensación", prosiguió, "de que ya no vemos las cosas desde orillas opuestas y de que hay una voluntad de trazar puentes. El cambio es cualitativo. Hace unas tres o cuatro semanas la respuesta a cómo veía la situación habría sido que nada había cambiado, pero tras un primer encuentro con el consejero Mascarell, a finales del mes pasado, puedo decir que hay posibilidades de llegar a una solución, aunque no será fácil", remacho.

El desbloqueo de la situación también afecta al festival de cine de Sitges, que se celebrará entre el 6 y el 16 de octubre. Según Hernández de Carlos, "la situación se ha normalizado con respeto a la presencia de películas distribuidas por las majors". La edición del año pasado se recordará -además de acabar con la imputación que llevó a juicio al director Ángel Sala por programar A Serbian film, acusada de pornografía infantil-, por el boicoteo de las distribuidoras americanas a la ley en el que redujeron su presencia al mínimo. Una de las excepciones fue Los Ojos de Julia, que lo inauguró, y que distribuyó Universal.

Precisamente, el consejero Ferran Mascarell, durante su comparecencia ante la Comisión de Política Cultural del Parlament, el pasado día 30 de junio, en la que presentó los presupuestos de su departamento para 2001, aseguró: "estaba cercana una solución positiva del conflicto creado por la ley". Estas palabras ahora toman sentido tras conocerse el desbloqueo entre el Gobierno catalán y las distribuidoras norteamericanas.