La Generalitat no consigue localizar a 2.356 perceptores de la renta mínima

La Generalitat no encuentra a 2.356 personas que cobran la renta mínima de inserción (RMI). Desde el mes de agosto, el Departamento de Empresa y Ocupación (que gestiona la ayuda) ha intentado localizar a los perceptores por diferentes vías (teléfono, carta e incluso presentándose en el domicilio). Todos, intentos fallidos. Como última medida, la Generalitat publicó ayer un edicto en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) con los nombres de los 2.356 titulares. Si en 10 días no dan señales de vida, perderán esta ayuda de 423 euros que cobran las personas en riesgo de exclusión social.

El departamento que dirige Francesc Xavier Mena decidió iniciar en agosto una revisión a gran escala de los casi 32.000 expedientes de la RMI. Y lo hizo provocando una crisis social al cambiar la forma de pago de esta ayuda, que siempre se cobra vía transferencia. En agosto, la Generalitat decidió hacerlo, sin aviso, mediante el envio de cheques al domicilio de los beneficiarios. El caos fue tal que se crearon colas interminables durante días ante las dependencias de los servicios sociales. Los perceptores reclamaban información y soluciones, ya que su subsistencia diaria depende de la ayuda. Al final, más de 6.000 personas se quedaron sin cobrar.

Empresa sigue sin facilitar datos sobre el fraude detectado hasta ahora

También se envió a los beneficiarios una carta en la que se les instaba a pedir fecha y hora para una entrevista presencial. Muchos contestaron, aunque sorteando como podían el inconveniente de que el teléfono de citas se colapsó durante días. Pero no todos respondieron a la llamada. Hasta ahora, no lo han hecho 2.356, cerca del 7% de los beneficiarios.

Después de varios intentos de contactar con estos titulares, desde el Departamento de Empresa aseguraron ayer que el edicto publicado en el DOGC supone el último trámite antes de quitarles la ayuda. El anuncio viene a ser un ultimátum a los beneficiarios ausentes y se les da un plazo de 10 días para ponerse en contacto con la Administración y regularizar su situación. En caso contrario, se incumplirá uno de los requisitos para seguir percibiendo la ayuda (comunicar cualquier cambio en la situación personal), hecho que puede comportar la pérdida de la prestación, que puede oscilar entre los 423,70 euros y los 641,40 euros.

A finales de agosto, la Generalitat aprobó un nuevo decreto que endurecía los requisitos para acceder a esta ayuda. La modificación fue rechazada por partidos y entidades sociales y sindicales. De hecho, hace dos semanas CC OO y UGT presentaron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra esta modificación pidiendo la anulación de varios de los nuevos requisitos.

Paralelamente, el Departamento de Empresa inició la revisión de todos los expedientes. Se contrató los servicios de la empresa temporal Randstad para entrevistar hasta 20.000 beneficiarios durante el mes de agosto y septiembre, y el resto, antes de final de año. Esta colosal revisión, de carácter extraordinario (los Ayuntamientos ya realizan inspecciones de forma habitual) debe servir a la Generalitat para detectar el índice de fraude y así reducir el número de beneficiarios, ante la avalancha de nuevas solicitudes que le pueden llover. Y es que, según Mena, el 69% de los parados dejarán de cobrar la ayuda por desempleo entre octubre y marzo. La Generalitat insiste en no facilitar los datos sobre los casos de fraude detectados hasta el momento.