Frente común de los ayuntamientos y la Generalitat por la financiación en la Diada

La víspera de una Diada marcada por los avatares de la financiación fue el día elegido por alcaldes y concejales de los municipios catalanes, de todos los colores políticos, para cerrar filas en torno al Gobierno catalán por convencimiento y porque, además, las cuentas municipales dependen en buena medida de la unidad de acción.

Fue en un acto en el auditorio del Palau de la Generalitat abarrotado.

El Gobierno -con el presidente, José Montilla; el consejero de la vicepresidencia, Josep Lluís Carod-Rovira (ERC), y el de Interior, Joan Saura (ICV)- alcaldes y las dos grandes entidades municipalistas- la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios- y algún diputado, como Oriol Pujol Ferrusola, quisieron escenificar así la unidad en un momento difícil por la coyuntura económica, por los desencuentros entre las posiciones del Gobierno central y autonómico sobre el nuevo modelo de financiación que supone la aplicación del Estatuto y cuando sobre la mesa está, además, la negociación de la Federación Española de Municipios con el Gobierno español para mejorar la financiación de los ayuntamientos. Esa unidad se expresó en una declaración que planteaba ese apoyo y, por otra parte, exigía varias cosas al Gobierno central. Una, que no ahogue más las debilitadas arcas municipales impidiendo mediante la aplicación de la Ley General Presupuestaria que los ayuntamientos se endeuden para poder afrontar los servicios que demanda la población. Dos, que el Gobierno del Estado cree un fondo específico que permita retornar el IVA que pagan las obras que realizan los consistorios. "Los Ayuntamientos pagaron 340 millones en concepto de IVA por inversiones realizadas en 2007 y con esa cifra se hubiesen podido crear, por ejemplo, 17.000 plazas de guardería", fue el ejemplo que puso Manel Bustos, alcalde de Sabadell y presidente de la Federación de Municipios, que aglutina a los ayuntamientos gobernados principalmente por socialistas e ICV. La tercera exigencia del poder local al Gobierno central es que no ejecute la anunciada congelación de la aportación para los ayuntamientos en 2009 "precisamente en un momento en el que habrá que aumentar el gasto social" por los efectos de la crisis.

"Recuerdo mi etapa [como alcalde] y me siento reconocido", dijo ayer el presidente José Montilla tras escuchar la declaración de unidad y las intervenciones de los distintos alcaldes.

No obstante, Montilla advirtió de que el contexto actual "es difícil y no todo lo que queríamos será posible. Habrá urgencias y necesidades no previstas que atender y será necesario rigor y austeridad. Por eso es tan importante la unidad".

Todos los alcaldes que intervinieron coincidieron en que los ayuntamientos son, en definitiva, los que tienen que atender las necesidades de la población -con independencia de si tienen la competencia o no, como pasa con la educación y con la ayuda social y la vivienda- y los que menos porción tienen del pastel del gasto público. "Seguimos con una participación que no supera el 13% y, en cambio, cada vez atendemos más necesidades. Los Ayuntamientos nos hemos hecho mayores y, en cambio, no nos tratan como tales", resumió el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu. "Las demandas del Gobierno catalán en cuanto a la financiación son las nuestras", insistió.

Un argumento parecido al que fue expuesto por Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat (CiU): "La financiación del Gobierno autonómico y el local están vinculadas, por eso ahora lo importante es resolver bien la financiación catalana".

En algunas de las intervenciones se demandó que ese actual 13% en la participación del gasto público crezca al 25% o al 30%, una reivindicación histórica de los ayuntamientos que ven como la Administración más cercana al ciudadano es la que tiene menos recursos.