Decepción y duros reproches de las entidades sociales

La tupida red de entidades sociales que trabajan en Cataluña en colaboración con los servicios sociales de Ayuntamientos y la Generalitat ha sido la encargada este agosto de acudir en rescate de los damnificados por la renta mínima. El tercer sector también ha sido uno de los frentes más críticos contra el Gobierno catalán por su revisión de la renta mínima. Por ello, la comparecencia de los consejeros de Ocupación y Empresa, Francesc Xavier Mena, y de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries, fue seguida con interés por el colectivo, que tampoco ahorró ayer críticas contra ambos consejeros.

La presidenta del Colegio Oficial de Trabajadores y Asistentes Sociales, Núria Carreras, declaró sentirse "decepcionada" y "preocupada" ante la comparecencia de los consejeros. Esperaba cifras que demostraran la existencia del fraude que defiende la Generalitat. "No han argumentado el criterio de las irregularidades", criticó.

Núria Carrera: "Han criminalizado a profesionales beneficiarios"

UGT califica la actuación de Mena de "injustificable y de frivolidad"

Esta opinión es compartida por Teresa Crespo, la presidenta del Consejo Asesor de Políticas Sociales y Familiares de la Generalitat. "Mena dijo que la reforma de la RMI se ha de hacer entre todos. Pero no está siendo así", manifestó Crespo. "Sentimos que no existimos", advirtió Carrera en referencia a los trabajadores sociales, clave en el proceso de la RMI. Afirmó, además, que Mena y Cleries "criminalizaron constantemente a los profesionales" del tercer sector y a los usuarios.

Toni Comín, expresidente de la comisión interdepartamental que gestiona la renta mínima, aseguró ayer que esperaba "más autocrítica, ya que se han cometido errores, algunos graves, que hay que rectificar". Estos errores afectan "tanto a la modificación de la ley como al control del fraude".

Los sindicatos también alzaron la voz ante el discurso de Mena y Cleries. UGT acusó a la Generalitat de no asumir los errores de la gestión de la RMI. Consideró "totalmente injustificable y una frivolidad" que el Gobierno haya utilizado la "excusa" de la lucha contra el fraude para introducir modificaciones en la ayuda. También sancionó la "absoluta falta de autocrítica" de los consejeros y culpó a la Generalitat de "empujar" a los ciudadanos "aún más" hacia la pobreza, así como de incrementar las desigualdades sociales.

CC OO, por su parte, tildó la comparecencia de "decepcionante". A su vez, lamentó que ni Mena ni Cleries pidieran perdón por los problemas ocasionados a las 35.000 familias que reciben la ayuda.

El presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, el socialista Manuel Bustos, reprochó los cambios de gestión "repentinos", que han causado "incertidumbre" en un sector de la población "especialmente frágil". "Las medidas de la Generalitat para regularizar los datos han generado más problemas que soluciones", apuntilló, a la vez que recordó que los afectados "tendrían que encontrar la compresión y la sensibilidad del Gobierno".

La federación de Entidades Catalanas de Acción Social expuso que la comparencia no supone "ningún avance constructivo" a la mejora del programa de la RMI y acusó al Gobierno de "eludir su responsabilidad de garantizar una vida digna a la población".

Las medidas en cuestión de políticas sociales que está realizando el Gobierno de Artur Mas continúan sacando a ciudadanos a la calle. Ayer, más de un centenar de manifestantes mostraron su rechazo contra la modificación de la Renta Mínima de Inserción en las puertas del Parlamento y pidieron la dimisión de Mena.