Cataluña reducirá las restricciones a las grandes superficies comerciales

Cataluña aflojará el puño en sus restricciones a la apertura de grandes superficies comerciales para adaptarse a la directiva europea de servicios, la versión descafeinada de la llamada directiva Bolkestein, que pone en entredicho el actual modelo comercial catalán y pide que el mercado autorregule la oferta y la demanda.

La Generalitat prepara un nuevo modelo que entierre el sistema de cupo, por el cual limita la oferta comercial de gran formato que puede haber en un territorio, como forma de garantizar el equilibrio entre el pequeño comercio urbano y la gran superficie. Hasta ahora, el Ejecutivo catalán decidía si otorgaba o no una licencia sobre un plan territorial, que marcaba el límite hasta el que podía crecer la oferta en función de las previsiones demográficas. El último, vigente para el periodo 2006-2009, por ejemplo, fijó el contingente en 400.000 metros cuadrados.

Y Bruselas ha dicho que no, que la Generalitat no puede fijar la oferta, sino el libre mercado. Cataluña tiene de plazo hasta diciembre de 2009 para adaptarse a la norma europea, pero la Comisión Europea ya ha avanzado que llevará la ley española y catalana de comercio al Tribunal de Justicia europeo porque las considera restrictivas y no respetan el artículo 43 del tratado europeo sobre la libertad de establecimiento, cuyo desarrollo ha dado lugar a la directiva.

Aun así, la Generalitat tratará de preservar su modelo comercial utilizando nuevos criterios de interés social que sí están previstos por la directiva europea. Es decir, intentará regular la apertura de centros mediante condiciones medioambientales, de movilidad y de planificación urbanística, un último requisito que dará más poder a los ayuntamientos.

El modelo catalán, fraguado en la era pujolista y consolidado en las dos últimas legislaturas del tripartito, ha enfrentado históricamente al Ejecutivo autónomo con la patronal de los grandes, la Anged, que lo tacha de proteccionista.

"No podemos ir contra la directiva, pero tenemos que ver cómo preservaremos nuestro modelo de equilibrio", explica la directora general de Comercio de la Generalitat, Gemma Puig. A su juicio, es prematuro enjuiciar cómo afectará en la práctica el cambio de funcionamiento al espíritu del modelo catalán, que siempre ha defendido la superviviencia del pequeño comercio para preservar un modelo de ciudad mediterráneo.

Sin embargo, fuentes del sector de la distribución sí anticipan un vuelco del modelo.

La última Ley de Equipamientos Comerciales, de finales de 2005, estableció que las grandes superficies comerciales sólo podían implantarse en las tramas urbanas consolidadas y mantuvo los planes territoriales de equipamientos comerciales, los PTSEC, que a partir de ahora desparecerán como tales.

Bruselas también puede poner en aprietos la continuidad del impuesto especial para grandes superficies, que la Anged ha recurrido y la mayor parte de las empresas afectadas se niegan a pagar.

La Generalitat quiere mantenerlo "en la medida de lo posible", según Puig. "Los juristas aún deben decidir si este impuesto se ve afectado; se podría replantear, por ejemplo, como una tasa general para todos los formatos, pero en función del número de metros cuadrados", añade.