Cataluña se aprieta el cinturón

"Todo ayuda a reducir el déficit", afirmó ayer el consejero de Economía, Antoni Castells. Sobre todo cuando el déficit se eleva a 6.370 millones de euros, el 3,25% de la economía, muy por encima de lo permitido. Ayer, esta cifra bajó de golpe a 4.700 millones, y la previsión de déficit de este año, al 2,4%. La frase de Castells ilustra que el plan de austeridad aprobado ayer por la Generalitat -que completa el decreto del sábado- busca tela donde cortar aunque el pellizco en dinero no es grande.

El plan incluye pellizcos poco espectaculares (43,8 millones), pero de calado, con medidas hasta ahora no anunciadas como que se prescindirá de 10 altos cargos, o que solo se repondrá una de cada 10 vacantes de funcionarios jubilados, a menos que se trate de maestros, personal sanitario o de emergencias o de los servicios de empleo. En ese caso, se cubrirán las mitad de las bajas o jubilaciones.

La inversión en la L9 del Metro este año pasará de 780 a 530 millones

Castells sostiene que la prioridad es sanear las cuentas públicas

Pero el pellizco con mayor repercusión, ni que sea por el pulso político en el seno del tripartito, es la subida del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Cataluña se convierte en la primera comunidad autónoma que sube los impuestos a las rentas más altas, aunque Castells dio por hecho que la lista de las que lo harán será larga, de modo que el peligro de "competencia fiscal" entre autonomías se minimiza.

La aprobación de la medida no ha sido un camino de rosas. Los dos socios minoritarios del tripartito, ICV-EUiA y en un segundo plano ERC, han arrastrado a los socialistas, más reacios a subir el IRPF por su impacto en la economía. El PSC quería elevar a 200.000 euros el listón de la renta que gravara más. Los ecosocialistas defendían que el cambio afectara a partir de 100.000 euros. El punto de encuentro sobre qué es ser rico se ha hallado en los 120.000 euros. "¿Veis como hay buena armonía en las cosas importantes?" ironizó Castells sobre las diferencias habidas en este caso en el tripartito. "En cualquier caso, este tributo no afecta a las clases populares. Eso debió de decirlo Artur Mas en el ardor del debate", rebatió Castells al líder convergente, que ayer consideró "impresentable" el incremento fiscal.

El consejero admitió que subir impuestos (también los que gravan las hipotecas y la compraventa de pisos, véase gráfico) "puede tener un efecto contractivo sobre el consumo", que supone el 60% de la economía. Adujo que si el problema único que resolver fuera el crecimiento, no habría subida fiscal. Pero sanear las cuentas públicas es el nuevo quebradero de cabeza prioritario. La reforma del IRPF afecta apenas a 20.000 personas, el 0,5% de los contribuyentes, y aportará 75 millones a las arcas de la Generalitat. Será la que salga de las urnas, porque no se aplicará hasta la campaña de 2012 sobre la renta de 2011.

Otro de los pellizcos en dinero (unos 25 millones de euros) pero que pone patas arriba el sector público es la desparición de 63 entidades (de un total de 247) engullidas por otras. Castells y Joaquim Nadal, consejero de Política Territorial y Obras Públicas (PTOP), rechazaron suprimir ninguno de sus 14 departamentos, pese a que la mayoría de comunidades ha dado el paso. Sostiene que, en el ocaso del mandato, realizar esa nueva arquitectura institucional sería casi un "brindis al sol".

Una de las grandes damnificadas, y aquí de pellizcos nada, es la inversión. "El criterio es no parar ninguna obra, pero sí lentificarlas", afirmó Nadal. No habrá nuevas licitaciones en 2010. Lo licitado pero no iniciado se retrasa hasta enero de 2011. Y el grueso de la obra en marcha se enlentecerá. Una de las grandes que se verá afectada es la L9 del Metro. El horizonte final del proyecto sigue siendo 2014, pero este año había previstos 780 millones para ella y serán, al final, 530.