Barcelona aún espera los centros sociales

Una cosa es planificar y otra, muy distinta, ejecutar. Y justamente la ejecución es lo que ha fallado en el convenio de equipamientos de servicios sociales que en 2005 firmaron el tripartito de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Transcurridos cuatro años desde entonces, de los 50 centros previstos sólo cuatro han entrado en funcionamiento, otros 13 permanecen en obras y en 19 ni siquiera se ha puesto el primer ladrillo. Para redondearlo, otros cuatro solares cedidos por el Consistorio no son válidos porque no se adecuan a las necesidades constructivas. Estos 50 centros suponían la apertura de 40 instalaciones, ya que en 10 casos un mismo espacio albergaba dos funciones asistenciales distintas.

Cuatro solares cedidos no se ajustan a las necesidades

En primavera abrirá un servicio para discapacitados en la Zona Franca

El convenio que se firmó pretendía acabar con la tacañería inversora en equipamientos sociales de los gobiernos de Convergència i Unió en la ciudad de Barcelona, como no se cansaban de denunciar los alcaldes socialistas. La Generalitat, en cambio, recriminaba al Ayuntamiento su escasa voluntad al no cederles solares.

El documento de 2005 preveía la construcción de 50 equipamientos. En total 2.600 plazas, la mitad de ellas geriátricas -entre residencias y centros de día- y el resto destinadas a discapacitados físicos y psíquicos. También se habían proyectado dos centros de atención a la infancia para niños desamparados.

El sistema de financiación es similar en todos los casos. En los centros de titularidad pública, el Ayuntamiento cede el solar y la Generalitat se encarga de redactar el proyecto y sufragar su construcción. En los de iniciativa privada, por el contrario, los costes de edificación corren a cargo a partes iguales entre el Gobierno catalán y la asociación sin ánimo de lucro que lo impulsa.

Los problemas administrativos y, en algunos casos, la poca planificación han aparecido como los principales escollos para frenar la construcción de una red de equipamientos que, en parte, debían inaugurarse ya en 2007. La cesión de los solares por el Ayuntamiento ha sido lenta. Otro tanto ha sucedido con la redacción del proyecto y la licitación de las obras por el Departamento de Acción Social y Ciudadanía. Y respecto a los centros concertados, muchos de los convenios no se firmaron hasta el año 2007. Otros dos todavía están pendientes de firma, aunque el trámite no se va a demorar por mucho tiempo.

Uno de los concertados que está más adelantado es el de la Asociación Esclat. Se trata de una residencia para personas discapacitadas físicas severas que se levanta en el nuevo barrio de la Marina de la Zona Franca. Tendrá 54 plazas para residentes y 30 como centro de día. "Las obras estarán listas en marzo y se podrá abrir en la primavera que viene", explica Lola de la Fuente, reponsable de la entidad.El resultado global no puede ser más desesperanzador para ambas administraciones.

Sólo cuatro equipamientos están operativos y 23 aún permanecen en los despachos y cajones de los urbanistas y técnicos. Es decir, sólo se conocen sobre el papel.

A pesar de este indisimulable retraso, ni la Generalitat ni el Ayuntamiento han osado levantar la voz, ni tan sólo el dedo, para emitir una queja. Ahora el mismo partido desempeña la máxima representación en ambos lados de la plaza de Sant Jaume.

Antes, en la denominada y publicitada guerra de los geriátricos, en la Generalitat mandaba Convergència i Unió.

"Ha sido un problema del tempo de la planificación. Pensamos que la tramitación nos llevaría un año y la construcción otros dos. No ha sido así y el tempo de gestión y redacción de proyectos ha consumido demasiado tiempo. Pero ahora todo está en marcha y la mayoría entrarán en funcionamiento entre 2010 y 2011", explica Ricard Gomà, regidor del área de Servicios Sociales del Consistorio.

Al preguntársele por qué se ceden solares que no son adecuados -ha pasado con cuatro de ellos-, lo justifica aduciendo que a veces "resulta difícil" prever las necesidades.

Lo cierto es que dos de los solares cedidos estaban afectados por subestaciones de Fecsa.

El Departamento de Acción Social y Ciudadanía se sacude las culpas. Si ellos no han ido más rapido ha sido por culpa del Ayuntamiento, que ha cedido unos solares inadecuados: "Han sido cuestiones no imputables a la Generalitat", comenta un portavoz.