El funcionariado sale caro

Cuatro millones de parados. El trabajo escasea. Y si es seguro, más todavía. Por eso no es de extrañar que aumente el número de jóvenes que quieren ser funcionarios de mayores. Pero, ¿saben realmente estos jóvenes, sabemos todos, el coste que tiene para cada españolito sostener la Administración? La EAE Business School lo ha cuantificado: casi 10.000 euros anuales. No sólo eso, ¿sabemos todos que el coste por empleado público supera en cerca de un 23% de media al del empleado privado? Y lo que es peor, que cuanto más abundante es el funcionariado en una población, menos riqueza genera ésta y menor nivel de vida tienen sus habitantes (ver cuadro adjunto).

Las cifras que maneja el centro de estudios de la Escuela de Administración de Empresas son concluyentes: el número de funcionarios ha crecido un 32% en España entre 2000 y 2008, mientras que en los 27 países de la Unión Europea ha disminuido un 1,4%. Y la masa salarial de los empleados públicos por habitante ha aumentado casi un 60% en nuestro país en esos ocho años, prácticamente el doble que en la UE, tal y como refleja el estudio elaborado a partir de los datos de Eurostat.

El coste del empleo público es insostenible, según los expertos

El Gobierno dice que los sueldos han subido más del 20% en cinco años

"El coste del empleo público en España es insostenible. Estamos en una situación económica que obliga a repensar el modelo. La sociedad debería forzar a las Administraciones a que acometiesen cambios lo antes posible", señala el profesor de Recursos Humanos de ESADE, Francisco Longo.

En esta línea, Elena Pisonero, socia responsable de infraestructuras, gobierno y sanidad de KPMG, afirma: "El empleo público está claramente sobredimensionado. Ha llegado el momento de revisar todas las partidas presupuestarias y decidir lo que nos podemos permitir. Por lo pronto, hace falta tomar medidas urgentes para controlar la eficiencia de la función pública a fin de que no se disparen los gastos e introducir mecanismos de colaboración público-privada para reconducir la situación".

Ése sería el primer paso, porque lo que hay que hacer es redimensionar la Administración, distribuir mejor el empleo, tal y como declara Mario V. González, autor del informe de la EAE, que coincide con Pisonero y Longo. Es decir, plantear una reforma estructural para que el gasto sea sostenible y no vulnerable a las crisis, como se ha demostrado ahora en la mayoría de los países.

Es un debate muy necesario que ya se está planteando en Reino Unido y Alemania, según la socia de KPMG. Porque, a su juicio, se pueden hacer esfuerzos de austeridad en el gasto público, pero llega un momento, con el déficit actual, en el que este esfuerzo no da para más. "Tenemos que dimensionar la estructura de gastos a los ingresos que percibimos para que sean sostenibles en el tiempo. Y hemos de hacerlo en los próximos dos o tres años", agrega.

La secretaria de Estado para la Función Pública del ministerio de la Presidencia, Carmen Gomis, señala que se está avanzando en este camino. De hecho, el pasado septiembre, el Gobierno firmó un acuerdo con los sindicatos para impulsar la reforma de las Administraciones públicas. Un acuerdo en el que se dedica un apartado específico a la reorganización del empleo público y al redimensionamiento de las plantillas existentes, indica. Gomis no tiene claro si esta racionalización llevará a una reducción del número de funcionarios o no -sí en el caso de los que desempeñan labores burocráticas-, aunque está convencida de que servirá para mejorar los servicios que prestan las Administraciones y, por tanto, su eficacia.

"En los últimos años se ha incrementado mucho el empleo del sector público y también los servicios que ofrece al ciudadano, de lo que estoy muy contenta", dice. Y reconoce tanto que aún queda mucho por avanzar como que los pasos ya dados han proporcionado grandes mejoras. Cita entre ellas la gestión de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y descaca el hecho de que "cualquier persona que se jubila tarda tres días en cobrar su pensión".

Los datos que maneja la Secretaría de Estado sitúan el crecimiento de la plantilla pública en el 17,5% entre 2001 y 2009 y su aumento salarial en los últimos cinco años, por encima del 20%.

En España, el pago de las nóminas de los empleados públicos se lleva de media el 20% del presupuesto que maneja la Administración, porcentaje que se eleva al 30% en el caso de las comunidades autónomas, que son precisamente las que han disparado la masa salarial de los funcionarios, según la EAE. Entre 2000 y 2008, el crecimiento ha sido récord; de hecho, excede en casi cuatro veces el de la media europea, añade.

Para Longo, se trata de un empleo poco productivo y altamente pagado. No es como en el caso holandés, en el que los funcionarios son pocos y muy bien remunerados porque son técnicos muy cualificados. "Es hacia donde deberíamos ir en España, en vez de pagar por trabajos de poco valor añadido como si fueran cualificados".

Los expertos piensan que se deben poner en marcha medidas de movilidad, "reubicar a los funcionarios, porque no tiene sentido contratar a más personal cuando te sobra en otro lado", mantiene Pisonero. Justicia, sanidad y educación pueden ser las áreas en las que se necesita reforzar la plantilla, pero existen otras muy intensivas en empleo por las que no se obtiene eficiencia, coinciden las fuentes consultadas.

Carmen Gomis indica que se ha fijado septiembre de 2010 para empezar a tramitar la Ley de la Función Pública, que desarrollará el Estatuto Básico del Empleo Público, introduciendo la evaluación por desempeño de las plantillas, las nuevas carreras administrativas, los sistemas de retribución..., "cuestiones que son muy complejas, hay que negociar y, por tanto, llevan su tiempo".