Investigadores en fuga

El debate sobre la fuga de talentos, lejos de amainar, arrecia. Nuevos datos han echado leña al fuego. El último índice de confianza de jóvenes investigadores, el Innovacef, elaborado entre otros por el Centro de Estudios Financieros (CEF) y la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), arroja cifras alarmantes: si, en 2010, un 40% de investigadores españoles en el extranjero planeaban regresar, este año solo son un 29%. La confianza en el sistema de I+D+i, además, ha tocado fondo: los investigadores españoles en otros países le dan un 5,7 sobre 10, y los residentes aquí, un 4,2. Justo cuando más urge un viraje laboral hacia la innovación, más cerebros pierde España.

La baja confianza en el sistema de I+D+i nacional se produce en un periodo de transición. La nueva Ley de la Ciencia, aprobada en el Congreso el pasado mayo, pretende atajar estos problemas, pero no entrará en vigor hasta diciembre. Una de sus medidas estrella, la creación de una Agencia Estatal de Investigación para canalizar de forma más eficiente la financiación en I+D+i, no verá la luz hasta junio del 2012. "Con la Lay de la Ciencia hemos perdido una oportunidad para hacer reformas valientes que hubieran cambiado el sistema", dice Juan Carlos Suárez, uno de los impulsores de la Plataforma Investigación Digna.

"En Reino Unido cobro 2.800 euros; en España serían 1.800", dice Alonso

Esta iniciativa reunió el pasado febrero 2.500 firmas de científicos de todo el país que reclamaban una mejora de la situación. No tanto de fondos y financiación, que también, pues España sigue siendo uno de los países europeos con menor gasto en I+D, un 1,35% del PIB frente al 2,01% de media en la Unión Europea. Sus reivindicaciones se centraban en aspectos laborales y contractuales. "Debe haber una concordancia entre el número de contratos de acceso y el número de contratos fijos. Por ejemplo, no tiene sentido que salgan 250 plazas en el programa Ramón y Cajal y a los cinco años no haya contratos estables para todos", dice Suárez.

Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación se apunta que en este debate se están confundiendo conceptos. "Hay que olvidar la premisa de que el sistema debe absorber al 100% de los investigadores. Ningún país es capaz de hacer eso. Lo que necesitamos son vías para que más investigadores se pasen del mundo académico, de las universidades y los Organismos Públicos de Investigación (OPI) a las empresas privadas", explica Montserrat Torné, directora general de Investigación y gestión del plan de I+D.

Según datos oficiales, el personal público dedicado a investigación en España ha aumentado un 33% entre 2004 y 2009, el 96% de los doctores españoles tienen empleo, y uno de cada cinco científicos contratados en nuestro país es extranjero. "Es falso que no se pueda hacer buena ciencia en España. No es un problema científico, es un problema laboral, de empleo. Ocurre igual en otros sectores. El objetivo es romper con el café para todos y optar por la excelencia", dicen fuentes del ministerio. Traducido: la capacidad de absorción laboral del sistema es reducida y solo hay hueco para los mejores.

Frente a esta visión está la de los investigadores, que opinan que el sistema debería ser capaz de dar empleo estable a todos los profesionales que produce. Y también la de las empresas españolas, con muy poca tradición inversora en I+D. Solo un 35% de los científicos en España trabajan en firmas privadas, frente a más del 80% en Estados Unidos, casi el 70% en Japón o una media del 50% en la UE. Al final, la única salida para el excedente de investigadores que no logran colocarse en el mundo académico o privado en España es siempre la misma: cambiar de profesión o irse fuera.

"Cuando oigo a los políticos negar la fuga de talento no sé si reír o llorar. Sí existe fuga de cerebros", dice Ester Artells, de 35 años, bióloga con experiencia internacional especializada en genética y biología celular. Estuvo tres años en España con becas de 800 euros al mes y luego como investigadora sin remuneración regulada, o ISRR, también conocidos como "sin papeles", alternando trabajos de telefonista con la finalización de su tesis. La presentará en unos días y ya ha tomado la decisión: "En agosto hago las maletas y me voy a Francia. Prefiero vivir en otro país donde me valoren, me paguen más y haya dinero para investigar".

Marisa Alonso, de 31 años, con estudios de bioquímica y farmacia, terminó su tesis en Salamanca y se fue con un puesto posdoctoral a Manchester. "Mi idea era venirme aquí tres años y luego volverme. Pero llevo tres años y medio y ya no me planteo regresar. En Reino Unido, la situación para investigar es mucho mejor, hay más recursos y más oportunidades laborales", dice. Su sueldo actual supera los 2.800 euros brutos mensuales. "En España sería muy difícil conseguir un puesto similar y el sueldo rondaría los 1.800".

Los últimos datos del informe Innovacef arrojan una diferencia abismal entre los sistemas de I+D+i europeos y el español: solo el 23% de los investigadores que trabajan en territorio nacional van a recibir o reciben formación, frente al 71% de los que residen en el extranjero; el 33% de los que viven en España están satisfechos con su carrera investigadora, en comparación con el 75% de los residentes fuera; el 48% de los científicos en nuestro país están de acuerdo con la financiación que reciben, frente a casi el 90% de los que trabajan en el extranjero. ¿Preocupante?

"El problema es serio y la fuga de cerebros existe, es un hecho. Pero también existe una buena solución: concentrar los recursos y guiar a los investigadores, no perder el contacto con ellos, para luego recuperarlos", asegura Pedro Aceituno, profesor de la Udima y autor principal del informe Innovacef. Mientras regresen menos investigadores de los que se van, agrega, seguirá habiendo fuga de talento. La duda en el aire es si esa fuga es resultado de errores graves en la estrategia de I+D+i o es simplemente inevitable, estructural e incluso deseable. De momento, ni investigadores, ni Gobierno, ni empresas se ponen de acuerdo en la respuesta.