El ruido se mantiene como el principal problema ambiental para los ciudadanos

El ruido sigue ocupando el primer lugar entre los problemas medioambientales más importantes que los andaluces creen que tiene su localidad. El 28,8% de los encuestados en el Ecobarómetro de 2010 citó este asunto cuando se le interrogó sobre sus dos principales preocupaciones.

Desde que el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) realizó en 2001 el primer informe sobre la percepción del medio ambiente entre la población andaluza el ruido se ha mantenido siempre en el primer lugar de las preocupaciones en los municipios. Aunque, en estas diez ediciones, ha bajado el porcentaje desde el 40,6% de 2002 hasta el 28,8% de esta última encuesta, en la que se ha entrevistado a 3.190 personas.

La Junta ayudará a los vecinos en las denuncias que no sean atendidas

La Junta de Andalucía tiene previsto aprobar en el Consejo de Gobierno el nuevo reglamento contra la contaminación acústica antes de que acabe el año, según señaló ayer el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo. En la norma se contemplan sanciones de entre 601 y 300.000 euros y se impone la obligación a todos los municipios de elaborar ordenanzas contra el ruido. Además, la administración autonómica prestará auxilio a los ciudadanos cuando sus denuncias contra actividades ruidosas no sean atendidas por los consistorios.

Los Ayuntamientos, que tienen las competencias en el control de este problema, han mostrado sus reticencias al considerar que la Junta puede invadir su autonomía. El consejero de Medio Ambiente, que ya ha mantenido algunos contactos para abordar este asunto con los representantes de los alcaldes, tiene previsto reunirse la próxima semana con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para intentar tranquilizar a los regidores.

No es el único frente que tiene abierto esta consejería con los ayuntamientos. La aplicación de la Ley de Aguas también está siendo polémica. En esta norma se preveía la imposición en todos los municipios de un "canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de interés de la comunidad", que empezará a cobrarse en 2011. Este canon lo aplicará cada ayuntamiento en la factura de los ciudadanos, pero el dinero recaudado será gestionado por la Administración autonómica, que lo empleará en la realización de obras de depuración para que todas las aguas residuales reciban tratamiento en 2015, una obligación impuesta por la Unión Europea.

El PP está aprobando en sus ayuntamientos mociones para intentar frenar la aplicación de este canon y de los otros previstos en la norma. Los populares quieren llevar la ley al Tribunal Constitucional por considerar que invade las competencias locales.

El Ecobarómetro también aborda la gestión del agua. Para el 17,6% de los encuestados la "calidad del agua del grifo" figura entre los dos problemas más importantes de su municipio. Esta preocupación crece cuando los encuestados residen en las localidades de menos de 20.000 habitantes, que son los que cuentan con menos recursos para obras y que, en el caso de la depuración de las aguas residuales, serán los más beneficiados con el nuevo canon de infraestructuras.

Respecto a las propuestas concretas para mejorar la gestión del agua, solo el 1,2% de los encuestados considera que subir el precio está entre las dos medidas "más adecuadas". Los ciudadanos se inclinan por mejorar los regadíos "para que consuman menos" (39,4%) y por "ahorrar agua en los hogares" (38,2%). Medio Ambiente estima que una familia media pagará 1,2 euros más al mes cuando se aplique el canon de infraestructuras.

En el Ecobarómetro de este año se ha incluido un apartado específico sobre espacios naturales protegidos. Y, contrariamente a lo que muchas veces se traslada, solo el 6,6% de los ciudadanos que afirman vivir en una de estas zonas cree que la protección ha supuesto un "obstáculo" para el desarrollo económico. El 44,6% piensa que ha supuesto un "impulso". Esta opinión contrasta con las quejas de algunos alcaldes de municipios ubicados en parques naturales, que llevan años reclamando que se rebajen las restricciones para permitir el desarrollo de sus localidades.