El peaje en Portugal ensombrece la llegada de la temporada turística
Los empresarios de Huelva y el Algarve se unen para atacar la medida
El anuncio del Gobierno portugués de cobrar un peaje en la autovía del Algarve (A-22), conocida como Via do Infante, ha diluido gran parte de las esperanzas económicas que habían surgido a uno y otro lado de la frontera entre Huelva y el Algarve con la llegada de la Semana y del buen tiempo, especialmente en los sectores de turismo y transportes. El Ejecutivo luso tenía la intención de aplicar ese pago obligatorio el próximo 15 de abril, una fecha que coincidiría con la Semana Santa, pero finalmente la entrada en vigor del peaje se ha aplazado por la situación de interinidad del Gobierno portugués tras la dimisión del primer ministro José Sócrates y del rescate financiero de la Unión Europea y sus -aún imprevisibles, pero nada halagüe-ñas- consecuencias tanto políticas como económicas.
La comisión de usuarios de la A-22, promovida por un grupo de empresarios de Vila Real do Santo Antonio, celebró el sábado una protesta bajo el lema "Algarve-Andalucía sin peajes". El peaje afectaría sin duda a la llegada de los más de 300.000 turistas que anualmente llegan a Andalucía a través del aeropuerto de Faro y los más de 271.000 transportistas que cruzan la frontera al año.
El mecanismo de pago supone uno de los aspectos más polémicos de la propuesta. En la autovía no hay cabinas de peaje. El cobro no se efectuaría no por kilómetros recorridos sino mediante un dispositivo electrónico que lleva incorporada la matrícula del coche. La otra alternativa es un sistema de prepago que se compra en las gasolineras. Tiene un coste de 77 euros para un particular y de 127 euros para un profesional.
"Supondría una complicación desde el punto de vista administrativo además de rudimentario. No se entiende que obliguen a todo el mundo a utilizar un dispositivo y no dar la opción de pagar, como en cualquier autopista de peaje, en la ventanilla y por el importe exacto al número de kilómetros que se ha recorrido", explicó Rafael Ávila, secretario general de la Federación Onubense de Empresarios (FOE). El vicepresidente de la Asociación Empresarial de la Región del Algarve (Nera), Manuel Caetano, subrayó que la medida tiene como único fin el de recaudar dinero. "Los empresarios portugueses no comprendemos la medida que va a dar al traste con todos los esfuerzos para acercar a dos regiones desde el punto de vista turístico y comercial", lamentó.
El peaje de las autopistas portuguesas también ha afectado negativamente a las economías de Galicia y la Región Norte lusa. La gestión del telepeaje ha estado sembrada de despropósitos desde el momento mismo en que se anunció su implantación, el pasado octubre: antes de que fuera factible acceder al aparato que registraba los pagos. Las autoridades autonómicas gallegas y portuguesas, han encontrado este mes una solución práctica con la puesta en el mercado de un ticket que permite efectuar el telepeaje durante tres días. Ya se utilizaba otro para cinco días.
La medida supuso un gran trastorno en los intensos tráficos que se registran entre las dos comunidades, Galicia y región Norte, definidas como Eurorregión. La Confederación de Empresarios de Pontevedra denunció la situación a la Comisión Europea porque, más allá de las dificultades técnicas del sistema implantado, que también las había, suponía una discriminación de los usuarios españoles, ya que los portugueses podían acceder a diversas bonificaciones. Las autoridades portuguesas aceptaron no imponer sanciones a los usuarios españoles por la peripecia que representaba encontrar en España -e incluso en Portugal- los aparatos que permitían efectuar el pago. En los primeros días de 2011, se descubrió el dispositivo inutilizaba a su parejo para el telepeaje en las autopistas españolas.
Propuestas de pago
- 1. El cobro no se efectuaría por kilómetros recorridos sino mediante un dispositivo electrónico que requiere instalar con ese sistema en el vehículo. En España no se puede adquirir.
- 2. Mediante un sistema prepago, cuyo importe para particulares es de 77 euros (27 euros de alquiler del dispositivo y 50 del peaje) y de 127 para camiones. El importe no es reintegrable, tiene una duración de 90 días para su consumo y en caso de que no se gaste todo no se devuelve el dinero.
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