Los intrusos en los ERE se elevan a 146

La Junta de Andalucía entregó ayer un nuevo capítulo de la investigación interna abierta por la Consejería de Empleo sobre las presuntas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos, en una comparecencia en el Parlamento en la que la oposición pidió la dimisión del presidente, José Antonio Griñán. En la primera entrega contabilizó 37; luego 70; y ahora 146.

El Gobierno andaluz ya conoce la magnitud de un caso que lo había situado en un rincón del cuadrilátero político, con golpes a diestro y siniestro, en el Parlamento andaluz y en el Congreso de los Diputados. Aún falta un epílogo de la investigación interna, pero según los primeros datos los porcentajes de casos irregulares no van a variar mucho. Otra cosa será cuando la vía judicial coja ritmo y la juez del caso empiece a ordenar diligencias. Ahí, el PSOE solo podrá esperar y ver si el caso salpica o no a los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández.

"Griñán tiene que aclarar si hubo o no negligencia por su parte", dice IU

Sanz: "Cambian cuando les hemos pillado con las manos en la masa"

Los datos que reveló ayer el consejero de Empleo, Manuel Recio, en una comparecencia parlamentaria a petición propia y de los tres grupos, son los siguientes: hay 5.563 trabajadores percibiendo pólizas de prejubilación a través de 68 ERE; se han revisado 64 que afectan a 5.273; y se han hallado 146 irregularidades de dos tipos: 59 personas son intrusos (el 1,1%), es decir, personas que nunca han trabajado en las empresas beneficiadas por los ERE, y hay otras 87 que sí han tenido vinculación laboral, pero cuya situación presenta algunas dudas para los 20 funcionarios que han realizado la investigación. "En casi el 99% de las ayudas no ha habido ningún tipo de problema y solo los hay en el 1,1% que el juzgado dirimirá", subrayó Recio. Los expedientes en los que se han encontrado irregularidades son 32 de los 64 investigados.

La información se ha remitido a la juez que investiga el caso. Aún queda por revisar la situación de 290 trabajadores de cuatro ERE. La etapa investigada va desde 2001 hasta 2010. En este periodo, la Dirección General de Trabajo dispuso de un fondo de 647 millones de euros para prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis. Hasta abril de 2008, la dirección general estuvo ocupada por Javier Guerrero, quien declaró a la policía judicial haber manejado un "fondo de reptiles", aunque luego se retractó.

Recio anunció el cambio en el procedimiento para la concesión de estas ayudas, que hasta ahora se están concediendo mediante la transferencia de financiación de explotación. La Intervención General de la Junta ya advirtió en un informe no vinculante emitido en 2005, 2006 y 2007 -como publicó EL PAÍS el 10 de febrero- su discrepancia con este procedimiento administrativo por considerarlo no adecuado. Este trámite agiliza los plazos de pagos, pero es evidente que a la vista de las irregularidades detectadas, tenía muchas grietas. La Intervención realizó en 2005 un auditoría aleatoria sobre 20 expedientes "que consideró correctos desde el punto de vista de la gestión de los recursos, pero no del procedimiento", reiteró Recio.

El nuevo procedimiento se pone en marcha "ante las dudas" planteadas por los trámites. Sus perceptores serán solo los trabajadores y no las empresas, y el régimen de control se hará mediante la fiscalización previa del gasto y no del control financiero permanente, que se realiza a posteriori. Será un procedimiento "que será reglado en función de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia no competitiva, objetividad, igualdad y no discriminación".

La oposición basó su estrategia argumental en las advertencias de la Intervención General, toda vez que cuando las emitió el consejero de Economía y Hacienda era el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán. "Griñán tiene que aclarar si hubo o no negligencia por su parte, dijo el portavoz de Izquierda Unida, Pedro Vaquero, quien aseguró que mientras exista esa "zona de penumbra", perdurarán las sospechas sobre si Griñán sabía que "había unas actuaciones irregulares". Vaquero pidió al PSOE la asunción de responsabilidades políticas de los exconsejeros Viera y Fernández, que mantuvieron en su cargo durante nueve años a Guerrero, imputado por la juez.

El portavoz Antonio Sanz pidió las dimisiones de Recio, de Griñán y del expresidente Manuel Chaves. Sanz, en vez de lanzar preguntas concretas sobre el caso, interpretó que el cambio de procedimiento administrativo de las ayudas supone acusar a los exconsejeros, a Griñán y a Chaves "de gravísimas irregularidades" porque no actuaron a tiempo. "Cambian ahora el procedimiento cuando les hemos pillado con las manos en la masa", aseguró el popular, quien mantuvo que Griñán "supo, tapó y permitió" las ayudas, una afirmación que los populares van a repetir hasta la saciedad. El popular preguntó por cuántos socialistas figuran como intrusos -por ahora nueve, dos de ellos fallecidos, según los datos del PSOE- y vaticinó que seguirán "cayendo" militantes de ese partido.

El portavoz del PSOE, Ángel Gallego, acusó al PP de establecer un sistema inquisitorial basado en la siguiente premisa: "Las leyes no dicen nada de los nuestros, pero son muy explícitas sobre los socialistas".