El fiscal pide siete años de cárcel al dueño de Aifos por estafa

Mientras los apuros económicos han llevado al grupo inmobiliario Aifos a declararse en suspensión de pagos por la imposibilidad de hacer frente a una deuda acumulada de 1.029 millones de euros, los tribunales de justicia estrechan el cerco contra sus directivos por distintas actuaciones ilícitas. Un juzgado de lo penal de Málaga ha dictado recientemente apertura de juicio oral contra el presidente de la compañía inmobiliaria, Jesús Ruiz Casado, y su esposa, María Teresa Maldonado, por un presunto delito de estafa por vender viviendas que no se han llegado a construir.

El fiscal pide una pena de siete años de prisión para cada uno de los cónyuges copropietarios de Aifos por la estafa y una multa de 16.200 euros por un presunto delito contra los consumidores. El ministerio público exige también que se devuelvan las cantidades que los 14 afectados denunciantes de esta causa entregaron a Aifos en concepto de anticipo, que oscilan entre 25.906 y 117.613 euros, según los casos, más una indemnización de 3.000 euros a cada uno de ellos por los "perjuicios y daños morales causados".En los contratos de venta, suscritos en 2001 y 2002, se hacía constar que las viviendas estaban en construcción, algo completamente falso, y en todos ellos se incluía el compromiso de entregarlas en 20 meses desde la firma del acta de replanteo (inicio de las obras). El fiscal relata que la promotora ni siquiera había obtenido las licencias municipales (las promociones se proyectaban en Rincón de la Victoria y Torrox) y considera que Ruiz Casado y su esposa "hicieron suyo en su propio beneficio" los desembolsos realizados por los denunciantes, que entregaron en total 589.633 euros.

En los últimos años distintos juzgados de Málaga han dictado decenas de sentencias en las que obligaban a Aifos a devolver dinero cobrado a clientes a los que nunca entregó las viviendas comprometidas, pero siempre en la vía de lo civil como meros incumplimientos de contratos, aunque en algún caso los jueces decretaron el pago de una indemnización en compensación a la "situación de angustia e impotencia" de los clientes. La promoción engañosa ha sido una forma común de actuar de Aifos que, según consta en el auto del juzgado de lo Mercantil que declara la apertura de concurso de acreedores, acumula 891 procedimientos judiciales por reclamación de deuda.

La promotora tiene actualmente firmados 3.115 contratos de venta de viviendas que debe entregar, de las que sólo ha terminado 1.206, y concluirlas es uno de los objetivos fundamentales de la solicitud de concurso de acreedores. En 11 años de historia, Aifos ha levantado 17.000 casas en Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Lo relevante de este caso es que se dirima en la vía penal al considerarse como delito de estafa ya que el fiscal entiende que los propietarios de Aifos engañaron a sus clientes de forma premeditada, "en ejecución de un plan así concebido". Los juzgados de Málaga han archivado varias denuncias penales contra Aifos y otras promotoras como grupo Mirador que no han atendido sus compromisos por entender que se trata de incumplimientos de contratos que deben resolverse en la vía civil. Este caso parece marcar un punto de inflexión, y ya existen varios casos en instrucción.

La acusación particular en este caso que ejerce la Asociación de Usuarios del Mercado Inmobiliario (Ausmín) eleva la solicitud de pena a 12 años de prisión y a 270.000 euros, e inculpa también al director general de la compañía, Jenaro Briales. Esta acusación llama la atención sobre el hecho de que las cantidades entregadas por los clientes no estaban afianzadas ni fueron depositadas en una cuenta especial de las que sólo pueden moverse para pagar gastos de la construcción de las obras, como exige la ley.

Ruiz Casado, Briales y otros dos directivos de Aifos están imputados de un presunto delito de cohecho en el caso Malaya por corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. Según estimaciones de la policía, durante los años que Aifos cobraba cantidades a clientes por casas que no construía, abonó unos cinco millones de euros en comisiones al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, a cambio de obtener un trato privilegiado. La compañía llegó a firmar tres convenios con la ex alcaldesa Marisol Yagüe por los que obtuvo considerables incrementos de edificabilidad en los dos hoteles Guadalpín. La sociedad que los explota está también en suspensión de pagos desde hace tres meses.

Con una gestión muy controvertida y grandes inversiones en imagen (patrocinadora del Salón Inmobiliario del Mediterráneo y del Festival de Cine Español de Málaga, organizó conciertos de estrellas como Julio Iglesias, y gastó, según la policía, unos 60.000 euros en regalos en la Navidad de 2004 a políticos, jueces, funcionarios, notarios y periodistas). Aifos llegó a ser la tercera empresa de Málaga, con facturaciones de más de 300 millones de euros en 2005. Tres años más tarde, en 2008, la empresa tuvo pérdidas de 106 millones de euros y en dos años la plantilla pasó de 2.210 a sólo 610 empleados.