El fin de año negro de David Valadez

David Valadez debe pensar que hay años en que es mejor no levantarse de la cama. El alcalde socialista de Estepona (Málaga) está cerrando 2009 en las peores condiciones imaginables para un político: con las arcas municipales vacías, los trabajadores nerviosos al cobrar sus salarios tarde y de forma no muy ortodoxa -a través de la cuenta de subvenciones- y la oposición acosándole con la fiereza de una jauría de lobos. La guinda de este amargo pastel la ha puesto una juez de la localidad, que le ha imputado por un delito urbanístico. Sobre la instrucción pesan algunas sombras, pero ha sido hábilmente utilizada por la larga nómina de enemigos del alcalde para erosionar su mayor capital político: la imagen de hombre honrado e íntegro que se labró tras denunciar la Operación Astapa contra la corrupción.

"Algunos han logrado el titular que perseguían hace más de un año"

El regidor prohibió la entrada en su despacho al tesorero municipal

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Estepona, Alicia Ruiz, imputó a Valadez por prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir delitos en relación con la casa ilegal que se construyó Luciano Sánchez, hasta hace poco jefe de gabinete de Valadez. La imputación se produce tras una denuncia presentada en diciembre de 2008 por el concejal Juan Manuel Rodríguez, entonces en las filas del Partido Estepona (PES, posgilistas) y hoy edil no adscrito.

El miércoles, Valadez se entera por los medios de comunicación de que ha sido imputado pese a que, como demuestran distintos decretos de alcaldía, entre noviembre de 2008 -esto es, un mes antes de la denuncia- y septiembre de este año el regidor paralizó la obra, multó con 157.415 euros a su jefe de gabinete y ordenó el derribo de la vivienda. El viernes pasado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunció que estudiará la posibilidad de realizar una inspección extraordinaria en el juzgado de Alicia Ruiz. "Estoy seguro de que la imputación se archivará, pero el daño a mi imagen ya está hecho y es irreparable", afirma el regidor. "Algunos han logrado el titular que venían persiguiendo hace más de un año", añade.

No ha sido éste el único conflicto de Valadez en las últimas semanas. El pasado 2 de diciembre, el alcalde ordenó al tesorero municipal, Félix Rodríguez Pimienta, que se cogiese los días de vacaciones que le quedan por disfrutar antes de que le llegue la fecha de jubilación -cumple 65 años el 8 de enero- y le prohibió la entrada en su despacho. El funcionario que fue acusado por el anterior regidor, Antonio Barrientos, imputado en el caso Astapa, de irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la venta de parcelas municipales, tenía previsto prorrogar su trabajo más allá de la fecha de jubilación. Sin embargo, fuentes municipales afirman que Valadez no confía en él y prefiere la incorporación de un nuevo habilitado nacional, al igual que ya se ha hecho en el puesto de interventor. "No es una caza de brujas, este señor ya ha cumplido su trabajo en el Ayuntamiento", se limita a afirmar el alcalde.

La quiebra municipal ha hecho que los 1.400 trabajadores municipales, una plantilla desmesurada heredada tras lustros de enchufismo no haya podido cobrar aún el salario correspondiente a noviembre. Los únicos que han cobrado han sido los funcionarios del Ayuntamiento, en parte gracias al dinero de subvenciones que se gestiona en una cuenta especial. Los trabajadores de las empresas municipales lo harán, según el regidor, "el martes o el miércoles". "Me preocupa seguir pagando las cotizaciones a la Seguridad Social y la deuda con la Agencia Tributaria, que son 900.000 euros al mes [La deuda municipal total está estimada en 160 millones de euros] porque así en el próximo ejercicio podremos seguir optando a fondos estatales y del Plan Proteja".

Otro clavo económico al que se agarra Valadez se verá el próximo viernes: el Pleno deberá dar la aprobación inicial al convenio urbanístico con la Casa Real Saudí, por el que el Ayuntamiento ingresará ocho millones de euros. El alcalde confía en que los trabajos de la urbanización de lujo, de 1.477 viviendas, arranquen en 2010 y den empleo a unos mil trabajadores.