La comisión no ve negligencia política de Ballesteros, pero le retira un concurso

Los representantes de los cuatro grupos municipales en la comisión de investigación de Tráfico forzaron ayer un consenso mínimo para exculpar de las supuestas irregularidades cometidas por dos funcionarios a los responsables políticos actuales y a los de la anterior corporación. Sin embargo, los dos partidos de la oposición, PP e IU, emitieron sendos votos particulares para constatar la 'falta de diligencia' del gobierno en la investigación. El PP pide, además, la destitución del delegado de Tráfico, Blas Ballesteros.

El primero de los acuerdos de la comisión de investigación de Tráfico incide en que este organismo se creó para esclarecer si hubo responsabilidades políticas en las supuestas irregularidades cometidas por dos funcionarios entre 1996 y 1999. Pero en ese primer punto se advierte ya de que la comisión 'extendió su investigación' a determinar si existió 'algún género de negligencia política' por no haber denunciado los hechos 'con la debida diligencia' o no haber 'vigilado el desarrollo de las actuaciones posteriores'.

El consenso fue unánime para determinar que en las presuntas irregularidades de los funcionarios no hubo 'complicidad ni connivencia ni encubrimiento' de los responsables actuales ni de los del mandato anterior. Pero el criterio único se quebró a la hora de evaluar las actuaciones del gobierno municipal en la tramitación de las investigaciones.

El primer texto que intentó consensuar la portavoz socialista y presidenta de la comisión, Evangelina Naranjo, se aleja bastante del documento final, según el portavoz de IU, Luis Pizarro, quien subrayó que le había sorprendido la 'voluntad de consenso' del PSOE.

El texto que firmaron los representantes de los cuatro grupos municipales alerta sobre la 'tardanza en la tramitación' de los documentos de los que supuestamente se deducían las irregularidades de los funcionarios. Asimismo, la comisión considera que se han producido 'demoras importantes' en la tramitación del expediente para la adjudicación del nuevo contrato del servicio de señalización de Tráfico y en las prórrogas del contrato vigente. La comisión exhorta, además, a la Junta de Portavoces a que dicha adjudicación se resuelva cuanto antes.

Con este acuerdo, todos los grupos municipales, incluido el PSOE, le retiran al delegado de Tráfico, Blas Ballesteros, la potestad para controlar el nuevo concurso, lo que desde la oposición se ve como una prueba clara del reconocimiento de culpa de Ballesteros. Este es uno de los puntos en los que se apoya el PP para pedir formalmente al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, la destitución del concejal de Tráfico.

'Ballesteros no dice la verdad', subrayó el representante popular en la comisión, Ricardo Villena, 'ha quedado demostrado que no actuó con transparencia ni con diligencia'. Para la oposición, las deficiencias en la actuación del concejal de Tráfico parten de que, cuando en octubre de 2001 se hicieron públicos los hechos, Ballesteros aseguró que él los conocía desde julio, pero ante la comisión admitió que lo sabía desde mayo. Además, el PP considera 'inadmisible' que el edil encargara un informe sobre el tema a finales de julio y no se interesara por él hasta octubre.

IU no llegó a solicitar la destitución de Ballesteros, aunque sí que le imputó responsabilidades políticas. Pizarro, no obstante, no se atrevió a asegurar si la falta de diligencia es sólo atribuible al concejal de Tráfico.

'No hemos conseguido enterarnos de si de verdad Ballesteros le comunicó las irregularidades a Carrillo [el entonces portavoz socialista] y al alcalde el 15 de mayo'. Si fuera así, según IU, la irregularidad se extendería a todo el gobierno municipal por 'ocultación de información' al resto de grupos municipales durante el pleno del mes de septiembre, en el que se aprobó la prórroga del contrato de Andaluza de Señalizaciones.