El "caso de Mari Luz", un año después

El padre de Mari Luz Cortés ya no puede más. Hoy se cumple un año de la desaparición de su hija, de cinco años, cuyo cadáver apareció 54 días después en la ría de Huelva. Juan José Cortés se declara "cansado, triste y sin fuerzas" tras el que sin duda ha sido el año más difícil de su vida. Un año en el que el nombre de su hija ha quedado ligado para siempre a la mayor crisis que se recuerda entre los poderes judicial y ejecutivo.

El caso Mari Luz tiene hoy dos acepciones: la primera se refiere a la investigación policial del asesinato de la pequeña; la segunda, a la sacudida que generó en el ámbito judicial el hecho de que la opinión pública y todos los partidos políticos condenaran que el presunto autor de la muerte de la pequeña fuera un pederasta reincidente llamado Santiago del Valle al que una cadena de errores judiciales permitió estar en libertad el día del crimen.

El padre de la niña se reconoce "cansado, triste y sin fuerzas"

Laúnica prueba clara del crimen es la autoinculpación de Del Valle

Los jueces y el Gobierno se acusan del fallo que dejó libre a Del Valle

"Lo del juez Tirado ha partido a mi hijo en dos", dice el abuelo de Mari Luz

La niña Mari Luz no solía salir sola. Pero el domingo 13 de enero de 2008 quiso comprar una bolsa de palomitas en el quiosco de la esquina. Caminó unos 100 metros y compró la chuchería, pero nunca volvió a casa. Supuestamente, cuando regresaba, Santiago del Valle la vió pasar y la llamó para que subiera. Según contó a la policía tras ser detenido dos meses después, la niña tropezó, cayó por las escaleras y quedó inconsciente.

Juan José Cortés ha pasado el último año recorriendo el país entero en caravana para recoger firmas a favor del endurecimiento de las penas contra los pederastas; se ha entrevistado con el presidente del Gobierno, alcaldes, abogados, jueces... Ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para que se haga justicia en el caso de la muerte de su hija. Pero ayer, Cortés se rendía por unas horas y explicaba que, en este triste aniversario, planea recordar a su hija a solas. "Voy a pasar el 13 de enero en soledad, acompañado tan sólo de mi mujer y de mis hijos".

Su casa del barrio onubense de El Torrejón ya estaba ayer vacía. La familia se había trasladado a otro domicilio para evitar el revuelo. "Pero después, aunque apenas tenga fuerzas, voy a seguir luchando", sentencia Cortés, que agradece a la opinión pública que no se haya olvidado de su caso.

Tampoco olvidan los vecinos de Mari Luz. "No vamos a olvidar nunca. O hacen justicia otros o haremos justicia nosotros", amenazaba ayer uno de ellos. Del Valle, condenado por abusar sexualmente de su hija de cinco años en 2005, está acusado de ser el presunto asesino de Mari Luz y se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Albolote (Granada). En la misma prisión está su hermana Rosa, quien el día del crimen, llevó a su hermano en coche a las afueras de Huelva y lo dejó allí junto con un carro de la compra en el que, supuestamente, se encontraba el cuerpo de la niña. La mujer de Del valle, Isabel García, también fue detenida por su implicación en el caso y se encuentra ingresada en el módulo de psiquiatría de la cárcel Sevilla II.

Estos 12 meses no han servido, sin embargo, para arrojar pruebas concluyentes en la investigación policial del crimen, más allá de la autoinculpación de Del Valle, que era vecino de la pequeña y desde el día de la desaparición se convirtió en uno de los principales sospechosos. La familia Cortés al completo sigue confiando en las promesas de justicia. "Los compromisos que ha adquirido el presidente Zapatero y el ministro Bermejo conmigo se llevarán a cabo. Está en sus manos cambiar las leyes. Y lo harán", sentencia Juan José Cortés.

Para el padre de la pequeña, la justicia en el caso de la muerte de su hija tiene que abarcar dos ámbitos: la condena del autor o autores del crimen y la de los responsables de que Santiago del Valle estuviera hace un año en libertad, a pesar de contar con una sentencia firme de cárcel por haber abusado de su propia hija."Lo del juez Tirado ha partido a mi hijo en dos", afirma el abuelo de la niña, en referencia al titular del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, Rafael Tirado. Él fue quien condenó a Del Valle por los abusos a su hija y olvidó ejecutar la sentencia. Para muchos, incluida la familia de la niña, es el máximo responsable del error judicial que impidió que Del Valle estuviera en la cárcel.

"Ese juez y sus amigos corporativistas han ganado una batalla, pero no la guerra", añade el abuelo de la pequeña. La guerra a la que se refiere se ha librado en los útlimos meses en los medios de comunicación, en los despachos del Consejo General del Poder Judicial y en los del Gobierno central y andaluz. Se ha saldado, por ahora, con una multa de 1.500 euros para el juez Tirado y una propuesta de suspensión de dos años de empleo y sueldo para la secretaria de su juzgado, Juana Gálvez.

Pero la secuela más importante del conflicto es la herida abierta entre todos los estamentos del poder judicial y las administraciones central y autonómica, que se reparten las competencias en materia de justicia. "Si hay una lectura positiva del caso Mari Luz es que han salido a la luz todas las carencias de medios humanos y materiales que llevamos muchos años denunciando", apunta el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester. "Por fin hemos conseguido trasladar a la ciudadanía nuestras reivindicaciones", añade.

Para los jueces, el fallo judicial del caso Mari Luz es la consecuencia de un exceso de carga de trabajo sumado a la falta de medios de los que disponen. Para el Gobierno central y la Junta, este argumento es sólo un intento de eludir responsabilidades. El enfrentamiento entre ambas posturas ha llevado a la mayor rebelión que se recuerda en el ámbito de la judicatura, cuyos miembros amenazan con convocar para los próximos meses la primera huelga de jueces de España. Hace un año nadie imaginaba que la desaparición de aquella niña que fue a comprar chucherías a 100 metros de su casa iba a acabar con una colisión inédita entre dos poderes del Estado.