Un año de la operación Karlos

Hace un año se puso al descubierto el caso karlos. La Guardia Civil desarticuló una organización que vendía informes médicos falsos a beneficiarios que obtenían pensiones de invalidez ilegales tras el pago de hasta 24.000 euros. Este fraude a la Seguridad Social, aún sin cuantificar, se saldó con la imputación de 39 personas. Actualmente la causa judicial sigue en fase de instrucción y no se espera que el juicio se celebre en 2007. Un año después de las primeras detenciones, los cabecillas de la trama están en libertad provisional, se han anulado siete bajas de las investigadas en la operación y, en cuestión de días, el caso puede quedar sentenciado sin llegar a enjuiciarse. Un magistrado debe decidir si anula la totalidad de las escuchas telefónicas que permitieron destapar la trama después de que se advirtiera que los pinchazos telefónicos no fueron notificados al fiscal.

Tras 14 meses de instrucción, el fraude a la Seguridad Social sigue sin cuantificarse

A finales de febrero, el titular del juzgado de Instrucción 1 de Cádiz, Jorge Bartolomé Moreno, tras revisar las diligencias previas, dictó una providencia en la que hacía constar que la primera mitad del sumario -557 folios en los que se autorizaban las intervenciones de los teléfonos de los principales sospechosos- no se llegaron a notificar a todas las partes.

Alfredo Belloso, abogado del supuesto cabecilla del fraude, Carlos Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique (Cádiz), espera ahora que el magistrado se pronuncie sobre el recurso que ya ha presentado. Su objetivo es conseguir la anulación del total de las escuchas y, como consecuencia, el archivo de la causa.

Éste es el eje de trabajo de la defensa, que ya ha conseguido que se anulen las grabaciones telefónicas de un total de seis jornadas, que además permitieron la excarcelación el pasado verano del mencionado Carretero y de su mano derecha en la trama, Francisco Casto, un inspector médico de la Unidad de Valoración de Incapacidades del Servicio Andaluz de Salud (SAS), encargado de supervisar las bajas que concedían médicos de atención primaria y especialistas.

A la espera de la decisión judicial, en poder del magistrado obran meses de grabaciones que recogen las principales pruebas inculpatorias contra los presuntos autores de la estafa.

Fue el seis de abril de 2006, cuando Vigilancia Aduanera detuvo a Carretero en el marco de la Operación Halcón, que destapó un fraude fiscal de 60 millones de euros basado en la venta de facturas falsas que compraban empresarios de la marroquinería de la sierra de Cádiz para desgravar de manera irregular en sus declaraciones de IVA y de Impuesto de Sociedades. En el transcurso de estas investigaciones, los agentes se percataron de que algunos de los implicados disfrutaban de pensiones por invalidez que no les correspondían. Un día más tarde, el siete de abril, fue arrestado el doctor Casto y comenzó así un rosario de detenciones que llegaron a salpicar a la mujer del torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario.

La esposa del diestro, tras doce horas de interrogatorios, evitó ingresar en prisión tras el pago de una fianza de 12.000 euros. Se le acusa de haber pagado a Carretero 24.000 euros con el fin de conseguir una baja fraudulenta para su madre, quien, a su vez, fue suplantada en la revisión médica previa a la concesión de la pensión por la progenitora de la secretaria del cabecilla de la trama. Así se recoge en el extenso sumario judicial en el que se mencionan hasta los pagos que iba haciendo María José Campanario a la organización.

Esta fue la detención más sonada y, según la Guardia Civil, el caso "más grave" de los que se han investigado.

Además de los presuntos cerebros del fraude y de la esposa de Jesulín de Ubrique, la operación sirvió para imputar también a cinco facultativos, 17 beneficiarios de las pensiones y 13 colaboradores de los receptores de las bajas expedidas de manera ilegal.