Zoido abre la puerta a anular las 7.200 multas del plan del centro

El gobierno municipal de Sevilla abrió ayer la puerta a que las más de 7.000 multas impuestas a conductores que se saltaron las limitaciones que establece el plan de tráfico del centro se queden sin cobrar. En respuesta a las críticas suscitadas por la derogación de las restricciones sin dar lugar a que el pleno lo debata, el portavoz del gobierno, el popular Francisco Pérez, convocó ayer a la prensa para contar "la verdad" sobre el plan que ahora se anula, que resumió en frase: "El plan centro es un fraude".

A tan rotunda conclusión llegó el portavoz tras leer un informe firmado el 22 de julio por el ingeniero jefe de sección del centro de control de tráfico en el que se desgranan fallos y disfunciones en el plan de tráfico, vigente desde diciembre de 2010. Y el texto llama la atención sobre una supuesta "falta de fiabilidad" del sistema que, elevadas ayer a categoría de fraude por el portavoz de gobierno, pueden suponer para el Ayuntamiento tener que devolver o dejar de ingresar el dinero de las multas impuestas, 7.235, según los datos facilitados por el PP.

El informe certifica la falta de fiabilidad de las cámaras de tráfico con más contundencia interpretativa que rigor técnico: el texto se basa en una medición realizada "in situ" a principios de agosto, cuatro meses antes de que se activara el plan. Estas pruebas situaron en el 65% el grado máximo de acierto de las cámaras, 30 puntos por debajo de lo recogido en el pliego de condiciones por el que se adjudicó el servicio a la empresa SICE.

El texto no especifica si las cámaras fueron ajustadas durante el periodo de pruebas, ni si hay confirmación de que los fallos (errores en la lectura de las matrículas, sobre todo) se han mantenido en el tiempo o se hizo algo para subsanarlos.

Pero el informe sí precisa que esa fiabilidad es "inadmisible" en este tipo de instalaciones y que los errores en la tecnología hacen que la instalación no esté "preparada para admitir con las garantías legales, ni por supuesto tramitar administrativamente, ningún tipo de sanciones". Con afirmaciones tan concluyentes, firmadas por un funcionario municipal, cualquier conductor multado por permanecer en el centro más de 45 minutos (el límite que establece el plan) tiene en su mano un buen argumento para recurrir la sanción. El propio portavoz lo reconoció a preguntas de los periodistas. "Es un recurso jurídico a su favor", admitió.

El asunto no es baladí porque el Ayuntamiento puede estar renunciando a mucho dinero. Según los datos de la Agencia Tributaria facilitados por el PP, Tráfico ha tramitado por el plan del centro 7.285 denuncias (aunque esta cifra no coincide con la suma de las cifras desglosadas en el informe de denuncias a particulares (5.327) y a empresas (1.875), que sumarían 7.702). Pero dando por bueno el dato de 7.235 y teniendo en cuenta que las sanciones del plan de tráfico son de 70 euros, el Ayuntamiento debería ingresar 506.450 euros por los siete meses que ha funcionado el plan. Con las dudas que siembra el informe y las añadidas por el portavoz municipal, todo apunta a que las arcas municipales perderán ese dinero. "Este plan está preñado de irregularidades. Es un fraude de principio a fin", insistió Pérez. La estrategia del gobierno de Sevilla para justificar el fin del plan puede suponer que el dinero de las multas impuestas correctamente nunca llegue al Ayuntamiento.

El informe desgrana otros errores informáticos y sostiene que no se han puesto multas desde marzo, una afirmación ya revelada por el gobierno municipal la semana pasada y desmentida por la empresa responsable del servicio. El texto recoge también hechos sorprendentes, como que "hubo que tomar la decisión" de sancionar solo a los conductores que estuvieran en el centro entre 75 y 200 minutos (no explica por qué ni quién lo decidió); o que "según parece, por orden de la superioridad", el sistema deja de funcionar el 29 de marzo. Ni el texto explica quién es esa superioridad ni el portavoz municipal pudo aclararlo ayer.

Tras presentar el informe, Pérez defendió la forma elegida por el gobierno para derogar el plan. "Este ha sido un tema central de la campaña y siempre hemos dicho que lo derogaríamos. ¿Por qué vamos a hacer ahora un proceso de diálogo?", inquirió. Con todo, él portavoz admitió que formalmente hubiera sido posible debatir el asunto en el pleno, votarlo y luego derogar el plan. "Podría ser. Pero creemos que cumplimos estupendamente con el requerimiento", dijo.

El Ayuntamiento tiene todavía tiempo de rectificar si lo cree conveniente. El portavoz socialista, Juan Espadas, presentará hoy una propuesta a la Junta de portavoces para que se analice la derogación del plan en el pleno previsto mañana.