La Junta suspenderá obras contratadas para tratar de acabar las más avanzadas

La crisis económica y los consiguientes recortes de gasto público no afectan ya sólo a la programación de actuaciones futuras, sino que comprometen el cumplimiento de las obligaciones que ya estaban contraídas. La Junta no tiene disponibilidad económica para pagar todas las obras que tiene en ejecución y que fueron contratadas antes de iniciarse la crisis. Esta tesitura obliga a la Consejería de Obras Públicas a una reconsideración de sus actuaciones que pasa necesariamente por suspender algunas ya en curso y aplazarlas, especialmente las menos avanzadas y las que se considere tengan menor alcance estratégico.

"Vamos a tener que suspender algunas obras, no a reprogramar, para concentrar los recursos y sacarles el mejor rendimiento, no tiene sentido mantener muchas obras a un ritmo muy bajo", reconoce la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz.

Obras Públicas negociará el retraso de los proyectos con las empresas

La deuda con los constructores se pagará a plazos en cinco años

Entre las obras afectadas están el tranvía de la Bahía de Cádiz y el metro de Málaga, donde se va a priorizar el acabado de los tramos de avanzada ejecución y se van a aplazar aquellos que ya acumulan demora.

Este departamento ya fue el más afectado por el recorte del presupuesto autonómico para el presente ejercicio, con una caída del 43%. Pero ahora además añadidamente, el Gobierno andaluz ha vuelto a recortar en 752 millones la cuenta de gasto para ajustarla a los ingresos fiscales reales y mantener el objetivo de estabilidad, y de ellos, 161 millones corresponden a inversiones públicas. "El presupuesto que tenemos no responde a la previsión plurianual que se hizo hace tres años y por eso nos encontramos con dificultades para ejecutar obras en curso", explica Cruz. La consejera recuerda que entre los años 2007 y 2009, la Junta llegó a licitar obras públicas por valor superior a los 4.000 millones de euros, la mayoría con plazos de ejecución de entre dos y cuatro años. Pero de la bonanza económica en la que se hizo aquella previsión se ha pasado a una situación radicalmente distinta, de escasez de recursos.Para solventarla, la Junta tiene inevitablemente que retrasar obras públicas, tras comprobar que no es suficiente la reprogramación anunciada hace ahora un año por la entonces consejera del ramo Rosa Aguilar. La intención de la consejería es no rescindir ningún contrato de obra ya adjudicado, pero pactar con los constructores un aplazamiento de algunas de ellas. "Tendremos que hacer en cinco años lo que estaba previsto hacer en tres", explica Cruz, teniendo en cuenta además que de momento no se licita ninguna obra nueva y que todos los esfuerzos se van a concentran en terminar lo iniciado.

Los responsables de la consejería están actualmente en este proceso de revisión de las obras que ya están en marcha para determinar cuáles son susceptibles de retrasar en el tiempo y aquellas que conviene seguir adelante y mantener por tanto las disposiciones económicas previstas.

En principio el criterio es aplazar aquellas actuaciones que no han comenzado o están más retrasadas en su ejecución. Son los casos por ejemplo de la travesía de Chiclana en el tranvía de la Bahía de Cádiz o del tramo común de las dos líneas del metro de Málaga entre Guadalmedina y La Malagueta.

El tramo urbano de Chiclana aún no ha empezado a ejecutarse debido a la falta de acuerdo con el Ayuntamiento de Chiclana sobre el trazado y también debido a problemas técnicos. "Lo importante es que el tranvía, que ya está avanzado entre Cádiz y Chiclana, llegue al menos a la cabecera de esta ciudad", explica la consejera.

Respecto al metro de Málaga, el criterio es similar. "Damos prioridad a terminar las conexiones de las líneas 1 y 2, que además es lo que tiene sentido para hacerlas funcionales y atender una gran parte de la demanda, y la parte que queda ya la haremos cuando se pueda con garantías", afirma la consejera.

Está previsto que la línea 2 y el tramo de la línea 1 en la ciudad universitaria de Teatinos comiencen a funcionar el 11 de noviembre próximo; y que para el año que viene entre en servicio el resto de la línea 1 hasta la estación de Renfe María Zambrano, donde se une a con la línea 2 del metropolitano.

El tramo común hasta La Malagueta, que se aplazará, tiene además un componente añadido de dificultad técnica y afección a la vida de la ciudad porque requiere abrir el eje compuesto por la Alameda Principal, la Plaza de la Marina, y el Paseo del Parque, el corazón del centro de Málaga.

De momento, la Junta no licita obra nueva más que los dos proyectos concedidos por el sistema de cofinanciación público-privada, la autovía Darro-Iznalloz y la ampliación del puerto deportivo de La Bajadilla en Marbella, que suman 284 millones de euros que financian los adjudicatarios y la Junta paga en 30 años a partir de la entrega de las obras.

La Junta aún espera licitar por este procedimiento alguna obra más en lo que queda de año, lo que según Josefina Cruz podría situar con todo la contratación de obra, es decir, el presupuesto destinado a obras, a unos niveles similares a los que se alcanzaron en el año 2003.

De momento, Obras Públicas desconoce el presupuesto que tendrá para el año 2012 y si podrá prever la ejecución de alguna obra nueva, aunque en principio parece descartable. Inicialmente, la Consejería de Obras Públicas estima que dispondrá de una cuantía presupuestaria similar a la del presente ejercicio, después de que ya en 2011 se haya producido el gran recorte de fondos.

El pasado jueves, la consejería y las organizaciones empresariales constituyeron el grupo de trabajo para analizar las cuentas pendientes y la forma de pago. La Consejería estima que la deuda con los constructores puede suponer una cifra de entre 250 y 300 millones de euros acumuladas principalmente por el cierre y liquidación de obras ya concluidas, que normalmente suelen ofrecer alguna desviación en el último momento. Frente a ello, las organizaciones empresariales elevan la cuantía de la deuda a más de 1.000 millones de euros. Obras Públicas ya se ha comprometido a pagar en este año un total de 77 millones de euros, y pretende saldar el resto en un periodo no superior a los cinco años.