La Junta detecta 37 intrusos en los ERE

"Caiga quien caiga". Esta máxima es la que ha guiado al Gobierno andaluz a la hora de denunciar en los juzgados 37 nuevos casos de personas que estarían cobrando prejubilaciones indebidas pagadas con fondos públicos de la Junta. Estos nombres han salido como resultado de la investigación interna, y aún inconclusa, abierta por la Consejería de Empleo a raíz del caso Mercasevilla [cobro de comisiones ilegales, delitos urbanísticos y una trama con prejubilaciones ficticias] que investiga el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

El pasado jueves, el PP hizo pública la declaración policial del ex director general de Empleo de la Junta Javier Guerrero, cargo que ocupó durante nueve años, en la que este afirmaba haber manejado sin control un fondo de 647 millones de euros para empresas en crisis. La policía sostiene que Guerrero dispuso de este dinero "sin haberse tramitado procedimiento administrativo previo y sin competencia para ello". Según el informe policial, Guerrero calificó esta bolsa de dinero, que manejó desde 2000 hasta 2008, de "fondo de reptiles".

La investigación halla irregularidades en 12 de los 30 ERE analizados

Las ayudas que ha dado el Gobierno afectan a más de 6.000 trabajadores

Moreno admite que las subvenciones debieron publicarse en el BOJA

La decisión de seguir con el procedimiento fue "técnica y política"

Desde ese mismo momento se encendieron todas las luces de alarma en la Junta y Empleo aceleró la investigación interna que tenía abierta sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) que han recibido ayudas de la Junta. El resultado de esta investigación es el siguiente: de los 45 ERE que aún están en vigor -y que afectan a 6.096 personas- ha dado tiempo a escudriñar 30, de los que en 12 se han encontrado que hay 37 intrusos, es decir, personas que podrían estar cobrando de manera irregular prejubilaciones. Esta información la aportó ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Moreno no descartó que, como avanzó el día anterior el PP, pudiera haber ex altos cargos de la Junta en este listado de intrusos.

Fuentes de la investigación consultadas por EL PAÍS aseguran que entre los 37 prejubilados ficticios figuran el ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo; el ex director general de Trabajo y Asuntos Sociales, desde 1996 hasta 2000, Juan Rodríguez Cordobés; y el también militante socialista Alejandro Millán. Rosendo fue alcalde de El Pedroso durante dos etapas: entre 1987 y 1995 y entre 1999 y 2007. Entremedias de esos dos mandatos, la alcaldía la ocupó Javier Guerrero, ex director general de Trabajo. Fuentes del PSOE citados por Europa Press dijeron que serán expulsados.

La número dos del Gobierno dijo que los fondos manejados por la Dirección General de Empleo para ayudas a empresas en crisis figuran en los presupuestos de la Junta. "No hay fondos ilegales, son públicos y están en las leyes de presupuestos", enfatizó Moreno, quien añadió: "Otra cosa es que pueda haber habido uso indebido de esos fondos".

La consejera informó de que el procedimiento por el que se concedían estas ayudas fue rebatido por la Intervención General de Hacienda de la Junta en 2005. En ese momento, la consejería de Economía y Hacienda estaba dirigida por el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y la responsable de Hacienda era la actual consejera. La Intervención de Hacienda emitió "varios informes" manifestando su disconformidad con el procedimiento administrativo seguido. El instrumento elegido para conceder estas ayudas era la transferencia de financiación a la explotación. Esta se hacía a través de organismos autónomos como el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego reconvertido en la agencia IDEA, un método que aportaba "agilidad". Las otras dos vías posibles eran la subvención excepcional, procedimiento que la policía judicial defiende en su atestado, o el de encargo de ejecución.

Los informes de la Intervención de Hacienda provocaron que se realizara en 2005 una auditoría específica de los expedientes. De manera aleatoria se analizaron un total de 20 y la conclusión fue que se consideró "correcto el resultado de la gestión pero no el del procedimiento". "No despertaron ninguna alarma", afirmó la consejera. Moreno aseguró que el informe de Hacienda no es vinculante. Y aunque admitió que se puede discutir si el procedimiento fue el más adecuado, "en modo alguno" eso lo convierte en irregular o ilícito.

Sí choca de la versión de Mar Moreno el hecho de que la advertencia de Hacienda cayera en saco roto. Y que el consejero de entonces, Antonio Fernández, la desoyera completamente o la desconociera. Según el Gobierno andaluz, la decisión de continuar con el procedimiento de conceder ayudas mediante transferencias de financiación fue una decisión "técnico política" adoptada por la dirección general de Empleo dirigida por Guerrero.

La consejera opinó que las ayudas sí deberían haberse publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), una afirmación que contrasta con la tibieza del consejero de Empleo, Manuel Recio, de que este trámite no era obligatorio. Desde 2010, las ayudas a empresas en crisis y a prejubilaciones procedentes de ERE las autoriza el consejero de Empleo y no ningún órgano jerárquicamente inferior.