La Junta busca con el Gobierno una solución laboral para Astilleros

El Gobierno y Pymar, la sociedad de reconversión de pequeños y medianos astilleros, fueron informadas el pasado lunes por la Junta de la delicada situación económica a la que han sido abocadas las sociedades privadas de los Astilleros de Sevilla y de Huelva. La Junta pretende que tanto el Gobierno como Pymar se impliquen en la búsqueda de "soluciones posibles" para garantizar "la viabilidad del proyecto industrial y garantizar el máximo empleo posible en ambas factorías", según fuentes autonómicas, que han calificado la situación como "de máxima dificultad".

La reunión tuvo lugar en la sede de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Idea) en la tarde del pasado lunes. El director general de Industria del Ministerio, Jesús Candil, el secretario de la Gerencia del Sector Naval, José Luis Cerezo y el director general de Pymar, Antonio Sánchez Jáuregui, celebraron un dilatado encuentro con seis altos cargos de las consejerías andaluzas de Economía y de Empleo, encabezados por los viceconsejeros, Luis Nieto (Economía) y Justo Mañas (Empleo), en el que la Junta transmitió el resultado de las auditorías realizadas por los nuevos administradores únicos de los Astilleros de Sevilla y Huelva.

Estos informes han revelado una situación cercana a la bancarrota patrimonial, con un agujero de más de 300 millones y deudas superiores a otros 300 millones, así como posibles penalizaciones por el incumplimiento de los contratos de buques con diversas compañías armadoras.

Asimismo, los responsables del Ministerio de Industria y de Pymar fueron informados de los nuevos planes diseñados por los administradores de ambas sociedades. Este plan pasa por un acuerdo entre los armadores que tienen barcos comprometidos, la industria auxiliar, y las distintas partes implicadas en un conflicto que afecta directamente a 488 trabajadores.

Una de las revelaciones de la auditoría es que a los 107 empleados reconocidos en la plantilla de Astilleros de Huelva habrá que sumar los 135 de las sociedades auxiliares Nueva Lima e INH, que han planteado demandas judiciales para que se les reconozca como empleados de Astilleros de Huelva.

El plan propuesto pasa por mantener dos años la actividad para poder finalizar los cinco buques en cartera (dos en Huelva y tres en Sevilla) y la aportación de 170 millones de euros: de los que 90 serían fondos públicos y 80 serían aportados por armadores-clientes, Pymar, y quitas de diversos acreedores.

El plan finalizaría con un cierre ordenado de la planta de Huelva y la activación del acuerdo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) e Izar para 178 trabajadores de Sevilla (prejubilaciones y recolocaciones). La actividad sería regulada por sendos expedientes temporales de regulación de empleo y la gestión de un concurso voluntario de acreedores. Un proceso difícil de lograr pero que se antoja como única salida para la ruina de ambas sociedades navales.