Griñán sube impuestos y baja la inversión en el ajuste más duro de la autonomía

Más impuestos, menos inversión y más recortes en el gasto público, lo que significa más sacrificios. Esa fue la estricta dieta que presentó ayer el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a los andaluces en el debate de la comunidad. El socialista, tijera en mano, apeló a la responsabilidad de todos convencido de que "el tiempo de aplazar las decisiones difíciles es un tiempo muerto". Tras un año como jefe del Gobierno andaluz, Griñán anunció ayer el ajuste más duro en la comunidad desde que esta existe, un ajuste que viene impuesto desde Bruselas para lograr que el déficit público español alcance el 3% del PIB en 2013, el 1,1% en las comunidades autónomas.

Esta meta es la que está obligando a todos los gobiernos regionales a mutilar sus presupuestos. El de Andalucía, para este año, disminuirá en 1.508 millones de euros, de los que 846 millones saldrán de la inversión directa y de gastos de capital y 314 millones de la disminución de los salarios de los 285.000 funcionarios públicos. El resto, 348 millones, se producirá a través del ahorro de los llamados gastos operativos (dietas, locomoción, reducción de horas extraordinarias) y la jibarización del sector público andaluz, cuyas empresas se reducirán a la mitad. Estos datos los concretará hoy la consejera de Hacienda.

Los afectados por la subida del IRPF serán más de 20.000

Las inversiones para 2010 se recortan en 846 millones

Las empresas públicas se reducirán a la mitad hasta quedar en 110

Se crea un nuevo tributo para los depósitos en las entidades bancarias

Por primera vez, un presidente de la Junta de Andalucía va a hacer uso de las competencias que tiene para incrementar y poner nuevos impuestos. Griñán ya se mostró partidario hace semanas de que paguen más los que más tienen. Y para los socialistas los que más tienen son los que cobran 80.000 euros. Griñán anunció tres nuevos tramos: entre 80.000 y 100.000 euros tributarán al 22,5%, un punto más; entre 100.000 y 120.000 euros, al 23,5%; y para las rentas superiores a 120.000 euros, el 24,5%. Todo esto a partir de 2011. ¿A cuántas personas afectan estas subidas? Según fuentes del Gobierno, a alrededor de 20.000 personas y la recaudación prevista supondrá unos 30 millones de euros.

El presidente anunció un nuevo impuesto para el sector financiero sobre los depósitos en las entidades de crédito: gravará el 0,3% hasta 150 millones en depósitos; 0,4% hasta 600; y 0,5% de más de 600 millones. Pero serán deducibles los préstamos que se destinen a proyectos estratégicos de la comunidad. También será deducible la obra social de las cajas de ahorros. Extremadura aprobó una iniciativa similar que está recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Griñán anunció otra medida a la que los socialistas se habían resistido como gato panza arriba durante años porque no es progresiva. Establecerá el llamado céntimo sanitario, por el que se gravará a los usuarios con el pago de 2,4 céntimos por litro de gasolina y gasóleo para financiar la sanidad. Por esta vía está previsto recaudar este año 75 millones de euros.

El presidente andaluz también tocará los llamados impuestos verdes. Creará un gravamen de 10 céntimos para las bolsas de plástico de un solo uso, que liquidarán los establecimientos comerciales. Y el impuesto sobre residuos radiactivos, que ahora paga Enresa por el cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba) pasará de 7.000 a 10.000 euros por metro cúbico. En 2009, la Junta sumó por este impuesto 6,3 millones de euros.

Según fuentes del Gobierno autonómico, sumados todos estos impuestos en un año ordinario supondrían a la Junta unos ingresos de 350 millones de euros.

La otra hoja de la tijera de Griñán afecta al sector público andaluz. Va a dejar a la mitad las 255 entidades existentes (el Ministerio de Economía dice que son 341), bien mediante absorción, fusión o extinción. No tocará a los 51 consorcios municipales. La poda afectará también al recorte de un 15% de horas extraordinarias, la congelación de las plantillas de la función pública hasta 2013, lo que implicará que sólo se cubrirá el 10% de la tasa de reposición de los servicios no fundamentales, la revisión de los contratos de arrendamiento y un aumento del 10% de recortes en protocolo, publicaciones e información institucional, lo mismo que bajarán los gastos de dietas y locomoción. También habrá restricciones para el uso de vehículos oficiales.

Griñán también se comprometió a hacer más fácil la actividad empresarial, eliminando trabas burocráticas entre la que destaca la licencia condicionada que permitirá a los empresarios iniciar su actividad sin necesidad de esperar licencia o la eliminación en los dos próximos años de pagar una fianza por la adjudicación de contratos.

Estos paquetes convivirán con las medias de impulso a la economía ya previstas en el presupuesto. ¿Servirá para relanzar la economía estos paquetes? Si no fluye el crédito financiero, no, fue la respuesta de Griñán. "Todas las medidas podrían resultar inútiles si no se consigue más liquidez", subrayó.