Griñán quiere reducir a la mitad las delegaciones provinciales de la Junta

La reforma de la Administración autonómica y la reducción de cargos públicos es un asunto recurrente en el debate político andaluz que cobra especial brío en los malos momentos económicos. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, la señaló en su discurso de investidura del pasado abril como una prioridad. Ahora, se propone abundar en una de sus vertientes: el recorte de las delegaciones provinciales de la Junta "a la mitad", según confirmó a un reducido grupo de periodistas. En la actualidad, 14 de las 15 consejerías del Gobierno andaluz cuentan con representación en las ocho provincias -la de Presidencia es la única que carece de estructura territorial-, lo que se traduce en 112 altos cargos.

Griñán esgrime razones de "eficacia" para defender esta reforma, toda vez que cuando se aplique la ley de Autonomía Local, la Junta se descargará de competencias, lo que llevará "a que haya menos consejerías" -algo que ahora no se plantea- y una "reestructuración" de las delegaciones.Aunque el Gobierno andaluz va a encargar a un grupo de expertos -del mundo de la Universidad, pero también a conocedores del funcionamiento de la cosa pública- las propuestas concretas de una amplia reforma de la administración, la idea que baraja José Antonio Griñán es la de agrupar las delegaciones de las consejerías por áreas, de modo que únicamente haya siete u ocho con un perfil de pura gestión.

La figura del delegado del Gobierno de la Junta en la provincia resultaría reforzada. El presidente andaluz pretende un "apoderamiento" político mayor del jefe de los delegados, cuya labor ahora se centra en la coordinación y representación pero no tiene poder para autorizar gastos o firmar órdenes. Este cargo se creó en 1996 para destacar la autonomía de la Administración regional frente al Ejecutivo central, que en aquel entonces pasó a manos del PP.

Su idea es que los delegados de la Junta tengan un peso similar al que tienen los secretarios de Estado en la Administración central y participen en una especie de Consejo de Gobierno andaluz ampliado -aunque evidentemente tendrá otro nombre-, para reforzar la coordinación. Ese mayor peso se traducirá en un rango mayor en la escala administrativa: pasarán de directores generales a la categoría de viceconsejeros.

Esta propuesta está ligada a su compromiso de investidura de que las decisiones que afecten a las provincias no tengan que pasar por las sedes centrales de las consejerías, lo que implicará también reformas legislativas.

Una de las pocas cosas claras en estos momentos es que las delegaciones gerenciales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) o la Agencia Tributaria se quedarán intactas, así como las delegaciones de Educación, en consonancia con la relevancia que ha conferido José Antonio Griñán a las políticas de educación durante esta legislatura. "Lo que se persigue es que los delegados de Educación actúen como agentes dinamizadores con padres y alumnos", dijo.

Las áreas concretas en que finalmente se concentrarán las 14 consejerías en cada una de las provincias está aún por determinar. Puede que la estructura sea distinta según el territorio a tenor de la especificidad de su economía: por ejemplo, que Turismo tenga una delegación propia en Málaga pero no el resto o que en Córdoba, se mantenga la de Agricultura y en otra se sume al área económica. Además de los cargos políticos, en la Administración periférica de la Junta trabajan 42.056 personas, a fecha de 1 de julio de 2009.

Este proyecto, que coordinará el consejero de la Presidencia, Antonio Ávila, cuenta con el visto bueno de la cúpula del PSOE andaluz, aun cuando es posible que una reducción de altos cargos en las provincias pueda generar algún que otro malestar interno.

De sobra es conocida la amplia capacidad de influencia, cuando no de decisión, de los secretarios generales provinciales del PSOE en el nombramiento de los delegados. En esto, como con el resto de las designaciones de las consejerías, la máxima de Griñán es la que le dijo a su partido en el comité director en el que fue elegido para presidir la Junta. "Hay que primar el mérito y la capacidad", señaló, lo cual no quiere decir que apele a un expediente académico de altura.

En la actualidad, muchos altos cargos llegan a esos puestos no por sus dotes profesionales, como por los votos que suman a los jefes de sus agrupaciones en sus congresos.

"Éstas no son las cosas de Pepe Griñán, esto es lo que nos demandan los ciudadanos", aseguró el presidente andaluz, convencido de que la meritocracia es uno de los valores preferentes de las clases urbanas.