El Gobierno califica de "ilegal" la sanción a las enfermeras sin falda

Castigar económicamente a una enfermera por usar pantalones atenta contra la ley de Igualdad. Es la advertencia lanzada ayer por el Gobierno a la clínica de San Rafael, en Cádiz, donde una decena de empleadas ha denunciado la pérdida de su complemento salarial de productividad por negarse a trabajar con falda. El Ejecutivo advierte de que estas prácticas pueden conllevar la apertura de un expediente e, incluso, una sanción económica. La secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, ha acusado a la cadena sanitaria Pascual, de la que depende el centro, de incurrir en una discriminación directa: "Se está aplicando una normativa que afecta a la retribución con respecto a temas que tienen que ver con las mujeres", manifestó en la Cadena SER. Murillo apostilló que, con estas prácticas, "la empresa está planteando un pulso que huele a rancio".

El Gobierno central no fue el único que salió en defensa de las afectadas. Dos inspectores de trabajo visitaron la clínica a petición de la Consejería de Empleo. Los funcionarios se reunieron con el director del centro, Víctor Cortezo, y con la presidenta del comité de empresa, Adela Sastre, a quienes han solicitado que recaben toda la información para defender sus argumentos.

Será el lunes 31 cuando las partes vuelvan a encontrarse con los inspectores para entregarles la documentación. Pese a la mediación de la Inspección de Trabajo, la dirección continúa sin ceder en su postura. "La empresa no se ha dirigido a nosotras para nada. Tanto es así, que el inspector ha preguntado si tienen intención de modificar y el director se ha encogido de hombres, dice que la postura de Pascual es difícil de prever en caso de que retroceda en su actitud", se queja Sastre.

Las trabajadoras preparan ya las nóminas en las que figuran los 30 euros menos de plus de productividad, así como las actas de las reuniones entre comité y empresa en las que las trabajadoras habían solicitado el cambio de la norma que las obliga a ir en faldas.

Precisamente la norma por la que las empleadas han sido sancionadas iba a ser modificada. Es lo que asegura el secretario provincial de Sanidad de UGT, Guillermo López, quien explica que en el último convenio laboral de la empresa Pascual, firmado en agosto de 2007, se incluyó una cláusula para el desarrollo posterior de la ley de igualdad. "Acordamos que en el marco de esta ley íbamos a tratar el asunto de la uniformidad". Desde entonces, sin embargo, no se ha celebrado ninguna reunión para abordar estos cambios y la negociación de un plan de igualdad.

Hasta ahora, los casos de empleadas sancionadas por utilizar pantalones sólo se han dado en la clínica de San Rafael. En el resto de instalaciones de la cadena Pascual, que en Cádiz tiene centros en Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María y Villamartín, no ha habido protestas. El presidente del comité de empresa del hospital portuense Santa María del Puerto, José María Manzano, asegura que ninguna empleada ha sido sancionada, aunque aclara: "En este centro nadie ha optado por utilizar pantalones en lugar de falda".

El uniforme de falda, delantal y cofia es obligatorio sólo para enfermeras y auxiliares de clínica. Las empleadas de limpieza llevan un atuendo diferente, aunque también con falda, mientras que las doctoras pueden utilizar bata como sus compañeros.

El Colegio de Enfermería de Cádiz considera que esta norma supone "un insulto para la mujer y para la profesión". "Las enfermeras son profesionales universitarias", señala Rafael Campos, presidente del Colegio, "no tienen porqué estar marcadas por un tipo de uniforme". Para Campos, las clínicas privadas "trabajan para la calidad aparente, la imagen, y dejan de lado la calidad real, la eficiencia. Creo que cuando se obliga a las enfermeras a ese uniforme es sólo para resultar agradable a la vista y no por criterios de eficacia, porque para la actividad que hacemos es el uniforme menos adecuado".

La Consejería de Salud, que remitió la pasada semana una carta pidiendo información sobre la denuncia de las enfermeras, sigue sin recibir respuesta de la gerencia de la clínica. Después de varios días de sordina, algunos altos cargos de Salud pudieron hablar ayer finalmente con un responsable de la dirección de esta clínica, aunque no ha trascendido el contenido de las conversaciones, informa Fernando Pérez Monguió. Fuentes de Salud explicaron que los convenios que el Servicio Andaluz de Salud firmó hace unos meses con esta empresa, antes de que se aprobase la Ley de Igualdad, son de carácter meramente asistencial. Esto es, la clínica recibe presupuestos autonómicos si pacientes del SAS son atendidos en sus instalaciones. Con todo, Salud aclaró ayer que revisarán estos convenios en el futuro "si no le satisface las explicaciones de este empresario sanitario".