Endesa y la FAMP negocian un convenio para contratar el suministro eléctrico

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la compañía Endesa se encuentran negociando un convenio marco que regularice definitivamente la adaptación de los municipios andaluces al mercado libre de la energía. Aunque la FAMP no conoce la cifra total de municipios sin adaptarse, si reconoce que son más de un centenar de los 771 municipios andaluces los que aún no han contratado el suministro energético (potencia superior a 10 kilovatios) en el mercado libre, pese a que el plazo de adaptación finalizó el 31 de diciembre de 2010, y que ya han pasado cuatro de los 12 meses de moratoria concedidos por el Gobierno.

La importante deuda que arrastran muchos municipios andaluces con Endesa, que supera los 50 millones de euros, y que se eleva a más de 100 si se incluyen otros organismos oficiales, ha provocado el desinterés de las compañías suministradoras por captar a este tipo de clientes, de alta morosidad, algo generalizado en toda España, según fuentes de la compañía eléctrica.

Los Ayuntamientos adeudan más de 50 millones de euros a la empresa eléctrica

Por este motivo, la FAMP solicitó en diciembre pasado al Gobierno una prórroga para la adaptación, argumentando que muchos de los concursos públicos para la contratación de la energía en el mercado libre quedaron desiertos "por no concurrir ninguna compañía suministradora o, en peor de los casos, al no haber sido posible cumplir las condiciones exigidas por Endesa y tener constancia del desinterés en optar de otras comercializadoras, los gobiernos locales no han convocado dicho concurso".

El convenio marco que negocian ahora la FAMP y Endesa está pendiente de respuesta de la suministradora al último borrador remitido por los municipios, según explicó el presidente de la FAMP, Francisco Toscano. En dicho documento se concretan las condiciones económicas requeridas por Endesa, así como unas contrapropuestas municipales para abaratar costes en función de la forma de pago, pago aplazado, descuentos por pago al contado, etcétera.

Los municipios quieren garantizarse la concurrencia de empresas comercializadoras a sus concursos, y los servicios mínimos energéticos a prestar por la eléctrica; y las compañías evitar situaciones de morosidad como las que se mantienen actualmente y que han suscitado importantes polémicas por los cortes de energía por impago.

Además, la adaptación permitirá la revisión de todos los contratos de cada municipio y la correcta adecuación de la titularidad del cliente-ayuntamiento, a efectos de garantías de suministro y de servicios esenciales o mínimos a prestar a la ciudadanía.