La presión social obliga a la Xunta a aplazar el desahucio de cinco menores

La crisis ha empujado a 10 personas de la misma familia a compartir un deteriorado piso de 80 metros cuadrados cuajado de humedades y con bolas de lo que parece amianto, un material cancerígeno prohibido, descolgándose por la caja de la persiana del salón. Los cinco adultos, cuatro mujeres y un hombre, están en paro y los cinco menores tienen entre cinco y 14 años. Sobreviven con la paga de 426 euros que cobra la abuela, Carmen, una limpiadora de 56 años, y la Risga (Renta de Integración Social) que percibe una de sus hijas, con dos niños a cargo.

La Xunta había fijado ayer la fecha del desahucio por impago tras un larguísimo proceso que se ha estirado más de 12 años de juzgado en juzgado, atascado en una maraña de denuncias, recursos y apelaciones de la familia, que peleó por conservar un piso de promoción pública que le fue adjudicado en 1983 y que considera suyo pese a que en 16 años solamente pagaron dos meses de alquiler.

La casa estaba a nombre del exmarido, por eso no pagaba la cuota

Un centenar de indignados del 15-M se concentraron ayer ante la puerta

Unos cien indignados convocados por el movimiento ferrolano del 15-M se concentró ayer por la mañana ante el número 55 de la calle Pardo Bajo, en el barrio de Caranza, para frenar un desahucio que no se ejecutó. Un agente de la Policía Nacional se acercó a comunicarles extraoficialmente que no se haría efectivo.

La Xunta ha optado por aplazar el desahucio para buscar un alojamiento alternativo a los cinco menores de la familia a través de los Servicios Sociales de Ferrol. No obstante, desde el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) advierten que no tolerarán ocupaciones irregulares gratuitas que supongan un agravio comparativo para las familias que viven o demandan pisos de protección y pagan sus cuotas.

La vivienda en cuestión es un bajo desconchado y en pésimas condiciones que se reparte en tres habitaciones, salón, cocina y un baño muy gastado que hasta pocos días habitaban Carmen, tres hijos, su nuera y cinco nietos.

El IGVS le adjudicó la vivienda al exmarido de Carmen en 1983 y se mudaron al piso dos años después. La pareja se divorció y la mujer siguió ocupando la casa con sus hijos mientras que al hombre le asignaron otra vivienda social en As Telleiras.

Óscar, uno de los tres hijos del matrimonio, admite que su madre solo pagó las dos primeras cuotas porque el piso continuaba a nombre de su padre, con el que no tiene relación. Los recibos sin pagar se fueron acumulando durante 16 años y la deuda alcanzó los 6.200 euros. La Xunta inició un proceso administrativo para cancelar el contrato en 1999 y, posteriormente, otro judicial para desalojar a la familia que ocupaba esa vivienda sin permiso.

"Dicen que somos okupas pero esta es la casa que nos dieron", razona Óscar. Cuenta que en 1996 reclamaron el cambio de titularidad y la subrogación del contrato a nombre de su madre, pero se lo denegaron. El argumento de la Administración, según la familia, fue que la madre no había pagado las mensualidades de un piso que legalmente no podía abonar porque figuraba a nombre de su exmarido.

Carmen ignoró las notificaciones de desahucio y siguió residiendo en el piso con sus dos hijas pequeñas y los dos nietos tirando del paro y las ayudas sociales. La crisis también dejó sin trabajo a Óscar, socorrista en verano. Él, su mujer y sus tres hijos también se mudaron a la casa. "En una cama dormían tres niños, en otra mi hermana con los dos suyos, mi madre con mi otra hermana en la tercera y mi mujer y yo, en un colchón tirado en el salón", explica Óscar.

Diez días antes de la fecha fijada para el desahucio, la familia se mudó a dos pisos de alquiler. No aclara dónde vive porque teme que los Servicios Sociales les retiren la custodia de los cinco niños "para mandarlos internos a un colegio". "El proceso judicial ha sido impecable", explica Alejandro Cortizas, el abogado "solidario" de la familia. "Lo que es un despropósito es que les quieran retirar la tutela de los menores por no tener casa, y por otro, que la misma Administración, les quite la casa", opina Cortizas, que negociará con el IGVS, dependiente de la Consellería de Territorio, para realojar temporalmente a la familia en "dos casas habitables: una por unidad familiar".

"La Xunta tiene más de 100 viviendas vacías en este barrio y el IGVS se comporta como una empresa privada", denuncia Marta Suárez, portavoz de los indignados ferrolanos. Según ella, la Xunta posterga la orden para "lavar la cara por la alarma social".