El precedente de Outeiro de Rei
La Agencia Española de Protección de Datos investigó al Ayuntamiento de Outeiro de Rei (4.852 vecinos), donde se enclava la prisión de Bonxe (500 reclusos), después de que empadronase en 2006, sin previo aviso, a 261 internos de la penitenciaría y a 122 residentes del geriátrico Carlos IV.
El Ayuntamiento remitió un escrito a los dos centros reclamando nombre y apellidos, DNI, sexo, nacionalidad y fecha y lugar de nacimiento de presos y ancianos, y la cárcel y la residencia de la tercera edad facilitaron la información. El alcalde, José Pardo Lombao (PP), explica ahora que lo hicieron así, sin ponerse en contacto con los interesados, precisamente por su condición de reclusos: "No les preguntamos a cada uno de ellos por la dificultad que tenemos para entrar allí". Este empadronamiento masivo y sigiloso salió a la luz tras las quejas de algunos presos.
Según el alcalde, a raíz de aquello, la prisión se ha vuelto opaca. Desde 2009, "no facilita ningún dato" de la población reclusa, que representa un 10% del total de Outeiro. "Es impresentable, no pagan el IBI y los servicios que les prestamos corren por cuenta del resto de los vecinos", dice.
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