De la pesca ilegal al negocio eólico

El concurso eólico que ha diseñado la Xunta del PP tendrá un invitado controvertido que, como en la anterior convocatoria, procede de un sector que nada tiene que ver con la energía, pero con una trayectoria salpicada de incidentes judiciales. La pesca ilegal, por la que ha estado procesado en Estados Unidos, es el origen del grupo que pilota el armador ribeirense Manuel Vidal Pego, al frente de un entramado de sociedades cada vez más diversificado hacia la energía tras haber probado suerte con los negocios inmobiliarios en Canarias. El empresario acaba de reestructurar esta semana su grupo de empresas con el proyecto de fusión por absorción de Eólicos del Barbanza, sociedad hasta ahora cabecera del grupo, con otras cinco firmas energéticas: Hidroeléctrica de Pontevedra, Sociedad Hidroeléctrica del Río Frío, Energías Sostenibles y Proyectos, Vientos del Cantábrico y Proyectos y Desarrollos Renovables. El nuevo nombre del grupo será Proyectos y Desarrollos Renovables SA, que explota en Galicia, Cantabria y Canarias activos hidroeléctricos y eólicos.

El grupo gestiona sociedades de energía en Galicia, Cantabria y Canarias

El bipartito le denegó los más de 700 megavatios que solicitó

Tras separar sus negocios de otros accionistas y empresarios en 2008, Vidal Pego gestionaba hasta ahora en solitario una división hidráulica con dos megavatios en el río Oitavén, en la central de Gaxate, más otros cinco en cuencas de la comunidad cántabra, a los que se suman otros ocho megavatios eólicos en Canarias, adjudicación que fue paralizada tras otro convulso concurso llevado a cabo en las islas. Además, a través de Viarsa y Viarsa Energía, propietario único hasta ahora de Eólicos del Barbanza, el grupo de Vidal Pego tiene en explotación el parque eólico de Sabucedo, con otros 13,2 megavatios, a los que se suman los conocidos como parques eólicos singulares, que son impulsados por los ayuntamientos, pero cuya autorización administrativa está en manos de la Xunta.

Está fórmula de explotación de parques ha llevado a Vidal Pego a figurar al frente de otras instalaciones en Lalín, con tres megavatios, más otros dos proyectos actualmente en fase de tramitación que suman cuatro megavatios repartidos por los concellos de A Pobra y Porto do Son. Viarsa figura como titular de todos estos activos en los registros de la patronal eólica EGA, de la que el grupo energético del armador es socia. Las variables para gestionar este tipo de parques singulares siguen varios caminos. Por un lado, los ayuntamientos suelen apostar por un sistema de concesión, por el cual una empresa asume la gestión y aporta un canon anual a las arcas locales. De otro, se crea una sociedad mixta con capital privado y participación pública, del propio ayuntamiento. Todos los concellos en los que Vidal Pego tiene intereses eólicos están gobernados por el PP, con la excepción de Porto do Son, del que fue desbancado el pasado mes de noviembre mediante una moción de censura de PSOE y BNG.

El nuevo concurso eólico que prepara la Consellería de Economía e Industria no será algo nuevo para Vidal Pego. De hecho, ya concurrió a la convocatoria impulsada por el bipartito, con muy poca fortuna al no haber sido admitido a trámite ninguno de sus proyectos. Como tal, Viarsa Energía solicitó en el concurso diseñado por el BNG un total de 75 megavatios de potencia, a repartir en cinco parques. Pero su gran apuesta fue Vieyra Enerxía Galega, SA, una de las iniciativas empresariales que más megavatios solicitó en la convocatoria. Vidal Pego se unió en esta aventura a grupos como la constructora ACS y el astillero Armón. Conjuntamente, a través de Vieyra, aspiraban a 640 megavatios, con la intención de montar 19 parques.

Pero el germen del grupo de sociedades de la familia Vidal está, igual que su leyenda negra, en el mar. Greenpeace y Oceana tienen documentada una extensa actividad ilícita de Vidal Pego y su padre, Antonio Vidal Suárez, a través de sociedades vinculadas en varios países. Ambos han estado relacionados con al menos nueve buques implicados y sancionados por pesca ilegal de bacalao de profundidad y merluza austral, según las ONG. Pero las sanciones no han ido al mismo ritmo que su afán por saltarse las normas. La más dura se la impuso la justicia estadounidense a Vidal Pego, que estará hasta noviembre de este año en libertad condicional tras ser juzgado en Florida por importación y conspiración para la venta de 26 toneladas de peces capturados ilegalmente. Tuvo que mediar una orden de la Interpol para que se entregase a las autoridades.

Tanto el Ministerio de Agricultura como la Xunta han apoyado económicamente su extensa actividad, en especial entre los años 2003 y 2005. Según una demanda presentada por Greenpeace ante la Audiencia Nacional el año pasado, que finalmente no prosperó, la empresa recibió en esos años 3,6 millones de euros, la mayoría destinados para investigación científica. Paloma V, Belma, Galaecia o Black Moon son algunos de los buques piratas. "Cambian de nombre y de bandera de forma constante para escapar a cualquier control", aseguran los ecologistas. Su trayectoria llamó la atención del entonces comisario europeo de pesca, Joe Borg, que escribió en diciembre de 2005 a la ministra Elena Espinosa señalando que seis de sus barcos estaban en las listas negras de la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos (Ccamlr) bajo banderas de varios países como Togo o Guinea Ecuatorial. "Estoy muy preocupado porque España haya decidido inscribir al barco Galaecia para la pesquería 2006 que pertenece a la misma compañía involucrada en pesca ilegal. Le pediría encarecidamente que España, por el bien de la credibilidad de la Comunidad, lo reemplace por otro barco de otro armador". Curiosamente ese buque se incendió en julio de 2008 al sur de Madagascar. Sus 35 tripulantes fueron recogidos por otro barco de los armadores de Ribeira, el Galaxy.

En esa constante búsqueda por esquivar controles, algunos de sus barcos han sido reconvertidos en patrulleras, desguazados o están en el fondo del mar. Ninguno fue tan famoso como el Virasa 1. Fue en agosto de 2003, cuando las autoridades australianas lo sorprendieron faenando ilegalmente en Heard Island, uno de los bancos más ricos de bacalao de profundidad. Tras una larga persecución de 21 días en la que se sumaron patrulleras de Sudáfrica y Reino Unido, fue detenido con 95 toneladas de peces. Este año, dos de sus barcos, el Corvus con bandera de Panamá y el Draco-1 figuran en listas negras.

El entramado de sociedades de los empresarios ribeirenses es enorme. El padre se ha apartado últimamente de la gestión y ha dado paso a Manuel Vidal, Toño, que figura como administrador o socio de 16 empresas. Virasa Cartera, dueña del 100% de Vidal Armadores es la matriz, y figura inscrita con un único empleado en un local alquilado de Ribeira. En 2008 declaró al Registro Mercantil un beneficio neto de 3.782 euros.

Otras de sus sociedades, como Mabenal o Navalmar, están en Uruguay, donde fueron señalados por pesca furtiva.