Los negocios de Igape y la patronal

Septiembre de 2009. Francisco Javier Álvarez Barbeito toma posesión (el día 11) como nuevo secretario general de Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), organismo de fomento empresarial que depende de la Consellería de Economía. El día 25 de ese mes el Boletín del Registro Mercantil publica su renuncia (efectiva antes de su llegada al organismo) a los cargos de accionista y administrador en dos empresas dedicadas a la promoción de servicios en comercio exterior: ABH Consultoría y Asistencia Técnica y Albromat Servicios Integrales. Llevaba tres años trabajando desde estas sociedades para la Confederación de Empresarios de Galicia, donde impulsó el servicio de licitaciones internacionales, que ayuda gratuitamente a las empresas a conseguir contratos fuera de España. En ese proyecto, financiado a través de un convenio por la Consellería de Traballo y la obra social de Caixa Galicia, también trabaja José Luis González, que se hace cargo de esas empresas cuando Álvarez Barbeito reingresa en la administración. Porque, pese a la breve incursión en el sector privado, el secretario del Igape desarrolló la mayoría de su carrera como funcionario del cuerpo superior de la administración autonómica. Ocupó varias direcciones generales en la Xunta de Fraga, fue jefe del servicio de Juventud, director provincial del Instituto Nacional de Empleo (del Ministerio de Trabajo), director general de Cooperación Internacional (de la extinta Consellería de Emigración).

"Dejé las empresas antes de entrar en el Igape", aclara Javier Álvarez Barbeito

A su vuelta, se encuentra con un Igape que llevaba dos años y medio sin cubrir el puesto al que él accedía y con una crisis que obligaba a multiplicar esfuerzos para que las pymes gallegas no naufragasen. Su cometido está claro: debe supervisar la gestión presupuestaria y es jefe de Recursos Humanos, una labor de oficina. Pero hace lo que ningún otro secretario, de la media docena que tuvo el organismo, había practicado antes: viaja. Se va a Washington en enero de 2010 con la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, y representantes de la CEG, en el marco del proyecto SALT (siglas del servicio que él montó gracias a una ayuda de 450.000 euros de Traballo). En julio está en Bogotá dentro de una gira por Sudamérica (también con personal de la patronal) para informar al delegado de Euskadi en la capital de Colombia de la próxima implantación de una oficina permanente en el país "apoyada por la Xunta", según atestiguan recortes de prensa.

La Consellería de Economía, que dirige Javier Guerra, tardará pocos meses en dar a conocer un plan para privatizar las oficinas del Igape en el extranjero y dejarlas en manos de la Confederación de Empresarios. Había que cerrar las delegaciones de Tokio y Varsovia; privatizar las de Düsseldorf, Shangai y Miami y abrir otras once 11 nuevas "plataformas". Y se encargaría el personal de la CEG a cambio de recibir, durante cuatro años, 18 millones de euros, 3.000 millones de pesetas. La cuantía de la asignación llamó de inmediato la atención. Abel Losada, portavoz del PSdeG, reprochó en varias ocasiones la "curiosa política de austeridad", que había tras la decisión. Pero sus interpelaciones parlamentarias cayeron en saco roto.

¿Quién ayudaría, dentro de la CEG, a montar las plataformas? José Luis González, sucesor de Barbeito en las dos empresas, también según notas recogidas por la prensa, trabaja activamente para habilitar un sistema de videoconferencia con todas las oficinas que él mismo coordinará desde Santiago. "ABH está colaborando con la CEG en el marco de un convenio firmado en 2007 y que termina este año. Ese es todo el vínculo jurídico que hay. Dentro de ese convenio es cierto que estamos ayudando en la puesta en marcha de las plataformas, como también lo hacen otros departamentos de la CEG", explica González. Descarta cualquier incompatibilidad y recuerda que el servicio de licitaciones internacionales está ayudando a que muchas empresas consigan contratos. "Creo que estamos haciendo un buen trabajo, estamos cumpliendo con el convenio y no paso facturas por la implantación de esa red de oficinas", añade.

Paralelamente, el Igape colocó a un colaborador directo de Barbeito frente a la dirección de promoción exterior. "Nos sorprendió, aquí la gente no entendía cómo cuando se organizaban viajes, en vez de que asistiese el conselleiro o el director del Igape, nos representaba siempre el secretario. El suyo debería de ser un trabajo más interno, de control", señala un empleado del instituto público que pide anonimato.

Mientras la CEG organiza la apertura de las oficinas, -se espera que las primeras se instalen en Brasil, Colombia, México, EE UU y Argentina- estalla la Operación Campeón, en la que una juez de Lugo intenta destapar un fraude multimillonario en la captación de subvenciones del Igape. La investigación terminará con el director del organismo cesado y, de rebote, hace que el secretario asuma más competencias, convirtiéndose de facto en el número dos de la institución, después del titular de Industria, Javier Guerra.

A Álvarez Barbeito le tocará fiscalizar los gastos que genere el convenio con la CEG, pero no ve ninguna relación entre ambos hechos: "No participo en ninguna propuesta para formalizar ese convenio, que es una decisión política. No firmo ninguna resolución sobre ese documento ni propongo nada en el ámbito de mi organización relacionado con esas oficinas", señala.

"Mi vinculación con las empresas terminó antes de ocupar mi puesto aquí", se defiende. Como secretario, asegura que su labor no está en el comercio exterior. "Soy secretario general técnico, no tengo ninguna competencia en promoción y cumplo la ley de incompatibilidades". Pero por sus manos pasarán las facturas que genere la puesta en marcha de esas oficinas, las mismas que su exempresa está ayudando a poner en marcha. ¿Ni desde un punto de vista ético piensa que hay demasiadas coincidencias? "No tengo nada que reprocharme", contesta rotundo.