Un juez obliga a retirar las cámaras del casco viejo de Santiago

Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santiago condenó el pasado martes al Ayuntamiento de la capital gallega a retirar las cámaras de vigilancia instaladas en el casco histórico. El Movemento polos Dereitos Civís denunció en 2006 el sistema de vídeo control instalado por la administración local en la zona vieja al considerar que incumplía "los parámetros fijados por la normativa" y que las autorizaciones de las cámaras no habían sido renovadas en los últimos cinco años, lo que niegan desde el gobierno local.

El Ayuntamiento de Santiago adjudicó las obras de instalación de seis cámaras fijas en la vía pública en diciembre de 1998. El expediente remitido a la Delegación del Gobierno en aquel entonces justificaba la puesta en funcionamiento del sistema de vídeo control por la "específica problemática del casco histórico" y alegaba la necesidad de "proteger el patrimonio histórico de eventuales agresiones" y de "incrementar las condiciones de seguridad debido a la afluencia de personas que visitarían la ciudad" durante el Ano Xacobeo 1999. Este argumento fue utilizado posteriormente para mantener el sistema de vídeo vigilancia.

El Movemento polos Dereitos Civís calificó de "desproporcionada" la medida y arguyó la "dudosa utilidad de estos medios para evitar los actos vandálicos" contra el patrimonio. El colectivo denunció además que el gobierno compostelano incumplió sistemáticamente la obligación de renovar anualmente la autorización de las cámaras y que infringió la obligación de señalizar las zonas vigiladas por las cámaras.

La sentencia del juzgado dicta que "ni consta resolución sobre las renovaciones anuales ni las solicitudes [por parte del Ayuntamiento] se han producido en plazo", por lo que condena "a la Administración demandada a la retirada de las cámaras de vídeo vigilancia en la zona vieja de Santiago de Compostela". Desde el ayuntamiento defienden que las solicitudes fueron demandadas todos los años si bien reconocen que hubo retraso entre 2002 y 2003. El alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, consideró que "debe haber un malentendido" ya que aseguró que las cámaras "tienen permiso y autorización". Bugallo anunció que recurrirán la sentencia y pedirán la suspensión cautelar ante el Tribunal Superior de Xustiza.