Un juez obliga a cambiar el sistema de contratación de las galescolas

El Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, que gestiona las nuevas galescolas, se ha visto obligado a cambiar el sistema de contratación de personal, después de que un juez anulase parcialmente las bases reguladoras del procedimiento por "vicios de legalidad". La sentencia, dictada por el juzgado contencioso administrativo número 2 de Santiago, ha obligado al departamento creado por la Vicepresidencia de la Xunta a paralizar la cobertura de las cuatro plazas impugnadas, y a reformar las bases de las que viene convocando desde que tuvo conocimiento del fallo.

El juez rechaza la convocatoria, entre otras causas, por la "omisión de una previa aprobación del cuadro de personal de consorcio" y por el "incumplimiento del requisito de publicidad de la convocatoria", que constituyen "vicios invalidantes suficientes para estimar el recurso presentado" por el sindicato nacionalista CIG. En los últimos dos años, el Consorcio, que preside el ex alcalde de Vigo Lois Pérez Castrillo, del BNG, ha contratado ya 319 personas, y tiene el objetivo de superar el millar en lo que resta de legislatura.

La sentencia, firmada el 30 de julio y recurrida por el Consorcio, cuestiona también que se optara por el sistema excepcional de concurso para la cobertura de los puestos de trabajo impugnados, sin que las plazas afectadas tengan "carácter singular". Por ello, el fallo estima el recurso, "pues en tales circunstancias sólo los sistemas de oposición o concurso-oposición podrían garantizar el cumplimiento de los principios de mérito y capacidad que deben respetarse en todo proceso de selección".

Los fundamentos jurídicos de la sentencia establecen que la convocatoria se debe regir por la legislación de régimen local, pese a la personalidad jurídica propia del Consorcio, en el que participa Vicepresidencia y los ayuntamientos adheridos. Al menos dos de las exigencias de la ley "no fueron respetadas por el Consorcio". Una de ellas afecta al principio de publicidad, y el otro, al requisito de previa aprobación de la oferta de empleo y de la relación de puestos de trabajo.

El juez reprocha además que ninguna cláusula de las bases impugnadas recoja que las plazas convocadas lo vayan a ser mediante contrato laboral temporal. Y va más allá cuando aprecia que la convocatoria "parece dar a entender que iban a ser cubiertas por personal laboral fijo". Esta condición afectaría, entre otras cosas, a la composición de los tribunales, en los que sería necesario incluir a representantes de los trabajadores.

Dos directores

El Consorcio, mientras, sigue adelante con la contratación de personal, no sólo para las galescolas, que acaparan la mayor parte de la oferta de plazas, sino también para puestos directivos del propio ente. Y entre los aspirantes a directores de las áreas de Igualdade y Benestar del Consorcio, los dos de mayor relevancia tras el gerente, figuran Pilar Cadoncia y Andrés Vázquez Piñeiro, que además de ya ejercer como tales, vienen formando parte de los tribunales de las pruebas que selección de personal, en algunos casos incluso como presidentes.

Pilar Cadoncia fue teniente de alcalde de Ames, elegida por el Bloque Nacionalista Galego, formación política a la que también pertenece Andrés Vázquez. Ambos aparecen en la lista definitiva de admitidos para los puestos de directores de Igualdade y Bienestar, respectivamente, puestos que ya ejercen.

La CIG opina que ambos directores ejercen como directores del Consorcio "en funciones" y "sin haber sido nombrados nunca oficialmente". Su candidatura en la selección de personal demuestra que ésta "está amañada", en opinión del delegado del sindicato nacionalista en los servicios centrales de la Xunta, Manuel Díaz. La participación de Cadoncia y Vázquez en los tribunales de selección también es irregular, en opinión de la Confederación Intersindical Galega.