El fiscal denuncia en el Parlamento la escalada de delitos urbanísticos

En la primera comparecencia de un fiscal superior de Galicia ante el Parlamento gallego, Carlos Varela dibujó un sombrío panorama del urbanismo gallego. Las denuncias se disparan de forma "preocupante", impulsadas por el aumento del precio del suelo y "los enormes beneficios que comportan las recalificaciones". Se trata por lo tanto de una "fuente de riesgo de comportamientos corruptos", que combina mal con el "fiasco absoluto de los sistemas de control por parte de las Administraciones públicas".

Una de las causas fundamentales que explican "no pocos casos de impunidad urbanística" radica en el "debilitamiento de las competencias" de control municipal. El fiscal superior alertó de que secretarios, interventores y tesoreros de la Administración municipal "deben jugar un papel clave en el control interno de la gestión urbanística", a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales. Pero sus atribuciones menguan y la corrupción crece.

El informe aboga por endurecer las incompatibilidades en ayuntamientos

Carlos Varela también abogó por actualizar el régimen de incompatibilidades del personal de los ayuntamientos y por reforzar los cuerpos autonómicos de inspección urbanística y las unidades policiales especializadas. "Constituirían medidas eficaces para combatir este tipo de corrupción", opinó Varela. Todo ello, "acompañado por la obligación de los altos cargos de hacer público su patrimonio al comienzo y al final de su mandato". Otra de sus recomendaciones consiste en la ejecución efectiva de demoliciones de construcciones ilegales y la imposición de sanciones conminatorias, para "disuadir a los potenciales infractores".

Según los datos de la memoria de 2007 de la Fiscalía Superior, que constituyó el objeto de la comparecencia de Varela, destacan por el aumento de las investigaciones en materia urbanística las provincias de A Coruña y Pontevedra, "donde la presión inmobiliaria es más acentuada". En la pontevedresa se concentra el 72% de los procedimientos judiciales relacionados con el urbanismo. Los delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio dieron lugar en 2007 a 123 diligencias de investigación penal por las fiscalías provinciales y a la interposición de 32 denuncias por edificaciones presuntamente ilegales. Los juzgados de instrucción incoaron además 58 diligencias previas.

Las cifras globales de 2007 que el fiscal presentó a los diputados reflejan una disminución respecto al año anterior del 6,9% en el número de procedimientos penales, que bajaron a 205.942. Las diligencias previas fueron 200.730, un 7,3% menos que el año anterior, mientras que las de juicios rápidos aumentaron un 10,8%. Los órganos judiciales gallegos dictaron 25.571 sentencias. La población reclusa, mientras, aumentó un 5,09%, hasta alcanzar 4.269 internos, el 6,3% del estatal.

Varela se salió del guión de su repaso a los delitos relacionados con menores, mujeres, accidentes laborales e incendios para detenerse en un grupo delictivo en auge, que tiene como objetivo el patrimonio histórico. El fiscal constató la existencia de un "mercado ilegal de piedra y de objetos religiosos", por lo general a través de Internet. Se trata de hurtos en iglesias, monasterios o ermitas, por una parte, y en hórreos, cruceiros, pazos y puentes medievales, en lo que se refiere a "arquitectura popular". Otro tipo de expolio arqueológico es el de los yacimientos subacuáticos, que llevó al fiscal a proponer una carta arqueológica submarina que permita adoptar medidas de vigilancia.

El fiscal propuso un "nuevo paradigma de política pública de justicia", que pasa por la reorganización del mapa judicial, con una oferta diferenciada en cada zona; la modernización de los órganos judiciales, mediante la introducción de nuevas tecnologías, y la creación de órganos instructores especializados en medio ambiente, urbanismo y delitos económicos. El fiscal recomendó la creación de un observatorio permanente de la justicia.