La familia de una niña que murió tras una operación de anginas denuncia negligencia

El vacío de la pérdida de un hijo nunca se llena, pero el paliativo usual es la resignación o, en muchos casos, culpabilizarse o buscar culpables. Raúl Varela y Paula Puig consideran que a su hija Eva, de cuatro años, la mató una negligencia médica en el Hospital Modelo de A Coruña, en abril del año pasado, y reclaman justicia, con toda la rabia y con todos los medios de los que disponen. El pasado miércoles, el juez que lleva el caso tuvo que mandar desalojar a un grupo de medio centenar de personas que se habían concentrado en la sede de los juzgados coruñeses, con una pancarta y gritos contra los acusados. Y eso que lo que se celebraba no era la vista oral, sino la declaración de los dos médicos, los inicios de una instrucción que ni siquiera está claro que vaya a acabar en una causa penal.

No fue compensado el bajo nivel de sodio señalado por los análisis

En la UCI, el médico de guardia ordenó por teléfono el tratamiento

De hecho, los querellados se limitaron a contestar a las preguntas del juez y de su abogado, pero se negaron a hacerlo con las de la acusación particular, por consejo del defensor, José Luis Gutiérrez Aranguren, como denuncia de lo que considera "un juicio paralelo mediático, e incluso una convocatoria en las redes sociales a algo semejante a un linchamiento". Pero Raúl Varela, que no sólo es el padre de Eva, sino uno de los tres abogados que ejercen la acusación particular en nombre de la familia, lo tiene claro. "Que un grupo de amigos y familiares exteriorice su opinión quizá no sea habitual, pero sí es normal si están convencidos, como lo estoy yo, de que mataron a mi hija".

Aquella mañana del 29 de abril de 2010, la niña entró en uno de los quirófanos del Hospital Modelo, uno de los sanatorios privados con más solera de la ciudad. Era para una extirpación de amígdalas y vegetaciones, una intervención de rutina, igual que los primeros síntomas posoperatorios, náuseas y vómitos. Pero por la tarde, lejos de remitir, se agravaron, y sobre las nueve, la niña convulsionó. Una analítica reveló hiponatremia, niveles bajos de sodio, y el primer acusado, el pediatra J.G.Y-P

[Julio González Yebra-Pimentel], ordenó un tratamiento consistente en el suministro de ese elemento.

"Prescribió una dosis muy inferior a la necesaria y para demasiado tiempo, 24 horas, cuando lo normal es suministrar más y como mucho para dos o cuatro horas", según la versión del padre y acusador, sustentada en informes periciales. "La atención fue la correcta, según la literatura médica. Es una cuestión de equilibrio y de ajustar dosis. Cantidades elevadas de sodio pueden provocar daños cerebrales", contrapone Gutiérrez Aranguren.

El caso es que, durante la noche, Eva empeoró, y sobre las cinco de la mañana, entró de nuevo en convulsión. A pesar de que la niña había sido trasladada a la UCI, por insistencia de la familia, en esa unidad no había ningún médico de guardia presencial. La enfermera telefoneó al doctor, que le ordenó mantener el tratamiento prescrito y suministrarle valium a la niña.

La mañana del día 30, la pediatra que entraba de turno, la segunda acusada C.G.C

[Carmen García Cabanas] ordenó una nueva analítica. "El nivel de sodio era todavía menor y, pese a ello, mantuvo el tratamiento anterior. Solo aumentó la dosis cuando, a las 11.45, la niña sufrió una parada respiratoria. Por la tarde le descubrieron un edema cerebral", mantiene Raúl Varela. "Nunca nos informaron de su estado real, solo generalidades como que estaba malita, y cuando insistimos en que la llevaran al Hospital Materno Infantil, ya por la noche, allí nos dijeron que ya estaba en muerte cerebral".

En su declaración ante el juez, el primer pediatra actuante aseguró que él intervino horas después de la operación, cuando la niña ya estaba enferma y con tratamiento, que él mantuvo. La otra acusada sostiene que el cuadro de la niña era grave y con un alto índice de mortalidad, y que no se logró superar. "Yo entiendo a los padres, incluso que hayan malinterpretado la información que les dieron en el hospital, pero no el silencio que hay en la querella sobre la operación y lo que pasó hasta que intervinieron mis defendidos", reflexiona ahora su letrado. Si la instrucción determina que hay motivos para un enjuiciamiento, las penas que solicitarán las acusaciones para los pediatras son cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación.

Hay un quinto abogado que interviene en el caso, el representante del Hospital Modelo (que sería el responsable subsidiario en caso de condena), que se ha limitado a argumentar que los acusados no tienen contrato laboral con el centro sanitario, únicamente una relación de arrendamiento de servicio.