El constructor del 'caso Orquesta' acaparaba las obras municipales

El constructor de Muxía Daniel Ogando, imputado junto a tres alcaldes y dos concejales de la Costa da Morte en la Operación Orquesta contra la corrupción en esta comarca coruñesa, acaparó en los dos últimos años las contrataciones a dedo de obra pública de esos tres ayuntamientos, sobre todo en Fisterra y Cee. El hijo de Ogando, Ramón, dueño de Palcos Senande, así como un empresario local de espectáculos Jorge López Lago, son investigados por la contratación de festejos municipales. El presunto cobro de comisiones para obtener contrataciones públicas, sean obras o espectáculos para festejos, está detrás de este caso, iniciado por casualidad en 2009 en el marco de escuchas telefónicas ordenadas por la justicia para una causa relacionada con el tráfico de drogas.

El juez de Corcubión, que ha decretado el secreto de sumario, continuará hoy con la toma de declaraciones de los ocho detenidos el lunes por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y falsificación de documentos. Tras pasar el día en el juzgado, sobre las nueve de la noche fueron puestos en libertad provisional sin fianza pero con cargos los alcaldes de Fisterra, José Manuel Traba, y Mazaricos, José Manuel Maneiro, ambos también diputados provinciales del PP, así como los tenientes de alcaldes de Fisterra, Santiago Insúa y Ramón Redonda, igualmente militantes populares Los cincos cargos municipales deberán comparecer en el juzgado cada 15 días. Libres con cargos quedaron además los Ogando, padre e hijo, aunque tuvieron para ello que depositar una fianza de 10.000 euros. Hoy pasarán a disposición judicial, tras pasar una segunda noche en los calabozos de la policía nacional, el alcalde de Cee, Ramón Vigo (independiente), así como el empresario López Lago.

Entre la abundante documentación que la policía incautó el lunes a los ayuntamientos de Cee, Fisterra y Mazaricos sobre obras adjudicadas a Ogando en 2010 y 2009 -suman un valor total de tres millones de euros-, hay una mayoría que fueron costeadas con cargo a programas anticrisis, como el Plan E del Gobierno central u otro de la Diputación de A Coruña para financiar servicios esenciales en los ayuntamientos. En Fisterra, la gran mayoría de las obras de contratación directa que concedió en los últimos años el gobierno local del PP, cuyo regidor y dos tenientes de alcaldes están imputados en esta causa, fueron encargadas a esta constructora de Muxía.

"La afinidad de Ogando con el alcalde es evidente, no nos cansábamos de quejarnos, de recordar que había también constructores capaces en Fisterra y nos contestaban que era porque tenía los mejores precios", relata la portavoz local del BNG, Mónica Góñez. En esta localidad de apenas 5.000 habitantes y con un presupuesto municipal de 3,6 millones anuales, el constructor obtuvo siete contratos en dos años, casi todos adjudicados a dedo por valor de 1,15 millones de euros.

Aunque en Cee también logró un beneficio similar -seis obras por valor de 1,08 millones- no era, sin embargo, el empresario favorito por sistema del gobierno municipal, integrado por independientes y socialistas. Pero el alcalde, que pasó su segunda noche en los calabozos de la comisaría de A Coruña a la espera de declarar hoy ante el juez, es reacio a convocar concursos para contratar obras o servicios públicos. Prefiere las contrataciones a dedo o negociadas sin publicidad, una figura de la ley de contratos públicos que permite a los regidores elegir libremente entre tres propuestas. Ramón Vigo, en cuatro años al frente del Ayuntamiento de Cee, sólo convocó un procedimiento abierto, es decir, con ofertas y concurrencia, para las obras del mercado municipal. "Es un abuso, recurre demasiado a la adjudicación directa", se queja el edil del BNG Daniel Oca.

Una de las prácticas más recurrentes para eludir el límite de coste de una obra pública, permitida por la ley, es fraccionar en varias adjudicaciones el encargo. A Ogando, el alcalde de Cee le encomendó entre 2009 y 2010, mediante procedimientos sin publicidad, la realización de tres actuaciones distintas en la polémica Casa da Cultura de esta localidad: acondicionar sus tres plantas (319.936 euros), adaptar el escenario para actuaciones teatrales (70.000 euros) y finalmente, en agosto pasado y por importe de 146.850 euros, terminar la construcción de un edificio iniciado hace 12 años y cuyo coste se disparó a tres millones de euros.

Las contrataciones municipales de festejos con el hijo de Ogando, Ramón, así como con Jorge López Lago, empresario de espectáculo y encargado de contratar orquestas y conciertos, están también en el centro de esta investigación judicial por corrupción, que se destapó por casualidad al intervenir teléfonos de varias personas por otra causa relacionada con el tráfico de drogas. Las fiestas patronales de Cee, en agosto, son competencia directa del alcalde.

Y un informe de la Intervención Municipal alertó de irregularidades en las cuentas de esas fiestas. No se fiscalizan los gastos e ingresos de las celebraciones, como es obligatorio, "ni antes ni a posteriori" de que tengan lugar. Y la interventora del Ayuntamiento también se sorprendía en su informe de lo poco que se recaudaba para las arcas municipales por la instalación de barracas y atracciones durante las fiestas. Un negocio del que se ocupaban dos de los imputados, López Lago y Ramón Ogando.

Ninguno de los cinco imputados que ayer estuvieron declarando ante el juez quiso aportar detalles de los cargos de que se les acusa y que les llevaron a pasar una noche en el calabozo de la pplicía Nacional. Se refugiaron en el secreto de sumario decretado por el juez. Solo el constructor, que salió por la tarde un momento del juzgado, posó para los fotógrafos en actitud casi desafiante. "Tranquilos, que no hay nada que ocultar, aquí no pasa nada", dijo con amplia sonrisa.

Medio centenar de vecinos y familiares de los alcaldes de Mazaricos y Fisterra se desplazaron hasta el pequeño juzgado de Corcubión para arropar a los políticos imputados. Incluso algunos vitorearon al alcalde de Fisterra, una localidad donde ayer se repetían los llamamientos a respetar la presunción de inocencia. También ese fue el argumento de la teniente de alcalde de Cee, la socialista Amancia Trillo, para aplazar el traspaso de poderes que deberá asumir en ausencia del regidor hasta que este declare, hoy, ante el juez.