Polígono de empresas clandestinas

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha emplazado a las empresas que actúan sin licencia a que la tramiten ya porque "las ilegalidades se van a acabar en esta ciudad". La Concejalía de Urbanismo multiplicará las inspecciones para hacer cumplir la ley, promete y amenaza el regidor al calor de lo sucedido en O Gorxal: una nave calcinada en un entorno hipersensible por los riesgos que entrañaba el funcionamiento de sus 11 empresas, sólo una de ellas con licencia de actividad, que, además, no era estrictamente la que desarrollaba. El propio Caballero tardó días en descubrirlo. El siniestro puso en evidencia una situación fuera de control que se prodiga por todo el municipio vigués, con centenares de empresas en situación de clandestinidad.

Caballero promete cambiar la política de tolerancia con la falta de permisos

Hay ocupados dos millones de metros cuadrados en áreas sin urbanizar

Ni el Ayuntamiento vigués ni las organizaciones empresariales conocen el número de compañías que hay instaladas en los múltiples polígonos industriales improvisados. Los estudios previos para la elaboración del actual plan general de urbanismo constataron la existencia de al menos 31 áreas industriales, así definidas y señaladas, ninguna de las cuales se ha desarrollado con las figuras de planeamiento definidas en las normas legales. Las empresas llegaron antes a estas zíes (zonas de industrialización espontánea), luego se reconoció el ámbito que ocupaban como suelo industrial y el plan general de 1993 las incluyó como áreas de "planeamiento secundario industrial", que nunca se ejecutó.

Por el contrario, ese reconocimiento de las zíes como suelo industrial, abrió la puerta a reformas y ampliaciones de las naves existentes y a la construcción de otras nuevas para atender a la fuerte demanda de empresas que buscaban sitio, sin que la Xunta programara nuevo suelo al efecto. Las naves, como la de O Gorxal, multiplicaron los espacios con un exclusivo afán especulativo y así las cosas se complicaron más.

Los mismos estudios constatan la ocupación a mayores por naves industriales de suelos rústicos o residenciales. No consta que ninguna fuera clausurada, y el Ayuntamiento ha optado también ahora, en el nuevo plan general, por legalizarlas. Sería el caso de Las Cinco Jotas, que empezó siendo en los años 80 una carpintería. Hoy, dedicada a prefabricar casas de madera, ocupa más de 15.000 metros de suelo rústico de protección forestal en la parroquia de Candeán. Los tres grupos municipales votaron su continuidad, aunque está incluida en el 1% del plan suspendido y pendiente del dictamen de la Consellería de Política Territorial.

En el término municipal de Vigo las zíes suman unos dos millones de metros cuadrados ahora catalogados como suelo urbano consolidado y de uso industrial. Independientemente de su aprovechamiento real (actividades a las que se dedica), cuando este suelo se catalogó ya no quedaba en él ningún solar libre en el que instalar empresas mediante licencia directa. Y la industria, como elemento dinámico por excelencia que es, tampoco pudo frenarse. Todo lo contrario. Buscó huecos y los llenó, sin reparar, ni antes ni ahora, en cosa distinta que su propio interés. Ya no son industrias de chimenea o actividad ostentosa, sino empresas de servicios -a otras empresas, sobre todo-, que encuentran más fácil acomodo en naves de alquiler y con vecinos dispares, con o sin licencia. La precariedad y la clandestinidad sobrevenidas, consecuencia de su propia urgencia de actividad, inquietan lo justo, que es muy poco, habida cuenta de la lentitud y desidia de la maquinaria de control municipal. Muchas, como en O Gorxal, ni se molestan en solicitar la licencia, máxime si conocen que, con la ley en la mano, no podrán obtenerla. Tampoco nadie las cierra.

Pero esa clandestinidad, que aprovecha niveles mínimos de urbanización (viales de acceso, redes de agua y saneamiento y otras infraestructuras y servicios), también evita que los mismos se redimensionen y modifiquen en función de la propia implantación y provoca distorsiones muy difíciles de seguir y encajar en proyectos de gestión urbanística más amplios. Condena a todos a funcionar en la estrechez y mezcolanza más chapuceras: suelos que trenzan los usos residenciales, industriales, terciarios y rústicos, y naves donde conviven actividades tan variopintas como la manipulación de productos químicos con, por ejemplo, la alimentación.

Afuera no hay espacios libres y se aparca en lugares inverosímiles para no cerrar los viales al tráfico, frecuentemente pesado e intenso siempre, o sea, con atascos e interrupciones. No hay aceras, ni árboles que mitiguen el impacto de entornos que ignoran la estética, con niveles diversos de construcción y mantenimiento en los cierres de cada una de las parcelas. Tampoco hay el menor orden en el equipamiento y urbanización de las superficies (alumbrado público, señalización, pasos de cebra...) Y las empresas, sin los papeles en regla, tampoco pueden acceder a ayudas públicas.

La eficacia del control de la administración local salta a la vista, como los años de incuria que permitieron crecer ese laberinto industrial. La política constante ha sido la de contemporizar, anteponiendo las razones socioeconómicas del empleo. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, promete ahora cambiarla, inducido por el calor de O Gorxal.