Pescanova incumple desde 2005 una orden de demolición de la planta de Oia

Pescanova incumple desde febrero de 2005 una orden de Política Territorial para que derribe una planta acuícola de Oia que invade la zona de protección de costas. Una juez ha imputado un presunto delito contra la ordenación del territorio al director de Insuiña, la filial de Pescanova que gestiona las granjas de acuicultura de la compañía. La batalla contra la factoría ilegal no se libra sólo en los juzgados, pero la compañía ha hecho oídos sordos a los reiterados intentos de la Xunta, ya durante el mandato del PP, de que proceda a la demolición de la planta.

La Dirección Xeral de Urbanismo declaró el 10 de febrero de 2005 - todavía con el Gobierno del PP - "ilegalizables" las obras de construcción de la planta, ordenó su demolición y prohibió definitivamente los usos para los que estaban destinadas. Las obras, según la orden dictada por el departamento de la Xunta, se ejecutaban "sin la preceptiva autorización autonómica" y no se ajustaban a la licencia municipal de septiembre de 1999. Así, en la orden de demolición, se especifica que el permiso del Ayuntamiento de Oia limitaba la ocupación máxima de la superficie de la parcela edificable al 20%, pero las instalaciones sobrepasaban el 68%. Pescanova también triplicó la edificabilidad permitida.

La planta de Oia constituye un presunto delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio, de acuerdo con las imputaciones de la jueza de Tui que lleva el caso, abierto a raíz de una denuncia del la Guardia Civil. La jueza ha implicado a miembros de la anterior corporación municipal de Oia, al aparejador municipal y al director de la filial de Pescanova que gestiona las granjas marinas, Insuiña S.L. La planta se construyó pese a los informes contrarios de la Consellería de Política Territorial y a la calificación de los terrenos como suelo rústico de protección de costas en las normas urbanísticas de Oia.

La oposición de Política Territorial comenzó en abril de 1999, cuando denegó la autorización autonómica previa a la licencia municipal para las obras solicitadas, consistentes en una planta industrial de engorde de rodaballo, lubina y dorada en Mougás, en el término municipal de Oia. Insuiña desistió ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el recurso que presentó contra la citada resolución, pero unos meses más tarde, en febrero de 2000, el concejal de Urbanismo de Oia concedió la licencia. El planeamiento del municipio, aprobado definitivamente en marzo de 1996, clasifica los terrenos como suelo no urbanizable de protección de costas.

Obras ilegalizables

Pasaron cuatro años hasta que la Xunta reaccionó, pero lo hizo con un expediente de reposición de la legalidad urbanística de las obras que no fue atendido, y que desembocó en la declaración de las obras como ilegalizables y en la orden de demolición. La filial de Pescanova no atendió la resolución de la Dirección Xeral de Urbanismo, complementada con otra, de febrero de 2006 - ya con el Gobierno bipartito-, que confirmó la legalidad de la orden de demolición recurrida por Insuiña y por el alcalde de Oia.La compañía acuícola ha tenido que hacer frente a varias sanciones de la Xunta. La última de ellas, de 10.000 euros, impuesta en una resolución del pasado 8 de noviembre, en la que se insta la ejecución forzosa de la demolición, "firme en la vía administrativa e inmediatamente ejecutiva". Previamente, en abril de 2005, la "infracción urbanística grave" le supuso a Pescanova otra multa de 72.000 euros. La empresa afrontó la sanción, pero la planta sigue en funcionamiento.

La batalla administrativa contra la factoría acuícola se libró también con el Ayuntamiento de Oia y ante el Valedor do Pobo, al que la Dirección Xeral de Urbanismo ha recurrido en tres ocasiones, las tres durante el mandato del Partido Popular. Las dos primeras, el 29 de octubre de 2004 y el 7 de diciembre del mismo año, y la última, con una comunicación del 16 de febrero de 2005.

La imputación a los concejales de Oia y al director de acuicultura de Pescanova se produjo después de que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) presentase una denuncia en el juzgado, que acompañó de un informe de la Dirección Xeral de Urbanismo.

Las gestiones del anterior Gobierno gallego contra el proyecto de Pescanova no trascendieron públicamente. La denegación del permiso del Ejecutivo de Pérez Touriño al proyecto de piscifactoría en Touriñán, en cambio, desembocó en un enfrentamiento directo con la compañía acuícula, que acusó a la Xunta de obligarla a invertir en Portugal por su falta de apoyo a los proyectos en Galicia.