El PSdeG propone una ley para buscar a los represaliados
La norma crearía un banco de ADN, un mapa de fosas y un censo de víctimas
Los familiares de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil dispondrán, si prospera una proposición de ley presentada ayer por el grupo parlamentario socialista, de un banco de ADN, un censo de víctimas y un mapa de localización de fosas comunes en territorio gallego. Concepción Burgo, portavoz de Cultura del PSdeG en el Parlamento y encargada de presentar el texto ante la prensa, definió la propuesta como un "compromiso moral" de su partido con los asesinados por sus ideas políticas, informa Europa Press. La ley, de aprobarse, contemplaría también la señalización de los espacios usados como fosas comunes, con el ánimo de dignificarlos, y cargaría al Gobierno gallego con la tarea de recuperar e identificar a los desaparecidos.
Burgo critica la "falta de compromiso" de la actual Xunta con los asesinados
No es la primera vez que el Parlamento gallego registra una iniciativa sobre la memoria histórica. Ya lo hizo en octubre de 2008, un año después de promulgarse la Ley de Memoria Histórica del Gobierno central. En aquella ocasión, la Cámara autonómica aprobó por unanimidad una resolución en la que reconocía la necesidad de identificar y restablecer la dignidad de los asesinados durante la guerra y la posguerra en Galicia. Pero hasta ahora no se había dado un paso tan firme para que la comunidad tuviera su propia normativa sobre la recuperación de fosas y datos de represaliados.
Una de las principales acciones que prevé el texto presentado por los socialistas es la creación de un censo de desaparecidos en el que se registrarán los datos de las víctimas para facilitar su identificación. Otras comunidades contabilizan a los asesinados en la guerra desde hace años; algunas, como Cataluña, desde antes de que se aprobase la Ley de Memoria Histórica en 2007. El censo vendría a completar otras dos grandes propuestas: la creación de mapas de localización de fosas -avanzados en Cataluña, Aragón, Andalucía, País Vasco y Extremadura- y un banco de ADN que haga rápida y fácil la identificación de los cadáveres. Los socialistas proponen también la constitución de un comité técnico en el que estarían representados la Xunta, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), profesionales de la historia, la arqueología, la medicina forense y el derecho y asociaciones dedicadas a la memoria histórica. Sus representantes serán escogidos por la Xunta cada cuatro años.
En Galicia están identificadas hasta el momento unas 100 fosas comunes con 400 cadáveres, un número muy inferior al de otras comunidades que Concepción Burgo atribuyó a la ausencia en la comunidad de "enterramientos masivos". La portavoz de Cultura de los socialistas arremetió además contra la actual Xunta del PP por su "falta de compromiso" con la memoria histórica de Galicia. Burgo recordó el cambio de uso de la isla de San Simón -la Xunta anunció su conversión en un centro cultural de "referencia internacional" -, la paralización de los convenios entre la Universidade de Santiago y el Instituto de Medicina Legal para realizar exhumaciones y el recorte del presupuesto destinado a la investigación sobre la represión. El proyecto interuniversitario As vítimas, os nomes, as voces e os lugares, por ejemplo, vio disminuidas las subvenciones de la Xunta en 200.000 euros para este año.
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