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Columna
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Fraude fiscal: dichos y hechos

De ser usted, que tiene a bien leer estas líneas, una persona medianamente representativa del conjunto de nuestra sociedad, considerará que los impuestos son en realidad un instrumento necesario para financiar los servicios públicos, y no tanto un medio para redistribuir la riqueza. Que usted es mucho más responsable en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales que el resto de sus conciudadanos. Que en España hay mucho o bastante fraude fiscal, lo que no solo le desmotiva cuando le corresponde pagar sus impuestos sino que además le lleva a pensar que a usted le hacen pagar más, o que se dedican menos recursos públicos al mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Y que las administraciones públicas hacen más bien pocos o muy pocos esfuerzos para perseguir el fraude fiscal.

Resulta contradictorio que el PSOE tache de subida de impuestos la lucha contra el fraude

Y, en la medida en que usted se sienta más o menos identificado con el perfil que del contribuyente español nos presenta el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en su serie de encuestas sobre opinión pública y política fiscal, es altamente probable que se sienta reconfortado al saber que los resultados en los últimos años de la lucha contra el fraude fiscal en los únicos tributos que gestiona la Xunta, que son los que gravan la transmisión de la riqueza (uno de los más tradicionales indicadores de la capacidad de pago de las personas, pues los ricos suelen adquirir más bienes patrimoniales que los pobres), han evolucionado de la siguiente forma: en 2005 y 2006, la Xunta descubrió fraude e ingresó en consecuencia 4,5 millones de euros; en 2007, 8,7 millones; en 2008, 11 millones; y ya con el actual gobierno, y en plena crisis (lo que retrae las transmisiones patrimoniales), 19 millones en 2009 y 22,5 en 2010. A mediados de este año la cifra asciende a 20,5 millones, con lo que es muy probable que cuando concluya se supere ampliamente el resultado de 2010.

Para dar una idea de la magnitud de la cifra, especialmente relevante cuando las arcas autonómicas tienen serias dificultades para financiar nuestra sanidad, valga una sola referencia: las estimaciones más optimistas de la recaudación adicional que se obtendría con las propuestas de subida del impuesto sobre la renta autonómico que han presentado los socialistas gallegos (propuestas, en plural, porque ya han presentado dos, y no muy coherentes entre sí) alcanzarían los 12 o 13 millones. Es decir, lo mismo que la actual Xunta ha recaudado haciendo cumplir la normativa fiscal existente.

Pero el perfil que del contribuyente español nos dibuja el CIS explica bien a las claras por qué, a su vez, usted se puede sentir molesto, o molesta, cuando de resultas de una inspección fiscal, descubre que ha sido usted quien en opinión de la administración y/o los tribunales ha incumplido la normativa fiscal en vigor. Porque, en la misma medida en que usted como reflejo de la opinión mayoritaria piensa que se debería perseguir más el fraude fiscal, también está convencido de que recibe menos de las administraciones de lo que le correspondería a cambio de lo que tributa. Y de que nuestro sistema fiscal no es justo porque los que son ricos pagan mucho menos de lo que deberían, y los que son pobres mucho más de lo que pueden. Una aparente contradicción que, en el fondo, y respecto de la última afirmación, no lo es tanto: es verdad que nuestro sistema fiscal no puede ser puesto como ejemplo de sistema fiscal justo cuando las cifras oficiales de recaudación tributaria nos muestran que en torno al 80% de los ingresos totales obtenidos en España con el impuesto que grava la renta de las personas físicas (el tributo más redistributivo de los existentes) provienen de rentas del trabajo, mayoritariamente por cuenta ajena; y sólo el 5% y el 8%, respectivamente, de los rendimientos del capital mobiliario y de las actividades económicas.

Lo que sí resulta altamente contradictorio, en cambio, es que los representantes de un partido que se autoproclama socialdemócrata, y que defiende como principal alternativa de política fiscal en Galicia la subida del IRPF autonómico, se apreste a denunciar que los excelentes resultados en la lucha contra el fraude en los tributos que gravan la transmisión de la riqueza son, nada menos, que "una subida de impuestos por la puerta de atrás". Una puerta por la que, discretamente, deberían abandonar lo que no es más que un discurso algo irresponsable y bastante demagógico para aprovecharse de las percepciones ciudadanas sobre un sistema fiscal cuya equidad bien poco han contribuido a mejorar en sus años de Gobierno, como el mismísimo exvicepresidente de ese gobierno, Pérez Rubalcaba, reconoció el gran día de su proclamación como candidato socialista al Gobierno de España.

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