La Fiscalía se querella contra una cantera de Xunqueira de Ambía

La Fiscalía de Ourense ha presentado una querella por acto depredatorio, hurto y daños medioambientales contra la empresa minera Farriense de Granitos, SL, regentada por empresarios vinculados al alcalde popular de Xunqueira de Ambía, José Luis Gavilanes.

Industria demoró el cierre de actividad pese a las continuas reclamaciones

La empresa solicita ahora instalar en el monte un aserradero de piedra

La querella incluye, además, una denuncia por supuesta ilegalidad administrativa contra la delegación de la Consellería de Industria en Ourense, de la que es responsable el nacionalista Xosé Antón Jardón, que "no cerró la actividad de la cantera ni la sancionó hasta que no hubo una intervención del fiscal", según fuentes judiciales. Industria demoró la paralización de la actividad ilegal de la cantera pese a las continuas reclamaciones realizadas por el portavoz municipal del BNG en ese municipio, Xosé Lois Quintas Coello.

La empresa Farriense de Granitos, conocida por los vecinos de Xunqueira de Ambía como "a canteira do alcalde", según consta en el informe de investigación elaborado por la Policía Judicial, pese a que Gavilanes no figura en la misma, tiene como administrador único a Gregorio Rodríguez Fernández, ex teniente de alcalde del PP en el ayuntamiento limítrofe de Maceda, y como apoderados a José Luis Meire Sampedro, jefe de obras del Ayuntamiento de Xunqueira de Ambía, y Manuel Carracedo González, que fue empleado de Gavilanes como camionero. Antes figuró también como apoderado Samuel García, ex concejal del PP en Xunqueira, y Antonio Domínguez, presidente de los graniteros de Ourense, ahora desvinculado de la empresa.

Farriense de Granitos, cuya actividad fue paralizada a raíz de la querella del fiscal, está situada en el Monte de A Farria, que figura en el planeamiento urbanístico de Xunqueira como protegido a nivel A (protección paisajística y de montes) y con una declaración de la Administración que prohibía la actividad extractiva. Además, los responsables de la explotación han estado trabajando sin licencia municipal, y comercializando el producto durante cuatro años sin que el gobierno local presidido por Gavilanes ordenara tampoco su cierre.

La empresa se constituyó en enero de 2004 con un capital social de 18.000 euros, se inscribió en el Registro Mercantil con una actividad dedicada a la "extracción de piedra para la construcción", y realizó la labor extractiva y comercial pese a que había solicitado un permiso de investigación válido únicamente para analizar la calidad del terreno.

El monte A Farria -un macizo granítico de interés geomorfológico, botánico y paisajístico, coronado por enormes castillos de piedras- está sometido a Protección Especial Paisajística y a Protección Especial de Montes, y la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental declaró el pasado 6 de marzo la prohibición de cualquier proyecto extractor en él. Pero la empresa siguió trabajando hasta que la Consellería de Industria decretó la paralización a instancias de la Fiscalía.

Las fuentes consultadas por este periódico sostienen que el cierre "ha llegado un poco tarde" y no afectará demasiado a la empresa, "que es más que probable que haya agotado ya las posibilidades de la cantera" y no le suponga coste alguno abandonarla. Así lo confirman los datos derivados del volumen de negocio, en los que queda de manifiesto que en 2006 las ventas, de 585.809 euros, reflejan un descenso del 5,96% en comparación con 2005, mientras que entre 2004 y 2005 la facturación había crecido un 40,6%.

Las cifras del último balance que figuran en el Registro Mercantil destacan que el valor añadido de la empresa ha sido del 57,95% sobre el valor de la producción, "situándose un 18,6% por encima de la media de su sector". En octubre, Farriense de Granitos disponía de unos recursos propios del 2,78% ("un 41,21% por debajo de la media de su sector") y unos recursos ajenos del 97,22%, que la colocaban en este caso un 41,21% por encima de la media del sector.

Farriense de Granitos, SL se instaló en 2004 en el monte comunal de A Farria, en unas 30 hectáreas de terreno, con un contrato de alquiler por 10 años y un pago de 180.000 euros. Una vez paralizada la actividad extractora, el administrador de la empresa, Gregorio Rodríguez, ha solicitado autorización municipal para la instalación de un aserradero de piedra.