El Estado pide la exculpación del cargo público acusado por el 'Prestige'

Un anciano y enfermo capitán griego puede resultar el único acusado por la marea negra del Prestige. O ni siquiera. Seis años después de la catástrofe, el pequeño juzgado de Corcubión (A Coruña) entra en fase final la procelosa y enrevesada instrucción del caso más importante abierto en España por un delito medioambiental. Pero a la espera de un último informe que cuantifique los daños y de recibir del extranjero dos comisiones rogatorias, la Abogacía del Estado considera que hay pruebas suficientes para eximir de responsabilidad penal a la Administración española. Y anuncia que pedirá que se anule la imputación del único cargo público del Gobierno procesado hasta ahora, el ex director de Marina Mercante, José Luis López Sors.

El peritaje estima que el barco perdió 23.500 toneladas antes de ser remolcado

La instrucción judicial abierta en Corcubión "ya condujo de forma clara a la conclusión de que no hubo nada ilícito en la actuación de la Administración ni en su gestión del siniestro", asegura el director de los servicios jurídicos del Estado, Joaquín de Fuentes. Considera suficientemente probado que el Gobierno, entonces presidido por José María Aznar, no incurrió en un delito medioambiental al decidir alejar mar adentro, en pleno temporal, al viejo petrolero fracturado y perdiendo fuel. Y defenderá que cuando se abra el juicio, según los cálculos más optimistas, en el segundo semestre de 2009, no se siente en el banquillo López Sors.

La decisión de alejar o no el petrolero es el debate clave para determinar la responsabilidad del Gobierno. El barco fue mantenido, navegando de norte a sur frente a Galicia, durante seis días, hasta que se partió y se hundió a unos 250 kilómetros de las Cíes. Los últimos informes periciales que llegaron a Corcubión aportaron datos cruciales para apuntalar la tesis del Estado. Aun discrepando sobre la conveniencia de alejar el petrolero o llevarlo a un puerto de refugio, los expertos, varios informes e imágenes corroboran el enorme deterioro de un monocasco de 26 años que navegaba frente a Fisterra con 77.000 toneladas de fuel. Reveladoras son las fotografías de gran resolución que realizó la fragata Baleares durante la deriva del Prestige, que muestran la corrosión de sus estructuras.

El peritaje realizado, a petición de la juez de Corcubión, por un ingeniero naval calcula que el Prestige, entre el momento de su accidente, sobre las 15 horas del 13 de noviembre de 2002, hasta que el remolcador Ria de Vigo logró, a la mañana siguiente, engancharlo, habría perdido 23.500 toneladas de fuel, una cantidad superior a la marea negra provocada por el Erika frente a la Bretaña francesa en 1999. "El Prestige fue un drama desde el primer momento, daba igual que se alejara o no el barco, el mal estaba hecho", apuntan fuentes judiciales. Durante sus seis días de peregrinaje frente a Galicia, el petrolero habría perdido otros 18.800 toneladas.

Todavía faltan meses para que todas las partes personadas, incluido el Estado francés y los afectados de ese país, presenten sus escritos, con los que se determinará quiénes se sentarán en el banquillo. Cuatro son ahora los imputados: además de López Sors, el capitán, Apostolos Mangouras, el primer oficial y el jefe de máquinas. Y aunque el capitán, el único encarcelado durante tres meses, sea acusado, el abogado del Estado opina que no se le puede exigir "responsabilidad penal por edad", ya que cumplirá 74 años en enero.

La juez dictó un auto para, a través del capitán, declarar la responsabilidad civil a la armadora griega del Prestige, Universe Maritime. Pero todas las partes dudan que haya realmente "asiento económico real" detrás de estos imputados para resarcir los daños de esta catástrofe. Quien se librará, almenos en España y pese a todos los testimonios que apuntan a su negligencia, es la sociedad ABS que certificó la navegabilidad del buque.