Más suelo público para la Católica

El pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó ayer, con los únicos votos del PP, el cambio de uso de una parcela pública escolar para que la Universidad Católica San Vicente Mártir levante una clínica y una facultad de medicina privadas. La parcela, de 13.000 metros cuadrados, está en Campanar, uno de los distritos de Valencia con mayor crecimiento demográfico.

Jorge Bellver, concejal delegado de Urbanismo de Valencia, apeló a un reciente informe de la Consejería de Educación que asegura que en ese distrito existen suficientes plazas escolares y por ello se acepta este cambio. Ayer arrancó el trámite administrativo, que acabará con una concesión demanial sobre este suelo del Ayuntamiento de Valencia a la Universidad Católica por espacio de 75 años. La consejería admite una demanda potencial de más de 7.000 plazas escolares en la zona, pero insiste en que hay suelo suficiente para atender estas necesidades.

Los barracones en este colegio público de Campanar se multiplican por tres

Los socialistas, único partido en la oposición, votaron contra este cambio de uso pedido por la Católica. El edil Juan Soto dijo que el informe de la consejería que avala el cambio de uso es "temerario y forcejea la legalidad porque desautoriza todos los informes anteriores de esa misma consejería". Según Soto, Educación ya reconoció en 2001 que no había suelo suficiente en Valencia para acometer los colegios previstos en el mapa escolar de la Generalitat. Un informe posterior, de 2009, también de Educación, consideraba imprescindible para uso escolar este solar donde ahora la Católica proyecta el hospital y la facultad. "Sacrifican suelo público escolar en favor de una actividad privada, de un negocio", subrayó el concejal socialista.

Bellver citó a políticos históricos del socialismo como Pablo Iglesias o Francisco Largo Caballero para acabar asegurando que la oposición lo que no acepta es que el promotor sea un centro católico.

Y si alguien puso voz y rostro a las carencias de plazas escolares en el distrito de Campanar fueron los representantes de la AMPA del Colegio Público Giner de los Ríos. Este centro, con más de 400 alumnos y un comedor saturado, lleva años a la espera de una ampliación por parte de la Generalitat. "Hemos venido a pedir un colegio digno para nuestros hijos", dijo la presidenta de la AMPA, Virginia Daroca, que recordó cómo los barracones en este centro escolar han pasado de uno a tres en solo un año. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ausentó del pleno municipal durante el debate de la moción de apoyo a la AMPA defendida por los socialistas. Tampoco escuchó la intervención de Daroca.

El concejal delegado de Educación, Emilio del Toro, ofreció al final del debate de la moción un texto alternativo donde el PP acepta, de la mano de los socialistas, urgir al Consell a solucionar la saturación de este centro. A cambio, el plenario al completo solicita a la empresa estatal Sepes que informe de la urbanización de otro colegio público, el Santo Ángel de la Guarda, ubicado en el antiguo parque de Ingenieros de la calle de San Vicente.

La ciudad, subrayó Soto, ha crecido con el desarrollo de los nuevos sectores urbanizables previstos en el PGOU de 1988. Y la realidad son 15 nuevos barrios, 40.000 vecinos y una población escolar de entre 3 y 18 años que se calcula en 6.000 alumnos. Los barrios afectados se extienden desde la avenida de Francia hasta Campanar, pasando por Ademuz, Sant Pau, Orriols o Benicalap.

Los socialistas documentan hasta cuatro recalificaciones de suelo escolar en el distrito de Campanar. Estas recalificaciones se han destinado a más viviendas, espacios verdes u otros fines. Tres de estas parcelas se entregaron a la sociedad Dune en compensación por la permuta de los metros edificables a que tenían derecho en el solar de Jesuitas, donde estaba prevista la construcción de un complejo hotelero. Además se ha recalificado un cuarto solar. "Y no solo eso", añade Soto. "La parcela de uso deportivo que debía reconvertirse en suelo escolar, tampoco se ha sumado", repasa el concejal.

A estas cuatro parcelas se une ahora el cambio de uso aprobado ayer por el Gobierno local de Barberá para la Universidad Católica. Ahora se abre el periodo de exposición pública, donde se podrán presentar alegaciones. El Consistorio deberá responderlas y luego aprobar de forma definitiva la recalificación. El Ayuntamiento de la ciudad debe luego iniciar un concurso público para licitar la concesión demanial de la parcela.

"No está justificado en absoluito", insiste Soto. La Consejería reconoce en su informe necesidades escolares para 4.300 alumnos de infantil y primaria y 1.900 alumnos de secundaria. También reconoce que faltan por construir dos colegios de infantil y primaria de dos líneas y un nuevo centro de secundaria. Sin embargo, los solares disponibles en el distrito son más pequeños de lo previsto y están además lejos de los nuevos sectores residenciales.